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LA INVASION HUMANITARIA A VENEZUELA Argentina en el centro del operativo

Por Carlos A Villalba (*)

 

La decisión se tomó hace años y llegó la hora. La cuenta regresiva está a punto de llegar
a su final. Tropas, aeronaves y flotas, con todos sus pertrechos bélicos ya cerraron el
cerco alrededor de Venezuela; sin embargo, la invasión no arrancará con el desembarco
de los marines y los mercenarios que desde hace dos semanas mascan chicle en sus ya
16 acantonamientos de Aruba, Curazao, Colombia, Brasil, Guadalupe, Guayana Francesa,
Honduras, Martinica, Panamá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, además de las
concentraciones alistadas en distintos fuertes de los propios Estados Unidos, bajo la
comandancia de “Halcón 1”, nombre de fantasía que asumió la jefatura del Comando
Sur para el presente despliegue, instalada en Key West, Florida.
Desde el momento mismo en que los comicios del 20 de mayo del año pasado
proclamaron a Nicolás Maduro como presidente reelecto de la República Bolivariana de
Venezuela, gracias al concurso del 67,8% del 46% de los empadronados que participaron
del acto, el gobierno de Estados Unidos lanzó una campaña destinada a evitar el
reconocimiento internacional de ese resultado. En ocho meses logró convencer a una
cuarta parte de los países ‎miembros de Naciones Unidas, entre los que se cuentan 19
naciones americanas, incluidos el Brasil de Jair Bolsonaro y la Argentina de Mauricio
Macri, mascarones de proa del proceso político social involutivo que padece la región.
El 23 de enero pasado se concretó el siguiente paso de una estrategia desestabilizadora
que se coloca por encima de las especulaciones acerca de si coronará con un golpe “a la

chilena” (1973) -esta vez con desembarco desembozado de soldados yanquis- o
transitará hacia esa “revolución ‎de colores”, conceptualizada y guionada por Gene
Sharp, quien apodó de esa manera a su plan de acción para la desestabilización y el
derrocamiento de cualquier gobierno que “moleste” o no acate los intereses de EEUU y
sus corporaciones, el vulgar golpe “blando”, que recorrió países de Asia, África y ya tiene
una historia abultada en la América del Siglo XXI.

Antes de ese mediodía sonó el teléfono en las oficinas del titular de la Asamblea
Nacional (AN) venezolana. La voz neutra pidió que se ponga al habla Juan Guaidó, para
escuchar al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. El diálogo fue breve, y
único; con dos frases Washington le ordenó el siguiente paso, con la implícita garantía
de que el anuncio guionado que realizaría al jurar ante su “Dios todo poderoso”,
“asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente
encargado de Venezuela", recibiría el apoyo público e inmediato de la máxima potencia
regional.
En cuestión de minutos, a las 15.08 de Washington, Donald Trump hizo saber que
bendecía la acción que él mismo acababa de ordenar y respaldaba a la figura de alguien
que hasta ese momento era conocido por menos del 20% de los venezolanos. Ni siquiera
uno de cada cinco habitantes de su país habían escuchado hasta entonces hablar de
Juan Guaidó, a pesar de la participación -personal y de su partido, Voluntad Popular- en
los hechos de violencia antigubernamental de 2014 y 2017, registrados tras sendas
derrotas electorales de la oposición, popularizados como “guarimbas”, con un saldo
superior a los 200 muertos entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad y con
miles de heridos.
El siguiente paso del libreto -que desde 2016 comenzó el trabajo de instalación de una
“crisis humanitaria” en el país- se cumplió el 12 de febrero, con la notificación pública de
la entrada de la “ayuda humanitaria” a territorio venezolano once días después. El
ingeniero industrial de 35 años es miembro de una fuerza minoritaria aún en el espacio
opositor, instalado en la presidencia de la desautorizada Asamblea Nacional por el azar
del mecanismo rotatorio de los contrarios al gobierno bolivariano. Su anuncio, en
realidad, dio la localización geográfica y temporal de la cabeza de puente de la “invasión

humanitaria” diseñada por el Departamento de Estado de EE.UU., con la logística de
guerra del Comando Sur, la cobertura de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) -que opera en consonancia con los objetivos de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA)-, y el concurso de los gobiernos que baten palmas
detrás de las directrices de Donald Trump, como los ya citados Brasil y Argentina.

