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EL COLMO: Corrupción en la oficina Anticorrupción

Laura Alonso contrató de manera irregular a una consultora del PRO por un millón de pesos al año y trato de ocultarlo.

Una Investigacion periodistca deja al desnudo un entramado de corrupcion que incluye a Laura Alonso, Federico Pinedo y Jorge Triaca entre otros.

Alonso contrató para la Oficina Anticorrupción (OA) a la consultora Consuasorpor $82.500 mensuales para realizar tareas de comunicación estratégica, que incluyen prensa y manejo de redes.
Esa tarea fue llevada a cabo al menos durante todo 2017 y avanzado 2018 por personal de la consultora prohijada por el Pro que no figuraba en los registros de la OA.

Para disimular el vínculo comercial, Alonso extendió un contrato a los dos únicos dueños de esa consultora, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice, por un monto mensual de $44.000 y $38.500, respectivamente, lo que anualizado suma $990.000.
Sin embargo, quienes llevaban a cabo las tareas excedían a la dupla contratada. Por ejemplo, la coordinadora de Comunicaciones de Consuasor, Belén Alcacer, no figuró entre los abonados por la OA pese a que ejercía funciones como responsable de prensa de Alonso.

Ante un anticipo de esta información publicada en enero en Página 12,  Alonso decidió dar de baja a los contratos de los dueños de Consuasor. En simultáneo, la consultora dio de baja la página web y se evaporó de la vida pública.

Los nombres de Sosa Liprandi y Giúdice son viejos conocidos del oficialismo, al punto de que recibieron contratos similares a los extendidos por Alonso en media docena de organismos públicos. Como mínimo, los ubicuos Sosa Liprandi y Giuidice acumularon remuneraciones en los ministerios de Justicia, de Trabajo, de Medio Ambiente, de Defensa, del Gobierno de Salta y de la oficina del senador Federico Pinedo, el principal vínculo de ambos.
Los consultores  conformaron la SRL Consuasor el 28 de diciembre de 2015, 18 días después de la asunción de Mauricio Macri en la Presidencia, según el registro del boletín oficial. En ese mismo mes, comenzaron a llover los contratos con oficinas estatales.

Antes de la llegada de Cambiemos al Gobierno, Consuasor había trabajado para el bloque del PRO en Diputados (de la mano de Pinedo) y, más tarde, para el partido.

La responsable de Transparencia, Alonso, intentó esconder el vínculo con Consuasor mediante un artilugio al que no se animó ninguno de sus colegas en el equipo de Macri.
En una nota fechada el 11 de abril pasado y firmada por la Dirección de Gestión Documental del Ministerio Justicia, procuró negar la información sobre el pago a Sosa Liprandi y Giúdice porque podría afectar “la protección de datos persona”, es decir, Alonso apeló a un recurso absurdo, a contramano de más elementales prácticas de transparencia, para tratar de bloquear la información.

Alonso supo tempranamente -en diciembre de 2017- que se le estaba requiriendo información sobre los motivos del pago a una consultora para relacionarse con los medios, cuando los organismos públicos cuentan con personal y contratos específicos para realizar tareas de prensa. La información recabada daba cuenta que el personal fijo y contratado por la OA había sido desplazado por Sosa Liprandi y su gente.
El caso era más grave de lo que parecía, porque Consuasor ofrecía servicios de lobby para empresas, según su propio sitio publicaba:
(“gestionamos los intereses de nuestros clientes ante gobiernos”, “ayudamos a generar consenso para sus proyectos”,
“brindamos información sensible sobre decisiones relevantes de gobiernos”). El artículo 13 de la ley de Ética Pública -que debería guiar el trabajo de Alonso- prohíbe el ejercicio de la función pública a quien patrocine, asesore o preste servicios a un proveedor del Estado.

Como Alonso no responde consultas periodísticas que la incomodan, aunque sean elementales como en este caso, hubo que apelar a solicitudes formales de acceso a la información.

A enero pasado, Sosa Liprandi gozaba del contrato con Anticorrupción; era asesor personal del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, vía la Universidad de La Matanza ($40.000); cobraba de la oficina de Pinedo en la categoría A-2 (entre $50.000 y $70.000); y del gobierno de Salta ($30.000). Hasta febrero de 2017, también había cosechado regalías del Ministerio de Medio Ambiente.

En cuanto a Giúdice, cobraba de Anticorrupción y hasta pocos meses antes había recibido, a través de un convenio con la Universidad de Buenos Aires, $45.000 como asesor técnico para el Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete Asesores del Ministerio de Defensa.
Lo detallado es el piso de contrataciones que se pudo dilucidar en medio de la maraña estatal.

Al quedar expuestos por la publicación en Página 12, Alonso y Triaca dieron de baja a los contratos de Sosa Liprandi y Giúdice.
Quien les tendió una mano fue Pinedo,
 histórico vínculo de los integrantes de Consuasor (en su caso, los contratados no se limitaron a sus dueños sino también a otros “de Consuasor”, como sabe todo el mundo en su despacho) con el PRO. El contrado de Sosa Liprandi con el Senado fue dado de baja y transformado en dos servicios de locación por $35.000, uno para él y otro para Giúdice, que no figuran en el listado de personal informado por la web de la Cámara alta, confirmó la oficina de Pinedo tras varios días de no responder consultas.

Fuente:La LetraP/ Sebastian Lacunza

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