Preocupación en Iguazú: Macri le sacó el manejo de las concesiones a Parques Nacionales y creen que es para hacer la Villa Turística

Mediante el decreto 368/19 el presidente Mauricio Macri le quitó el poder de otorgar concesiones y autorizar negociados turísticos a la Administración de Parques Nacionales (APN) y se lo entregó a la Secretaría de Ambiente de la Nación.

En Puerto Iguazú esta medida genera preocupación debido a que escondería varias irregularidades graves. Creen que es un paso previo para que se autorice la instalación de la Villa Turística en el Parque Nacional Iguazú. Además, un decreto no podría modificar una ley.

Conocido el decreto polémico, la Fundación Amigos de los Parques anticipó que impulsará una acción de amparo para declarar inconstitucional la norma presidencial.

José Barrios, presidente de la ONG ambiental, señaló a Primera Edición que “este decreto anula la autoridad que tenía la Administración de Parques Nacionales y también deja fuera de competencia a todo el personal técnico y capacitado de este organismo, como los biólogos que realizan informes sobre la viabilidad ambiental de los emprendimientos que se pretenden realizar”.

“Ahora el personal de Parques Nacionales no tiene más facultades para opinar ni para advertir cuando algún emprendimiento podría dañar el medioambiente. Quedaron fuera de juego”, sostuvo.

La Villa Turística
Desde principio de año el Gobierno nacional pretende crear una Villa Turística con restaurantes, hoteles y comercios dentro del parque, lo que generó un fuerte rechazo en la comunidad local por el impacto ambiental que generaría. Debido a las protestas, los funcionarios de Cambiemos dijeron que la medida estaba suspendida, pero con este decreto se sospecha que están allanando el camino para avanzar.

El decreto polémico

El decreto 368/19 sostiene que la finalidad “es la desconcentración en la toma de decisiones” y que ello permitirá “brindar mayor celeridad a los trámites que están en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional”.

Agrega el decreto que la APN “como autoridad de aplicación de la Ley Nº 22.351 y sus modificatorias” desempeña un rol fundamental y preponderante en la política nacional de conservación y mantenimiento de la diversidad biológica, del patrimonio natural y cultural, y de las bellezas paisajísticas y escénicas más representativas” del país.

Sin embargo, se argumenta que el Ejecutivo nacional ya venía realizando una tarea inherente a la infraestructura “destinada a la atención del visitante de los Parques Nacionales” y por eso “resulta razonable, oportuno y conveniente, desde el referido punto de vista organizacional, y teniendo en cuenta el principio de especialidad, asignar las competencias que surgen del artículo 6° de la Ley N° 22.351 y sus modificatorias a la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Secretaría General de la Presidencia o al órgano que en el futuro la reemplace”.

fuente: misionesopina