Con la frase “¡Venezuela, tenemos fecha para la ayuda humanitaria!” y el 23F como día
señalado, Guaidó lanzó el santo y seña de la operación que forma parte del desarrollo
del golpe de Estado en marcha y clavó la punta del compás en la variable más sensible
del proceso: las Fueras Armadas Bolivarianas. La bravata remarcó que “En 11 días la
#FANB tendrá que decidir si va a estar del lado de los venezolanos, de la constitución o
del #Usurpador”, calificativo con el que denomina a quien ocupa el cargo que él intenta
usurpar.

Dislates de una etapa

La llegada de Trump a la Casa Blanca y su decisión de traer la mirada de sus políticas -y
las bocas de sus cañones- hacia la región que vuelve a concebir como “patio trasero”,
implicó la redefinición de los integrantes del “eje del mal”, para deslizarla desde
Irak, Irán, Corea del Norte, Libia, Siria y Cuba hacia la “troika tiránica” de Venezuela,
Cuba y Nicaragua.
El viraje se da en simultáneo con el reflujo de los gobiernos soberanos,
redistribucionistas y latinoamericanistas que campearon por la Sudamérica de los tres
primeros lustros del nuevo siglo. Ambas situaciones definen el escenario en que se
instala la desestabilización bolivariana.
Los cambios producidos en la Argentina con la derrota electoral del peronismo-kirchnerismo en
2015 y en Brasil con la destitución ilegal de la presidenta Dilma Rousseff y la proscripción judicial
de Lula da Silva, que terminó entronizando a Jair Bolsonaro, debilitaron de modo extremo el

andamiaje institucional de la región construido a lo largo de más de una década, con el concurso
de mandatarios como el boliviano Evo Morales, el venezolano Hugo Chávez, el ecuatoriano Rafael
Correa, el brasileño Lula da Silva y los argentinos Néstor y Cristina Kirchner.
El retroceso de administraciones consustanciadas con los intereses de sus pueblos y sus países,
dinamitó los esfuerzos de integración regional soberana desarrollados desde comienzos de siglo,
con la consecuente destrucción de los avances logrados en el proceso de integración económica,
las propuestas de colaboración financiera sin sujeción a los mandatos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el desendeudamiento externo, además de acabar con las posturas
compartidas ante negociaciones multilaterales de diferente índole que incluyen hasta temas de
coordinación para la defensa y, ahora, la redefinición de los principios de la “ayuda humanitaria”.
A juicio de Jorge Taiana, canciller de Néstor y Cristina Kirchner y coordinador del Grupo de Trabajo
Internacional Mundo Sur, el presidente Mauricio Macri “boicoteó todas las instancias políticas y
económicas de integración regional como Mercosur, Unasur (Unión de Naciones Suramericanas),
Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) o Parlasur (Parlamento del
Mercosur) 1 .

Resultado de imagen para macri y trump

El panorama de los últimos años muestra a las autoridades de Argentina, Brasil y de otras naciones
del continente, desmarcándose de los acuerdos regionales para aceptar de manera acrítica las
imposiciones, políticas y estrategias de Washington, el Banco Mundial, el FMI y del Comando Sur
de los Estados Unidos. Ese realineamiento implicó el abandono de posturas autónomas,
nacionales, solidarias, productivistas y distribucionistas, que mejoraron la calidad de vida de las
mayorías en cada uno de esas naciones.
La República Bolivariana de Venezuela constituye un bocado más que apetecible para
los grupos económicos para los que opera el mandatario estadounidense, a partir de
reservas probadas de petróleo crudo medidas en barriles (bbl), las mayores del mundo
de acuerdo a los informes públicos de la CIA -y no de las autoridades nacionales-, con un
estimado de 302.300 millones de barriles calculados el 1° de enero de 2018, lo que le
permitiría abastecer, por sí sola, el total del consumo mundial durante nueve años y dos
meses.

