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Preocupado por su situación judicial, Macri llamó a Alberto: Las causas que enfrentará

Según informó el periodista Marcelo Bonelli en Clarín, Mauricio Macri dialogó por teléfono con Alberto Fernández y le expresó su preocupación por su situación judicial, ahora que no está más en el poder. “Yo no voy hacer nada, pero vas a ser víctima de los mismos jueces deshonestos que actuaron contra Cristina”, le dijo el Presidente al ex mandatario.

En rigor, Macri tiene motivos para preocuparse ya que son numerosas las causas que se reactivarían una vez que concluya la feria judicial del verano.
Mauricio Macri está muy preocupado por su situación judicial, ahora que no está más en el poder. Según reveló el periodista Marcelo Bonelli en el diario Clarín, el ex presidente llamó por teléfono a Alberto Fernández y le habló de su temor por una posible persecución kirchnerista.

“No voy a perseguir a nadie, ni a fogonear ninguna causa”, lo tranquilizó Alberto, según la reconstrucción del diálogo que hace Bonelli. “Pero si ya alentaron innumerables denuncias contra mí”, le respondió Macri.

Según esta versión periodística, el Presidente le advirtió: “Yo no voy hacer nada, pero vas a ser víctima de los mismos jueces deshonestos que actuaron contra Cristina”.
A lo que Macri reaccionó: “El diputado Tailhade me inició cien causas”. Y Alberto respondió : “Nosotros tenemos a Tailhade, ustedes a Carrió”.

En rigor, Macri tiene motivos para preocuparse ya que son numerosas las causas que deberá enfrentar una vez que concluya la feria judicial del verano.

 

Estas son las principales causas que involucran al ex presidente:

> Correo Argentino: Se investiga la deuda en el Correo, empresa que era de la familia de Mauricio Macri -deuda que data de 2001- en la que se habría intentado una maniobra para esconder y cancelar no menos de $4.800 millones. En noviembre pasado, el juez Ariel Lijo determinó los puntos periciales del informe técnico que le ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, para establecer si la quita millonaria a la empresa Correo Argentino fue abusiva como sostuvo la fiscal Gabriela Boquín.

Tras ese análisis, Lijo tendrá que decidir si procesa a los implicados: Macri, el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, su director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, el presidente del Correo, Jaime Cibils, y el apoderado de los Macri, Jaime Kleidermacher.

Si lo encuentran culpable, la causa Correo Argentino puede llevar a Macri a prisión.

> Autopistas: En marzo pasado, el fiscal Stornelli impulsó una denuncia contra Macri, que había sido presentada por diputados ultrakirchneristas, por supuestas irregularidades en contrato entre el Gobierno nacional y la concesionaria Autopistas al Sol (Ausol). Según los denunciantes, “le significó a una de las históricas empresas del Grupo Macri una ganancia de 499 millones de dólares”.

> Soterramiento/Odebrecht: El Grupo Macri, a través de Iecsa, se adjudicó una de las obras más importantes del país: el soterramiento del Sarmiento. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40.000 millones de pesos para financiar la obra.

En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht confesaron que pagaron coimas a funcionarios del anterior gobierno. El juez de la causa es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Franco Picardi. La causa está camino al juicio oral. Hasta el momento, el magistrado procesó a los ex funcionarios pero le dictó la falta de mérito a los empresarios, entre ellos el primo presidencial, Angelo Calcaterra.

Sin embargo, pocos días antes de la feria de invierno, la propia AFIP pidió la indagatoria del familiar de Macri porque quedó en claro que Iecsa armaba contratos por servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas. Ya se demostró la falsedad de un contrato entre el consorcio y una empresa española, DCS, y otro contrato entre Iecsa y otra consultora, CAESA.

La mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, admitió que hubo coimas, pero su testimonio no se homologó todavía. En Uruguay apareció una cuenta en la que supuestamente también se hicieron pagos: Jorge El Corcho Rodríguez es el apuntado por el fiscal, pero él afirma que nunca manejó esa cuenta en Montevideo, sino que fueron los propios ejecutivos uruguayos y brasileños. También hubo pagos a través de sociedades en Andorra y no deja de estar presente la sospecha de que funcionarios de las empresas decían que pagaban coimas pero se quedaban con el dinero y realizaban inversiones en Miami. De hecho, aparecen ejecutivos de Odebrecht con importantes propiedades escondidas en La Florida.

Todo el negociado del soterramiento está sospechado. Desde la licitación hasta el financiamiento y, por supuesto, el pago de coimas millonarias.

> Blanqueo: la Corte Suprema de Justicia debe resolver si el blanqueo, que incluyó un DNU firmado por Macri, favoreció a los familiares del presidente y a otros funcionarios de su Gobierno. Varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial: en primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio -mucho más importante que Gianfranco en las empresas- resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.

Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo.

> Parques eólicos: El diputado Tailhade presentó documentación que acredita que “el hermano del Presidente de la Nación, Gianfranco Macri, recibió la suma de US$ 5.000.000 de parte de la firma que controla los paquetes accionarios de las sociedades que obtuvieron las concesiones, y que constituye una mínima parte de lo que se estima fue la ganancia de la familia presidencial por esta operación: aproximadamente 70 millones de dólares”.

 

Ya en enero de 2018, la diputada Margarita Stolbizer había denunciado una maniobra de la familia Macri, con complicidad y apoyo gubernamental, para comprar y revender 6 parques eólicos: “La familia Macri hace negocios que le han reportado una ganancia en un año de 48 millones de dólares”, dijo en ese momento, en referencia al resultado que habría dejado esa operatoria.

Una investigación periodística de Perfil dejó al desnudo que la compañía Sideco Americana S.A. -empresa insignia del holding de los Macri- creó junto con un grupo de socios 4 empresas a nombre del contador Mariano Payaslian. Así, adquirieron 6 parques eólicos (en la provincia de Chubut y en Miramar, provincia de Buenos Aires) cuya licitación ganó Isolux Corsar, que meses más tarde, revendió en 2 tramos: el 1ro. con una ganancia de, al menos, US$ 15.000.000, y el 2do. a una compañía asiática, Goldwind, con una ganancia de US$ 33.000.000, dando un total de US$ 48.000.000 de diferencia.

Se estima que esta investigación podría ser elevada a juicio oral en los próximos meses.

En tanto, en febrero pasado, la Justicia federal abrió una investigación contra Macri y los ex ministros de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por las presuntas irregularidades en la venta a precio “vil” de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.

> Aportantes ‘truchos’: aún se encuentra en etapa de instrucción. La Justicia investiga el presunto lavado de dinero en la recaudación de la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015 y la campaña de Cambiemos en las elecciones legislativas de 2017 en la Ciudad y en la Provincia. El caso destapó cómo el oficialismo habría utilizado las identidades de ciudadanos y empleados de empresas proveedoras del Estado para simular contribuciones de dinero a las campañas.

La ONG La Alameda y la diputada Margarita Stolbizer realizaron distintas presentaciones que demostraban que la maniobra de Cambiemos tenía su origen en la campaña presidencial de Macri. Incluso, se detectaron casos de aportantes falsos cuyas identidades fueron utilizadas para blanquear aportes tanto en 2015 como en 2017.

La investigación sobre presunto lavado, falsedad ideológica y dádivas quedó el año pasado a cargo del juez Sebastián Casanello, por decisión del propio presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun. Pero el fiscal Carlos Stornelli pidió que se revea la situación y en febrero pasado Irurzun decidió apartar al juez. La causa, entonces, pasó a la justicia electoral platense que encabeza Adolfo Gabino Ziulu, señalado por tener vínculos con el oficialismo.

Antes que eso suceda, Casanello ya había separado un tramo de la pesquisa y lo envió a sorteo, que recayó en el juzgado del juez Luis Rodríguez, quien al mismo tiempo las actuaciones con las que ya tenía el juez Ariel Lijo, se declaró incompetente y se lo remitió. En marzo pasado, y en el marco de ese ese expediente, Lijo quedó al frente la investigación luego de que el fiscal federal Ramiro González concluyera que son competentes para asumir las dos pesquisas por la presunta comisión de delitos en el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos de 2015 y 2017.

> Panamá Papers: investigan a Macri por ser director asociado de Fleg Trading y Kagemusha.  En la investigación, que fue un escándalo a nivel mundial, aparecieron unas 50 sociedades vinculadas a la familia Macri.

 

La causa judicial fue instruida por el juez Sebastián Casanello y por el fiscal Federico Delgado y giró entorno de dos sociedades, Fleg Trading y Kagemusha. Ninguna de las dos figuró nunca en declaraciones juradas de Macri, quien aparecía como director de ambas sociedades. El presidente alegó que no tenían movimiento y por lo tanto no requerían declaración alguna, pero en el camino aparecieron 9,3 millones de dólares que se movieron de Fleg Trading de Bahamas a Owners do Brasil, Socma (Sociedades Macri) do Brasil y Fleg Traders de Brasil y que, según parece, después terminaron en Italia, en el hotel Nuraghe Porto Rotondo, de Cerdeña, propiedad de un amigo de la familia, Giorgio Nocella.

