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Amenazan a la jueza Macarena Marra para que no permita la Ley de Emergencia Tarifaria

La aplicación de la ley significaría que las empresas deban reintegrar a los hogares, los comercios y las PyMES lo sobrefacturado y fugado del país retrotrayéndose las tarifas hasta el mes de noviembre de 2017, pesificarlas y actualizarlas desde ese momento según el índice de Actualización Salarial para los hogares y al Índice de Precios Mayoristas para comercios y PyMES.

La amenaza del gobierno hacia la jueza Macarena Marra para que no permita la entrada en vigencia de la Ley Sercovich de Emergencia Tarifaria, intenta impedir un reintegro de 1.200 millones de dólares sobrefacturados sólo en el gas residencial según cálculos del Observatorio de Tarifas y el Instituto de Energía Scalabrini Ortíz, a lo que hay que sumar lo propio con el gas facturado a comercios y PyMES, la sobrefacturación de la energía eléctrica y el agua potable, cifra que asciende casi 6.000 millones de dólares según los cálculos más pesimistas entre noviembre de 2017 y septiembre de 2018. Número que se queda seguramente corto si se tiene en cuenta que sólo Pampa Energía arrojó 4.900 millones de dólares de ganancia en el balance de su último trimestre.

Ruidazos, Audiencias públicas, recogida de firmas, cautelares y mucha organización ciudadana fueron necesarias desde la asunción de Cambiemos para la aprobación de esta Ley vetada por Macri con un decreto viciado en su procedimiento. Firmado por el presidente y el gabinete de ministros antes de haber finalizado el debate y obtener media sanción en la cámara de senadores según consta en el Boletin Oficial. En clara muestra de desesperación frente a una Ley parida desde abajo y sancionada por el Congreso Nacional que frena este saqueo que favorece tanto al propio presidente como a varios de los ministros accionistas de estas mismas empresas, obligando a devolver en forma directa a los usuarios estos recursos fundamentales para su supervivencia.

De tal envergadura es el bochorno institucional, que el juicio político al juez Luis Arias por haber dado lugar a las cautelares contra los tarifazos en la provincia de Buenos Aires, retumba en el juzgado Nº 12 Contencioso Administrativo Federal a cargo de la Jueza Macarena Marra cuando debe resolver sobre la Cautelar de Inconstitucionalidad del Veto de Mauricio Macri a la Ley Sercovich de Emergencia Tarifaria. Una resolución que permitiría su plena entrada en vigor contra los más oscuros intereses concentrados que gestionan las empresas de servicios públicos y que el Secretario Gral de Argentina en Red se puso al hombro desde el inicio impulsando también este amparo en defensa de los intereses de la ciudadanía toda.

Es “la madre de todas las batallas” asegura Pablo Sercovich “toda vez que ataca la corrupción estructural, defiende el reclamo de los propios afectados y la autoridad del poder legislativo al poner un claro límite al abuso de estas multinacionales que gestionan nuestros ministerios. Una batalla que defiende el interés del conjunto del pueblo argentino frente al saqueo confiscatorio del que está siendo víctima porque los subsidios fueron ya eliminados con los aumentos realizados hasta noviembre de 2017, cuando alcanzaron los mismos precios a valores constantes en dólares que tenían en el 2001, siendo todo lo demás un verdadero abuso que estamos decididos a reparar librando esta batalla que es la verdadera defensa de los derechos conquistados por la lucha de generaciones de argentinos y para la que convocamos a todos a sumarse”.

Con cálculo preciso y sin intermediarios, el gobierno de María Eugenia Vidal, en absoluta sintonía con los intereses del Poder Ejecutivo Nacional cuyos funcionarios son accionistas y parte interesada en el mantenimiento de estas exorbitantes ganancias, advierte de facto sobre las represalias que adoptará contra quienes se atrevan a cuestionar el saqueo a que someten a la población con los actuales cuadros tarifarios en un especial mensaje mafioso dirigido en este caso al juzgado en el que fue sorteada la cautelar contra el decreto 499/18, interpuesta por Pablo Sercovich y otros, con el patrocinio de los Dres. Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat con Nº de Expte 47.973/18.

En efecto, la aplicación de esta ley significaría que las empresas deben reintegrar a los hogares, los comercios y las PyMES lo sobrefacturado y fugado del país retrotrayéndose las tarifas hasta el mes de noviembre de 2017, pesificarlas y actualizarlas desde ese momento según el índice de Actualización Salarial para los hogares y al Índice de Precios Mayoristas para comercios y PyMES y prohíbiéndoles la fuga de capitales en concepto de utilidades hasta no realizar las inversiones comprometidas.

De este modo, las prevendas obtenidas por los empresarios corruptos e inescrupulosos se verían, en el caso de nuestros servicios públicos, directamente afectadas ya que además las tarifas se reducirían al 50% de los montos que actualmente representan devolviendo una tregua a las familias que deben distraer de sus alimentos el dinero que destinan al pago de servicios.

Resta por ver durante estos próximos días si el Juzgado Nº 12 en lo Contencioso Administrtativo Federal permitirá este nuevo apriete contra el interés del conjunto de los argentinos o se alineará con el interés de los poderosos en línea con la precatuelar que la Jueza Macarena Marra decidió no conceder prohibiendo el corte de suministro de los servicios públicos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Permitiendo que decenas de miles de hogares sean privados de estos servicios básicos en pleno invierno mientras a otros tantos les continúan retirando los medidores expulsándolos al abismo de la precarización.

Fuente: SUMARIO Noticias

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