A semejante tesoro deben sumarse las reservas de oro (segundas en el mundo) y, muy
especialmente, de coltán, mineral combinado a partir del cual se produce el tantalio,
usado en la elaboración de condensadores electrolíticos, presentes hoy en la mayoría de
los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras, pantallas de
plasma o cámaras digitales y en proyectos de alta tecnología como los satélites
artificiales y reactores nucleares.
A semejante atractivo material hay que sumar el peso que tiene del país tanto por su
localización como por sus definiciones políticas, en el enfrentamiento geoestratégico de
Washington con Rusia y China, para muchos considerado como una “tercera Guerra
Mundial”, para otros la “nueva Guerra Fría”, que incluye armas arancelarias, financieras,
propagandísticas y… militares, para la ocasión camufladas como “fuerzas de paz”.
Las constantes victorias electorales del chavismo -certificadas por distintas
organizaciones internacionales-, mechadas con algunas derrotas inmediatamente
reconocidas, junto al apoyo de un sector muy amplio del pueblo venezolano y a la
sujeción constitucional de las fuerzas armadas a su Presidente, hicieron y hacen muy
difícil el inicio de una invasión militar descarnada, explícita, que le ponga la banda de
mando a una figura maqueteada en Washington.
El dislate de una invasión a la vieja usanza y sobre un país americano, además de la reacción
adversa de los principales países del mundo –incluso de los europeos que presionan contra
Maduro- significaría un riesgo altísimo para un gobierno que, como el de Trump, camina al borde
del desfiladero interno, tendría también un costo militar de envergadura. Los analistas castrenses
consideran que el desembarco sería “dificilísimo, pero la salida, prácticamente imposible”, por las
características de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El panorama que pintan es el de un
“Vietnam del Siglo XXI”, pegado a Colombia y a las puertas de Estados Unidos.
En una fuerza que cuenta con más de 2.000 generales y almirantes, la campaña de desprestigio y
dólares lograron hasta el momento que sólo un alto oficial sin tropas a cargo, el ya capturado
Oswaldo García Palomo, prometiese lealtad a Guaidó, junto a dos coroneles, uno médico y otro
agregado militar en Washington. Incluso desde el exilio, el coronel retirado Antonio Guevara,
reconoció que "El alto mando militar permanece unido y las grietas aún no se han convertido en
fracturas que puedan generar desestabilización". Su visión coincide con la propia experiencia de la
inteligencia estadounidense, que en 2018 trató de reclutar militares para instalar una junta militar,
a la usanza de la centuria pasada, y solo recogió los rechazos de un fracaso estrepitoso.

La República Bolivariana tiene la fuerza aérea más poderosa de la región, gracias a sus caza
bombarderos Sukhoi 30 MK2l, de fabricación rusa, y al más aceitado sistema de defensa aérea,
desarrollado con la asistencia de Rusia y soportado por brigadas de misiles S-300 y de misiles
antiaéreos Igla-S y Super Igla. Además, su ejército supera largamente los 100.000 combatientes
activos, equipados con el rifle de asalto AK 103, con una artillería equipada con más de 200
tanques rusos T-72BM1, efectivos en la protección y defensa de áreas urbanas. Junto a sus propios
músculos, la nación fortaleció sus recursos gracias a acuerdos y ejercicios realizados junto a
contingentes de Rusia y, en especial, a las maniobras desarrolladas entre el 22 y el 29 de
septiembre de 2018 en cercanías de la frontera con Colombia, en conjunto con efectivos de China,
Cuba y Rusia, un zafarrancho que, para algunos analistas, condujo a la reconsideración del posible
desembarco extranjero.

Falsa crisis y muñeco de Playmobil

Desde hace más de 15 años, sucesivos ocupantes de la Casa Blanca intentaron construir
el personaje “nacional” sobre el que apoyar la maquinaria invasora. No tuvieron suerte,
ni en despertar simpatías como en restarle acompañamiento electoral al chavismo.
Hasta que llegó la hora, en medio de una situación económica sumamente compleja, en
la que confluyen, por un lado el bloqueo y la desestabilización externa -en especial a
través de sanciones financieras contra el Banco Central y la estatal PDVSA-, el boicot de
la industria privada, los ataques a la moneda nacional y precios de petróleo a la baja y
por otro la falta de una política socioeconómica integral, que permitiese enfrentar con
éxito a esos enemigos y sumar a sus esfuerzos redistributivos –confirmados por sus
planes de vivienda, transporte, salud y educación-, la construcción de un modelo
productivo complementario al exclusivamente subsidiario de la renta petrolera.

