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Asamblea ciudadana envió una Nota al Gobernador de Corrientes

CORRIENTES

 Asamblea Ciudadana de Corrientes

 Av. Juan de Vera 1497    

 

                                                                                                            

Corrientes,  29  de mayo de 2019.-

Señor

Gobernador de la

Provincia de Corrientes

Dr. Gustavo Valdés

SU DESPACHO

En nombre y representación del Consejo Directivo de la CTA de la Provincia de Corrientes y de sus organizaciones miembros (ATE, SUTECO, CODIUNNE, SITRAJ, FETIA (APAY-ATraCSI) y FONAF (Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar de Corrientes) nos presentamos por cuarta vez ante Ud., por su responsabilidad política en la violación sistemática de derechos fundamentales (Constituciones Nacional – provincial y leyes que de ella emanan), con el objeto de exigirle cumplimiento de los requerimientos que le  presentamos desde el 24 de enero de 2019.

Asumiendo nuestro Derecho a la Resistencia ciudadana, (Art. 36º Constitución Nacional)

RECHAZAMOS:

Los Ajustes permanentes. Que, reducen recursos a los presupuestos de las políticas públicas fundamentales del Estado de Derecho, generando la paralización parcial y total de políticas públicas; que, significan el vaciamiento fraudulento e inutilización de organismos del Estado; la perdida permanente del poder adquisitivo de los salarios que empujan a los Trabajadores y a la ciudadanía en general a ser la provincia más empobrecida e indigente del país (50%). Y le,

REQUERIMOS

Asuma el Estado de Emergencia Social en nuestra provincia.

Actualización inmediata de los Salarios por encima de la inflación (40%) y de todos los ingresos sociales.

Garantice, con participación comunitaria, la Seguridad Alimentaria; y, los recursos necesarios para el funcionamiento pleno de los establecimientos escolares de toda la provincia; como también, para la Atención Primaria de la Salud y Hospitalaria.

RECHAZAMOS

Los aumentos de las Tarifas de Energía eléctrica, Gas y Agua, por injustas, ilegítimas e inmorales, violatorias de derechos humanos, sociales, económicos y culturales; y le,

REQUERIMOS

La nulidad en la provincia de los Tarifazos, impuestos por el gobierno nacional (que usted hizo provinciales). Exigencia que tiene mayor fundamento en el nuevo agravamiento del Estado de Emergencia Hídrica en nuestra provincia; que, desde hace cuatro meses fue establecida en el Decreto 67/2019 del gobierno nacional; que, incluye el reconocimiento de “tarifas especiales”. Ud. como respuesta, no solo ignoró nuestros reclamos, sino que aplicó aumento de tarifas en el mes de febrero y en el mes de Abril. Siendo además, que su gobierno es Deudor por orden judicial, de 700 millones de pesos a los ciudadanos usuarios de Corrientes, por Tarifas mal cobradas en el periodo de 2009 a 2013.

REPUDIAMOS Y DENUNCIAMOS

Los negociados inmobiliarios,  privados y particulares, contrarios al interés público, y en contra del Bienestar general, con dolo permanente contra el Estado de derecho; violando, sistemáticamente la Constitución nacional, la Constitución provincial y las leyes que de ellas emanan.

Toda gestión de venta y enajenación de nuestro territorio provincial, urbano, suburbano y rural. BASTA de Plan Costero. BASTA de pretender enajenar nuestro patrimonio material y cultural.

La decisión de convertir en negocios financieros los fondos del INVICO para la vivienda social..

La inconstitucional de la Ley aprobada de extranjerización de la tierra. Que usted tiene el recurso, salvaguardando su responsabilidad de cumplir con el artículo 61º de la Constitución provincial, con el Veto; caso contrario sus conductas de gobierno se enmarcan en la acción dolosa establecida en el artículo 36º y 29º de la Constitución nacional. Y le,

REQUERIMOS

Emergencia Habitacional, restitución y desarrollo democrático de la Vivienda Social.

Cumplimiento irrestricto de su responsabilidad de “mantener la integridad del territorio provincial. El Estado Provincial propenderá a establecer incentivos con el fin de mantener la propiedad de los bienes inmuebles (…), en manos de habitantes argentinos nativos, o del propio Estado Provincial o de los municipios” (Art. 61º CP). Y que, tanto la Provincia como los municipios, “en el marco de sus respectivas competencias, ordenan el uso del suelo y regulan el desarrollo urbano, suburbano y rural, bajo las siguientes pautas: 1) La utilización del suelo no puede afectar el interés general.

2) El ordenamiento territorial debe ajustarse a proyectos que respondan a objetivos, políticas y estrategias de planificación democrática y participativa de la comunidad” (Art. 62º CP).

En lo Urbano: Nosotros, las organizaciones de trabajadores, hemos desarrollado democrática e institucionalmente, proyecto de construcción de Viviendas sociales, de comunidad desde la comunidad y con la comunidad; proyecto que, desde el municipio de Corrientes tienen retenido ilegal e ilegítimamente, como todos los proyectos de urbanización en Santa Catalina. Le exigimos la restitución del proceso de desarrollo institucional de los mismos.

En lo rural: convoque con urgencia a los representantes de la FONAF Corrientes a constituir la Comisión de Emergencias y Desastres Agropecuarios en el marco de la Emergencia hídrica y productiva en la provincia; acompañar nuestra exigencia al gobierno nacional sobre la reactivación funcional plena de los organismos relevantes para la atención de la Emergencia; (artículos 4º, 5º, 6º y 7º del Decreto 67/2019), que son: Dirección de Vías Navegables (funcionamiento de las dragas),  Trabajo, Salud, Desarrollo Social y de la Producción – Agroindustria.

Urgente Reordenamiento territorial (Banco de Tierras provincial creada por Ley) y desarrollo productivo puesto en el objetivo de la Soberanía Alimentaria según ley 26.118 de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para una nueva ruralidad en la Argentina”; que la provincia está adherida.

Ante la falta de respuesta; y dada la continuidad de esta violencia  sistemática al Estado de derecho con graves acciones de dolo contra el Estado, seguiremos haciendo todas las acciones políticas, sociales, sindicales y jurídicas necesarias a efectos de lograr el respeto de todos los derechos constituidos, restituir el Estado derecho y el funcionamiento pleno del sistema republicano democrático federal.

Lo saludamos atte.

Fuente: CTA de Corrientes

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