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LAVADO III: MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDAS, 2000 MILLONES DESAPARECIDOS

El fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA), Dr. Dugaldo Ferreyra y la exdiputada provincial Ana María Canata, el 3 de abril pasado denunciaron a funcionarios públicos ante la Juez Federal, Dra. Zunilda Niremperger, por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, desvíos de fondos, violación de los deberes del funcionario público, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita por los hechos que se produjeron durante la implementación del Programa de Ejecución de Viviendas y Obras de Infraestructura en Chaco, que fuera ejecutado a través de Cooperativas. En la FIA se comprobó que los fondos utilizados fueron de origen nacional con el fin específico de financiar la ejecución de dicho Programa. Los denunciantes afirmaron que se transgredieron todas las cláusulas y condiciones establecidas en los convenios firmados con Nación.

Atribuyen responsabilidades a funcionarios provinciales y nacionales como presuntos responsables de las irregularidades que se produjeron en el Instituto de Desarrollo Urbano y Viviendas del Chaco (IPDUV) y del Ministerio de Infraestructuras, dependientes del poder ejecutivo chaqueño, y a funcionarios nacionales de la Subsecretaria Desarrollo Urbano y Viviendas, de la Secretaria de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.

La investigación fue realizada por la FIA en el Expte. 3123/16. Detectaron “numerosas y groseras irregularidades” teniendo como base la información suministrada por el propio IPDUV. Comprobaron que transfirieron fondos nacionales a 301 cooperativas por un total que osciló de 932.074.899,82 y 1.023.908,84 de pesos entre los meses de enero del 2011 y mayo del 2016 para ejecutar el Programa de Construcción de Viviendas y Obras en Chaco. Fueron contundentes las pruebas que corroboraron las irregularidades, como también los testimonios recibidos, muy elocuentes y determinantes en el resultado de la investigación.

La FÍA mencionó, a título ilustrativo, “que el proceso de investigación realizado (…) comprende desde 01.01.2011 al 30.05.2016, y que en dicho lapso el IPDUV de Chaco estuvo bajo las presidencias sucesivas de José Valentín Benítez, Oscar Domingo Peppo, Juán Sebastián Agostini, y a nivel nacional la Subsecretaria de Desarrollo Urbano a cargo del German Nivello, dependiente de la Secretaria do Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo Julio De Vido”. Durante la gestión del ingeniero Peppo en el IPDUV fue determinante y rutilante la función y la participación de Horacio Rey, que ya como Secretario General y Coordinador de Gestión del Gobierno actual está investigado y preso en la causa conocida como Lavado I. También fue y continúa siendo importante la participación del vocal Mirko Nicolich, villangelense de confianza del actual Gobernador, quién actúa como único vocero del Instituto de Viviendas durante las últimas semanas.

Cobraron y no construyeron 1909 viviendas para los sectores populares

De las 2448 viviendas adjudicadas se habrían construido solamente 539, lo que representa el 22% de las viviendas adjudicadas. Estarían inconclusas 1909 viviendas, o sea el el 77,98% de las que fueran adjudicadas, según un informe técnico que se agregó a la causa que tramitó la FIA, que concluyó su investigación señalando “que se desprende que sumas millonarias han sido transferidas para la construcción de viviendas de manera arbitraria, discrecional, con auditorias deficientes y hasta ausentes, sin órganos de contralor nacional y provincial adecuados. Todo ello facilitado por el funcionamiento de un sistema corrupto, con el consabido despilfarro y desmanejo de obras y de los dineros públicos, en estos casos fondos nacionales”.

Los investigadores llegaron a la firme conclusión de que se “cometieron cuantiosas irregularidades e ilicitudes, reprochables tanto administrativa como penalmente (…) viviendas sin terminar o inconclusas y otras sin iniciar pero percibido el dinero por integrantes de cooperativas que declararon que no recibieron nunca el dinero, ni construían viviendas. Cooperativas en las que se repiten los mismos nombres. Cooperativas que fijan sus domicilios en la sede de Desarrollo Social de la Provincia o en edificios municipales. Fondos transferidos a cooperativas que no alcanzaron a constituirse, rendiciones de cuentas con documentación apócrifas. Obras cuyas coordenadas en Resistencia son inexactas. Los controles deficientes de aspectos contables, ausencias de organismos de contralor nacional o provincial durante la implementación de este Programa”. Esta fue las descripción que realizó la FÍA sobre las posibles irregularidades.

Réplicas en el Ministerio de Infraestructura de Chaco

Se ha publicado que funcionarios, especialmente el Gobernador, acompañado por sus Ministros y en otros casos por el Intendente de Resistencia, asistieron a varias inauguraciones de edificios de Propiedad Horizontal (PH). Así lo reflejaron los medios masivos. Muchos PH fueron construidos con fondos privados. Pero, en algunos casos, el financiamiento se habría logrado con fondos públicos. Estarían involucradas algunas empresas constructoras beneficiadas con adjudicación de obras públicas (asfalto, centros de salud, escuelas, viviendas y colocación de ripio) que incumplieron con el inicio o avance de obra. Son morosas.

Habrían destinado los fondos obtenidos en concepto de anticipos (30% o 40% del total de obra) y certificaciones a la construcción de edificios de propiedad horizontal. Nada de lo ocurrido se habría logrado si no existiera connivencia entre quienes debieron controlar la ejecución de las obras adjudicadas. Los posibles acuerdos se focalizarían en la Dirección de Licitaciones y Certificaciones y en la Dirección de Inspecciones del Ministerio de Infraestructura.

La morosidad empresaria en el inicio o avance de la ejecución de las obras adjudicadas debieron haber sido constatadas por la Contaduría General de la Provincia, que es el órgano de control interno y el Tribunal de Cuentas, órgano de control externo del Sector Público, según la Ley 4787 y las normas de contratación de obras públicas. Se menciona que el último organismo intimó a las empresas a los fines de que comiencen las obras y que los empresarios propusieron la devolución de los montos históricos que cobraron, más un interés insignificante a tasa pasiva, que de aceptarse generaría un notable enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública

Varios son los edificios de Propiedad Horizontal que son posibles ejemplos de desvíos de fondos públicos. Uno de ellos, comprende 60 departamentos. Sus titulares son tres empresas asociadas. Invirtieron 22 millones de pesos en este emprendimiento privado. Otro edificio implicó una inversión de 60 millones de pesos. Habría participado también una empresa constructora, una de cuyos titulares está estrechamente vinculados con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Territorial.

El modus operandi no es nuevo en lo que hace a los fondos destinados a la construcción de obras públicas. Tampoco es exclusivo de esta Provincia. Para comprobar la operatoria fácilmente se puede cruzar la información y la documentación archivadas en las Direcciones de Administración, Inspecciones, Certificaciones y Licitaciones del Ministerio de Infraestructura y lo actuado por la Contaduría General del Chaco y el Tribunal de Cuentas, más el flujo de fondos percibidos por los empresarios a través del Nuevo Banco del Chaco S.A., previa intervención de la Fiduciaria del Norte, administradora del fondo fiduciario de Infraestructura dado que este Ministerio efectúa pagos directos a las empresas solamente cuando administra recursos del Fondo Sojero.

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