Frente al conjunto de variables económicas negativas, que hacen sentir sus garras sobre
la vida cotidiana de los sectores más vulnerables, e incluso sobre las clases medias, la
política gubernamental de distribución de alimentos a precios subsidiados a través de
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) logró contener en parte los
efectos perniciosos de la situación y garantizar alimentación básica a más de 6 millones
de familias, pese a que el bloqueo incluye el impedimento y las trabas a la entrada o
compra de suministros para esos planes alimentarios complementarios. En una flagrante
violación al derecho humanitario, Colombia, por ejemplo, bajo supervisión del
Departamento de Estado impidió el tránsito de decenas de miles de cajas destinadas a
los CLAP, del mismo modo que la banca internacional trabó el pago de insumos y obligó
al país a invertir más recursos y tardar más tiempo en abastecer a la población, tras
verse obligado a triangular la operación.
Algo semejante sucede en el área sanitaria, que sufre acaparamiento de medicinas, con
los consecuentes sobreprecios, y la operación de mafias contrabandistas que desvían los
recursos a través de sus propias redes de distribución, además de los impedimentos que
significan las trabas dispuestas por las administraciones Obama-Trump, que incluyen,
otra vez, negativas a la recepción de pagos por parte de la banca internacional, bloqueo
de envíos aéreos o prohibiciones de paso por parte de Colombia.
En este caso, el gobierno avanzó en acuerdos técnicos con Cuba y China, además de
suscribir convenios con organismos de Naciones Unidas, como FAO y Unicef, que le
permitieron gestionar soluciones a las crisis sanitarias que resultan del ataque global a
sus estructuras nacionales. Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
participa junto a la Vicepresidencia y el Ministerio de Salud en la evaluación de los
mecanismos de cooperación para fortalecer el área sanitaria del país.
En síntesis, a pesar de las dificultades, Venezuela no vive una crisis humanitaria tal como
lo conciben los organismos y las organizaciones internacionales relacionadas con esta
problemática.

Sin embargo, ante la sobrevivencia del gobierno bolivariano, Estados Unidos y sus
seguidores, sobre todo sudamericanos y la propia OEA, decidieron violar todos los
postulados republicanos, democráticos y humanitarios…. Y se decidió la
“autoproclamación” – carente de validez legal para cualquier especialista en Derecho
Internacional que no esté a sueldo, o desesperado por el derrocamiento del gobierno
legítimo de Caracas- de alguien que sirva de puente para “la cosa”, como llaman a lo que
esperan sea una “avalancha humanitaria” el 23-F, que se desparrame por todo el país,
ponga a Maduro entre el dilema de dejarla avanzar o frenarla con la fuerza y, en ese
forcejeo, las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad se “quiebren”, abandonen su
lealtad constitucional, desobedezcan y , por último, se opongan activamente a sus
mandos primeros y a los gobernantes después, obligando al Presidente y sus
colaboradores más cercanos a abandonar el gobierno y el país.
Siempre, aunque más lejana, está la posibilidad de que las tropas ya alistadas usen el
portillo que abra la caravana “humanitaria” y penetren en territorio venezolano, bajo el
sobrevuelo de los aviones y helicópteros de los transatlánticos ya ubicados en las
adyacencias de las costas bolivarianas.

Argentina, a sus plantas rendida

Durante más de una década la región de Latinoamérica y el Caribe fue un ejemplo
mundial de articulación humanitaria, con respeto absoluto por los principios que deben
regirla y con participación decisiva de los estados en la toma de decisiones de los
organismos multilaterales, impidiendo que sus burocracias, tanto en la Organización de
Estados Americanos (OEA), como en las dependencias de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), actuaran sin atender los mandatos y orientaciones de los
gobiernos que los componen y a los que se deben.
La región desarrolló las prácticas más avanzadas en el rubro durante los primeros 15
años del siglo, con el liderazgo de Brasil y Argentina a través de sus organismos
específicos de asistencia humanitaria internacional (Coordinación General de Acciones
Internacionales de Combate contra el Hambre y Cascos Blancos, respectivamente). Los
retrocesos ya mencionados, afectaron también esas experiencias exitosas.
Los cuadros de la diplomacia argentina, por ejemplo, viven en un clima de malestar permanente,
entre otras cosas porque consideran a su canciller, Jorge Marcelo Faurie -reemplazó a Susana
Malcorra después del fracaso internacional al que arrastró al presidente Macri por seguirla en el
intento de convertirse en Secretaria General de la ONU-, “entreguista” de los intereses de sus
pares, egresados del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, actualmente a cargo del
resucitado diplomáticamente embajador Fernando Petrella. El ambiente se enrarece aún más a la
luz de que las decisiones importantes jamás se toman en el piso 13 del edificio de Esmeralda 1216.
Llegan por sistema teledirigido y con carácter de indiscutible, desde el despacho que ocupa en
Balcarce 50 el licenciado Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de Macri.
Por encima de cuáles sean los “lineamientos de política internacional” del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto (MRECIC), la desaprensión de la gestión del actual
Ejecutivo hacia un cuerpo de renombre internacional, en particular en las Américas y en

