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Sangre envenenada en Entre Ríos: el mapa de las escuelas fumigadas

Hay casos testigos que muestran el impacto de las vaporizaciones. No existen cifras oficiales y la provincia carece de una ley actualizada.

La situación de las escuelas rurales fumigadas preocupa a gran parte de la ciudadanía. La comunidad educativa y grupos ambientalistas de la provincia vienen reclamando hace tiempo una norma que prohíba definitivamente el uso de agrotóxicos en campos aledaños a los establecimientos educativos. Las denuncias aseguran, principalmente, que la aplicación de los químicos -entre ellos el glifosato– se realiza muchas veces en horario de clases y sin previo aviso a la institución. Este hecho representa una grave infracción a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 6.599 de Plaguicidas.

Uno de los casos más resonantes sucedió en Gualeguaychú, donde una docente de la escuela N° 66 “Bartolito Mitre”, Estela Lemes, enfermó por estar expuesta a las aplicaciones de agrotóxicos en reiteradas oportunidades. En su cuerpo hallaron “glifosato” y “clorpirifós”, que es otro tipo de herbicida.

Estela Lemes
 Estela Lemes

Además, hubo 4 casos de niños muertosa causa de malformaciones congénitas en Rosario delTala. Las zonas donde vivían habían sido fumigadas. Caso testigo es el de Fabián Tomassi, trabajador rural de Basavilbaso, que sufre “polineuropatía tóxica severa” y sus consecuencias están tristemente a la vista.

Fabián Tomassi
 Fabián Tomassi

Otro de los reclamos tiene que ver con la falta de cifras oficiales. La Seccional Uruguay de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos -Agmer- y agrupaciones vecinales como “Todos por Todos”, de San Salvador, son quienes se encargan de denunciar y poner el grito de alerta por las consecuencias de los agrotóxicos. Los docentes realizaron un informe en 2014, que fue actualizado durante el año pasado. Allí estudiaron la situación de las escuelas rurales en los departamentos Nogoyá, Diamante, Colón, Concordia, Victoria y Uruguay. En el documento, al que accedió 9 Ahora, se afirma que “cerca del 80% de las escuelas rurales de la provincia son fumigadas entre 4 y 8 veces al año”.

El estudio se realizó sobre 82 escuelas, con un total de 447 docentes82 de personal no docente y bajo una población de 2452 alumnos. En las respuestas, se puede observar que el método de aplicación que más se utiliza es a través del equipo terrestre, por sobre el aéreo. Asimismo, gran cantidad de instituciones educativas aseguran haber sido fumigadas en horarios de clase, sin previo aviso como establece la ley. Por último pero no menos importante, la mayoría de los casos no son denunciados.

MAPA AGROTOXICO-36

MAPA AGROTOXICO-37


SAN SALVADOR, LA CAPITAL DEL CÁNCER

Con sus 17 mil habitantes, la ciudad duplica la media nacional de muertes por cáncer, según estimaciones extraoficiales. La cifra alcanzaría el 43,3% del total de personas fallecidas, según los vecinos autoconvocados de “Todos por Todos”. En tanto, el porcentaje para el país oscila entre 18% y 20% anual. Nuevamente, la falta de números oficiales conspira contra la posibilidad de llevar un seguimiento específico de la problemática. En diálogo con 9 Ahora, la secretaria de Medio Ambiente de la Provincia, Belén Estevez, aseguró que se está trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud para abordar el tema.

A pesar de que la Organización de la Salud asegura que la aplicación de ciertos agrotóxicos y, particulamente el glifosato, son cancerígenos, las autoridades provinciales aún no han establecido de manera oficial que la cantidad de casos derive de la fuerte contaminación ambiental que sufre la ciudad. No sólo preocupan las fumigaciones en las producciones de soja y arroz, donde por hectárea se utiliza entre 1/2 y 2 litros glifosato, sino también la cercanía de las industrias con los asentamientos urbanos.

“Las personas que fumigan escuelas son asesinos; les tienen que caber la peor sanción”, sentenció Estévez. En ese sentido, afirmó: “Nos parece importante poder establecer si existe algún tipo de relación de causalidad -entre el cáncer y el glifosato-“. Por otro lado, comentó que la pretensión de la cartera que conduce es que “todos los molinos arroceros que están dentro de las ciudades, sean relocalizados”. “Cuando no se cuida el ambiente, hay un impacto a la salud”, manifestó y remarcó la “necesidad de una nueva ley”, que reemplace la de Plaguicidas, que deja “vacíos legales”.

“A raíz del caso de Lemes -la docente fumigada de Gualeguaychú-, nos pusimos en alerta y a trabajar el tema. Hay que modificar el paradigma de producción. La cuestión económica no puede primar por sobre la cuestión ambiental y social, porque se está afectando a la salud de las personas“, concluyó.

Fuente: AHORA

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