 

El fiscal Delgado y el denunciante, el diputado Darío Martínez, dijeron que había que seguir investigando, pero el juez Casanello resolvió, tras un informe de la Unidad de Información Financiera, organismo alineado con el Poder Ejecutivo, que no había elementos para considerar el delito de lavado de dinero. El magistrado dictaminó que el caso se correspondía más con una “omisión maliciosa”, que es esconder un bien o una sociedad en las declaraciones impositivas. Con la ayuda del fiscal Germán Moldes, Macri logró zafar, básicamente echándole la culpa a su papá, Franco, quien se hizo cargodiciendo que las sociedades las armó él y que Mauricio no jugó ningún papel.

 

La causa está hoy dormida en el fueron Penal Económico. El Süddeutche Zeitung, diario que encabezó el consorcio internacional de periodistas que hizo la investigación de Panamá Papers, se sorprendió por el trato blando que recibió Mauricio Macri en la cobertura periodística.

 

Como mínimo, en el caso Panamá Papers, hay 460 millones de pesos en danza y quedan por investigar las 50 sociedades armadas por el Grupo Macri en distintos lugares: Panamá, Luxemburgo, Londres, Italia, Brasil, Bahamas. Habrá que esperar para ver si ahora, con Macri fuera del poder, la causa vuelve a tomar impulso.

 

> Dólar y devaluación: En septiembre pasado, la fiscal federal Paloma Ochoa impulsó la apertura de una causa penal para determinar si el gobierno de Macri propició la disparada del dólar y la consiguiente devaluación después de las PASO, como consecuencia del resultado adverso en esas elecciones, tras lo cual el Presidente responsabilizó a los votantes y al Frente de Todos por la situación económico-financiera. Uno de los ejes de la investigación apunta a establecer si la falta de intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario obedeció a una orden del Poder Ejecutivo, en cuyo caso podría haber una violación a la carta orgánica. Ochoa sugirió al juez Rodolfo Canicoba Corral, además, que pida información a la entidad respecto de las variaciones de sus políticas cambiarias. Lo mismo sobre el acuerdo con el FMI, que preveía para ese entonces una autorización para intervenir con 250 millones de dólares por día (cuando el dólar superara la cotización de $51,45), lo que tampoco se hizo.

 

La denuncia en la que se basa la fiscal fue presentada por Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, en una presentación que señalaba que el 12 de agosto, día posterior a las PASO, se produjo “una suba indefinida del dólar” frente a la cual el BCRA se comportó de modo “anormal, extraño e inusual” por no intervenir en el mercado de cambios al dejar “que la divisa subiera hasta un techo insospechado”.

 

El dictamen de la fiscal Ochoa, al que accedió PáginaI12, propone citar a declarar como testigo al ex titular del BCRA Martín Redrado, ya que en un entrevista sostuvo: “El Presidente dijo que el dólar se vaya a dónde se tenga que ir y que los argentinos aprendan a votar (…) El BCRA estuvo mirando desde la tribuna lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. Mis colegas recibieron la instrucción de que se corrieran del mercado”. Redrado dijo que Macri había ordenado no frenar el aumento del dólar.

 

> Venta de Macair (Macri Air) a Avianca: Hay numerosas denuncias que habrá que ver si toman impulso después de la feria. Están imputados el propio presidente Mauricio Macri, el secretario de la Presidencia, De Andreis, y numerosos funcionarios. Los delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias e irregularidades en la administración del espacio aéreo.

El grupo Macri vendió la aerolínea sabiendo que el mismo gobierno de Macri le adjudicaría rutas, que es un activo para cualquier línea aérea. En total se le adjudicaron 36 rutas por 15 años. El gremio de pilotos explicó que la venta se hizo por 10 millones de dólares, cuando Macair tenía sólo tres o cuatro aviones valuados, en total, en 1.200.000 dólares. El resto del valor tenía que ver con las rutas. La sospecha es que cuando se concretó la operación, en octubre de 2016, ya había una promesa de que se le otorgarían rutas, cosa que ocurrió en febrero de 2017.

En las denuncias queda en claro que la subsidiaria de Avianca no tenía ni siquiera la documentación en regla para adjudicarse rutas, al punto que entregó una garantía de la empresa Sinergy Aerospace, que se completó recién después de la adjudicación de rutas. El gremio de pilotos denunció la “adjudicación fraudulenta”.

> Espionaje ilegal: El Gobierno de Mauricio Macri es investigado en la Justicia por haber montado una red de espionaje ilegal sobre los jueces federales de Comodoro Py y los ministros de la Corte Suprema.

La causa la tramita el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, según anticipó el sitio El Destape y salpica a la Afip, a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la AFI y al ministerio de Seguridad.

El propio Canicoba habría sido espiado y por eso trasladó la parte de la investigación de la que es víctima a la jueza María Servini. Urgente24

Fuente: CORRIENTEHOY

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