los organismos multilaterales, con diplomáticas y diplomáticos respetados por su
formación y manejo de las más variadas temáticas internacionales, está haciendo
estragos en la imagen de su “número uno”, al que ya todos, y todas, se refieren con un
despectivo relacionado con su altura.
Uno de los últimos capítulos de esa novela que ya se llevó puestos a dos vicecancilleres,
tiene que ver con la situación venezolana. La diplomacia, no solo la florentina de los
Medici o la elíptica vaticana, está cargada de formas que permiten, a veces, disimular lo
que es obvio. Una de ellas son los “non papers”, documentos que dicen lo que
realmente sostiene un funcionario, una dependencia, incluso un Estado, pero sin
carácter oficial, sin membrete ni firma, pero… ¿quién te quita lo opinado?
El sábado 19 de enero pasado, el jefe de la Consejería Legal, Embajador Mario Oyarzabal
entregó a su jefe directo, el canciller Faurie, uno de esos documentos “fantasma”; le
puso un título que casi disimula su orientación: “RECONOCIMIENTO DE JUAN GUAIDÓ
COMO PRESIDENTE DE VENEZUELA”, así, todo en mayúscula.
El autor de esta nota tuvo a la vista el documento oficioso, sin embargo desconoce si fue
redactado a pedido de “la superioridad” o fue traccionado desde “legales”, ante la
inminencia de la “intromisión en los asuntos internos de Venezuela” que estaba por
cometer el presidente Mauricio Macri, a instancias de lo dispuesto por Trump.
El 11 de enero, 24 horas después de la asunción de Nicolás Maduro para cumplir su
segundo mandato presidencial, Guaidó anunció frente a la sede de la ONU en Caracas
que adjudicaría "las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la
República". Una semana después y tres jornadas antes de la autoproclamación, el
canciller Faurie recibió la carilla y media que sentenciaba que “en el estado actual del
Derecho Internacional, el reconocimiento de un gobierno, cuando hay otro gobierno que
efectivamente detenta el control en un país, es considerado una intervención ilegal en
los asuntos internos de ese Estado”. Para que no quedasen dudas, el documento
abandona el lenguaje florentino y expresa con todas las letras que, “En este contexto,
para el Derecho Internacional el reconocimiento de Guaidó constituiría una intromisión
en los asuntos internos de Venezuela”.
El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario que lo redactó, Master en Leyes por la
Harvard Law School, asesor o jefe de delegaciones de la República Argentina ante
tribunales como el de “Derecho del Mar”, la Corte Internacional de Justicia en el "Caso
de las Plantas de Celulosa en el Río Uruguay", la Comisión Ballenera Internacional, el
Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur de las Naciones Unidas, o ante la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Operaciones de Mantenimiento de la
Paz, explicó a su superior que quien luego sería “reconocido” por el Presidente de la
Nación “no detenta el control efectivo sobre el territorio ni sobre una parte del territorio
de Venezuela”, ni “representa indiscutiblemente la voluntad de la mayoría del pueblo
venezolano, estando su representatividad condicionada, entre otras cosas, por el apoyo

con que cuenta el régimen de Maduro de un sector de la población, por la falta de
cohesión de la oposición, y por la debilidad de fundamentos constitucionales de su
eventual gobierno”, además de que “la facultad de la Asamblea Nacional de declarar la
vacancia del cargo de Presidente y designar un Jefe de Estado interino no surge
expresamente de la Constitución” .
Se desconoce si, también de manera oficiosa, Pompeo, verdadero responsable de la
política internacional argentina, leyó los argumentos diseñados en una institución que
no es precisamente “chavista”, pero sí experta en derecho internacional público y
respetuosa de sus normas. También de sus prácticas, dentro de las cuales “no existe
ningún caso en que se haya aprobado credenciales de delegados nombrados por un
gobierno que no haya poseído en algún momento control sobre el territorio de un
Estado”, ni “delegados nombrados por gobiernos que no han ejercido nunca poder
efectivo en un país”, como lo remarca con un subrayado Mario Oyarzabal. A su juicio,
Guaidó “no constituye una ´autoridad efectiva´, con lo que los actos que realiza –
incluyendo el nombramiento de representantes– no producen consecuencias para el
derecho internacional (no son oponibles a otros Estados u organismos internacionales)”.
Es decir que los autodenominados “embajadores” que se reúnen con presidentes como
Trump, Macri o el colombiano Iván Duque Márquez o con quien hoy es secretario
general de la OEA, Luis Almagro, como así también los “recaudadores” de la campaña
“humanitaria” y los organizadores del 23F, carecen de legalidad, a juicio de los expertos
argentinos.

Sin embargo, sobre ese tablado hueco se montará el “show de los puentes”, que unen
los municipios Simón Bolívar y Ureña, en el estado venezolano de Táchira, con la ciudad
colombiana de Cúcuta.
Los análisis críticos de la situación consideran que esa “ayuda” constituye el “caballo de
Troya” del proceso invasor; para otros es el punto de apoyo de la palanca destinada a
derribar el portón que custodia la soberanía venezolana, que hasta el momento parece
lejos de ceder.

Discusión en la frontera

El primer dato negativo para los intereses de su gobierno que recogió la inteligencia
estadounidense fue que los preparativos alrededor de su “encargado” no tenían el desarrollo
previsto. El segundo, ya con el dispositivo en marcha, fue que su plan de “humanitario”, está
“estancado”. Durante una reunión realizada la semana pasada en Bogotá, de la que participaron
cuadros políticos, militares y de inteligencia de Colombia y Estados Unidos para discutir el formato
de la “caravana” que intentará atravesar la frontera, salieron a la luz dificultades logísticas para
concretar la “misión”.
La parte estadounidense, con la billetera siempre al servicio de su diplomacia desestabilizadora,
asume el costo del traslado y exige que los camiones y sus conductores fuesen colombianos, para

mantener un mínimo de disimulo sobre su papel en la invasión humanitaria. Los delegados del
presidente Duque Márquez mostraron su impotencia al considerar que ninguno de sus
conciudadanos aceptaría una tarea de esas características, porque “el ejército venezolano los
arrestaría”.
Si bien Colombia impulsa el ataque y acompaña hasta la última letra de las decisiones del
Departamento de Estado y el Comando Sur, los funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres (UNGRD) -a cargo del acopio en Cúcuta y presionado para que también lo
esté del ingreso no autorizado a Venezuela-, aunque formados por el Comando Sur, siguen
pensando como funcionarios civiles, expertos en temas humanitarios, mientras que los hombres
de Washington razonan como militares y pretenden que sus “socios” actúen como marines.

Se acerca la Hora 0 y las vituallas permanecen en bodegas instaladas cerca de la frontera, donde
cada día se suceden las reuniones con la misma dinámica, los estadounidenses esperan que los
colombianos dispongan los medios, la logística y el personal, para entregar las toneladas de
provisiones que ya descargó su USAID y los locales rechazan la tarea.
A estos problemas se suman las dificultades para lograr que el escenario de la entrega pueda ser
fotografiado con un desborde de venezolanos “desesperados” que intenten trasladar bolsas de
ayuda y se puedan registrar imágenes de utilidad política internacional, tanto de lo “desesperante”
que es la situación como de posibles hechos de “confrontación con las fuerzas de seguridad”
venezolanas. La escasa población de la zona, la falta de transporte y la escasez de combustible,
constituyen otro problema que el puesto de comando local intenta solucionar.

Cascos que ya no son Blancos

Desde septiembre de 2001, bajo el disfraz de “guerra preventiva” que intentó disimular
los estragos y la ilegalidad de la participación de Estados Unidos y sus aliados en guerras
como las de Irak, Afganistán, en los conflictos en África o en su desembarco sobre Haití,
tras el terremoto de 2010, se desarrollaron acciones que convirtieron a la llamada
“ayuda humanitaria” en acciones de “asistencia dirigida”, subsidiarias o preparatorias de
las intervenciones. Ese modelo, falsamente asistencial, contraviene todos los principios
acordados en Naciones Unidas, intenta legitimar la injerencia extranjera en asuntos
internos de los países con los que se “colabora”, influye sobre las decisiones nacionales
soberanas, desestabiliza a los gobiernos locales y sienta bases para el asentamiento
logístico necesario para un potencial despliegue militar extranjero.
En síntesis, la “intervención humanitaria”, que es lo que se pretende desarrollar contra
Venezuela a partir del inminente 23 de febrero, constituye una práctica subsidiaria de la
”doctrina de seguridad nacional”, que soportó conceptual y materialmente a las
dictaduras del Cono Sur del último cuarto de siglo pasado y el presidente Trump trata de
desempolvar y poner en práctica sobre un continente al que intenta volver a convertir
en el “patrio trasero” del complejo industrial militar y los principales grupos económicos
concentrados.
Además de las consideraciones políticas sobre la maniobra, y sin intentar entrar en la
especialidad de la Consejería Legal de la Cancillería argentina, cabe recordar que para
concretar acciones de “asistencia humanitaria” -como correctamente deberían
definirse-, el país afectado, ante todo, debe formular una declaración formal de
“emergencia” en la zona en la que se va a operar, además de reconocer que su
capacidad de respuesta ha sido superada; recién en ese momento podría requerirse la
asistencia internacional.
Así lo plantean los principios humanitarios de la ONU y las prácticas más avanzadas que
desarrolló la región durante los primeros 15 años del siglo, consideraciones totalmente
negadas en esta situación, que obligó incluso al jefe de la delegación del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christoph Harnisch, a anunciar
públicamente que su institución no participará en  la distribución de la asistencia que
llegará desde los Estados Unidos, al considerar que es ayuda de un Gobierno y que no es
humanitaria. “Nosotros no participamos en lo que no es para nosotros una ayuda
humanitaria”, puntualizó.
Explicó que se trata de “una ayuda que un gobierno decide” y acotó que para el CICR el
término  “humanitario” debe ser protegido por los postulados fundamentales de esa
organización, como son la independencia, la imparcialidad y la neutralidad. Con la
autoridad que da la pertenencia a la organización rectora del tema a nivel mundial,
remarcó la importancia de que “realmente haya un respeto para el término
humanitario y un respeto para los principios, eso es  fundamental”.

De inmediato dio a conocer un comunicado en el que “El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja en Colombia reafirma que con el fin de garantizar el
cumplimiento de su misión exclusivamente humanitaria y de acuerdo con los Principios
Fundamentales de Imparcialidad, Neutralidad e Independencia, no puede participar en
las iniciativas de entrega de asistencia planteadas para Venezuela desde Colombia, sin
que exista un acuerdo previo con el Movimiento”.
Toda acción humanitaria debe encuadrarse en las resoluciones de la Asamblea General
de Organización de las Naciones Unidas (46/182 de 1991 y 58/114 de 2004), por las
cuales los países asumieron cuatro principios que deben ser respetados en cualquier
situación crítica: Neutralidad, Humanidad, Imparcialidad e Independencia Operativa. Los
mismos fueron incorporados a sus protocolos de acción por la mayoría de las
organizaciones no gubernamentales que operan en ese campo 2 .
Por otra parte, la Reforma Humanitaria impulsada por los organismos del propio sistema
de la ONU plantea la necesidad de que el país afectado proceda a la declaración del
estado de emergencia y al reconocimiento de que sus capacidades de respuesta a los
problemas derivados de la misma fueron rebasadas para, recién después de presentadas
esas dos circunstancias, están dadas las condiciones para lanzar el llamamiento a la
asistencia humanitaria internacional. De ese modo se persiguen los objetivos de mejorar
la capacidad de la respuesta humanitaria, aumentar la previsibilidad y trasparentar la
rendición de cuentas, además de potenciar la capacidad de asociación entre actores
estatales y no gubernamentales.
Como organismo de asistencia humanitaria internacional de la Argentina, Cascos
Blancos constituyó una herramienta prestigiosa internacionalmente y sirvió de modelo
para la creación de estructuras semejantes en otros países, además de participar
activamente en la diplomacia que generó dispositivos subregionales y regionales. Sin
embargo, el gobierno de Mauricio Macri también borró de un plumazo esa historia y en
los últimos meses, además, decidió transformar una herramienta que debe ser neutra,
imparcial y políticamente independiente, en parte del dispositivo injerencista de
Washington contra Venezuela y hasta acordó que profesionales y voluntarios se
sumaran a tareas “humanitarias” del Comando Sur a bordo del buque hospital USNS
Comfort de la Armada de los EE. UU.

En estos momentos constituye una de las piezas de la concentración desestabilizadora
en Cúcuta del 23 de febrero, dónde acopiará sus propios insumos, junto a los de Estados
Unidos, que empezaron a llegar el sábado 16 de febrero abordo de los tres primeros
aviones Boeing C-17 Globemaster III de transporte estratégico rápido de tropas
aerotransportadas  y suministros destinados a misiones de evacuación médica y
lanzamiento de paracaidistas. Las aeronaves ya descargaron 250 toneladas de comida,
artículos de higiene y suplementos nutricionales, muchos de los cuales están
desaconsejados para el consumo humano por la nocividad, especialmente de las vías
respiratorias, de los conservantes de comidas y bebidas que distribuye USAID, de alto
contenido de dióxido de azufre, de acuerdo con los estudios del Centro Nacional para la
Información Biotecnológica (NCBI por sus siglas en inglés), organismo adscrito a la
Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.
El próximo jueves 21 el titular de los actuales Cascos, embajador Alejandro Daneri,
viajará a Colombia y dos días después podría trasladarse a la frontera, frente al jamás
utilizado por decisión de Colombia puente fronterizo “Tienditas” donde -además del
megashow musical financiado por el multimillonario británico Richard Branson,
propietario del Virgin Group, el dispositivo de ocupación estará esperando la señal, que
llegará desde Key West.
La otra cara de la moneda “argentina” de la ayuda, la componen las dificultades de
financiación que padecen los organizadores del despliegue fotográfico en la frontera,
que abarcan desde los problemas de cobros de viáticos de sus propios empleados, los
pagos a los profesionales de la salud convocados, el volumen liliputiense de los envíos
que, en este caso, se apoyarán en las donaciones de la solidaridad de los venezolanos
que viven en el país, un componente que el mundo humanitario considera, más allá del
compromiso afectivo del aportante, como la colaboración menos útil, más difícil de
estibar y más cara de transportar. Para esas menudencias, el Ministerio anunció con
pompa la creación de una "Unidad de Gestión para el Apoyo a la Reconstrucción de
Venezuela" que se encargará, sencillamente, de armar los pallets con la carga que serán
transportados hasta Cúcuta en vuelos de la Avianca Argentina, la empresa que aterrizó

en el país con la compra de la compañía aérea de la familia Macri, y que acaba de iniciar
el “procedimiento preventivo de crisis” a los fines de afrontar una situación cercana a la
quiebra. Por el negocio fueron denunciados por supuesto fraude al Estado Mauricio
Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich
y que acaba de iniciar el “procedimiento preventivo de crisis” a los fines de afrontar una
situación cercana a la quiebra.
En un ministerio en el que se vive el ambiente antes descripto, tampoco sorprende que
el embajador a cargo del operativo, apelando a sus contactos, incluso familiares, lleve ya
varios meses intentando su traslado a un destino diplomático fronterizo, apurado por
dejar el barco antes que los vientos que ya cambiaron desarbolen el barco
gubernamental o, más pedestre, de retirarse antes que el Canciller le retire al organismo
-como lo tiene previsto- los fondos del programa OEA-BID-Cascos Blancos, con el que
financia parte de las acciones.
Esto, en el caso de que el primer ministro de Relaciones Exteriores argentino surgido del
elenco de carrera no se caiga antes, en medio de su pulseada con su poderoso colega de
Transporte, "Guillo" Dietrich​, quien no acepta intromisiones “diplomáticas” en
licitaciones y negocios de construcción relacionados con los pasos fronterizos.
(*) Carlos A. Villalba. Psicólogo y periodista. Investigador argentino asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
(http://estrategia.la/">http://estrategia.la ). Miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, Buenos Aires, Argentina
( www.facebook.com/UsinaUPNP/)
El autor fue Coordinador General de la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería argentina entre 2003 y 2013

1 CARLOS A VILLALVA: El G20 hace su juego: Macri inventa un país ( http://estrategia.la/2018/11/24/el-g20-hace-su-juego-macri-

inventa-un-pais)
2 JOÃO PAULO CHARLEAUX Qual o risco de politização da ajuda humanitária na Venezuela
(https://www.nexojornal.com.br/expresso/2019/02/11/Qual-o-risco-de-politiza%C3%A7%C3%A3o-da-ajuda-humanit%C3%A1ria-na-

Fuente: CARLOS A VILLALVA

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