FRACKING EN MENDOZA: DESNUDANDO LAS MENTIRAS DE GOBIERNO, MEDIOS Y EMPRESAS
La reciente aprobación a las apuradas del fracking por parte del Gobierno de Mendoza y la reacción social motivada por la revelación de documentos oficiales que eran mantenidos en secreto por el gobierno y dan cuenta de que ya en la primer experiencia se produjo contaminación con hidrocarburos en aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Río Atuel; ha generado un debate en diferentes ámbitos de la sociedad, que evidentemente, gobierno, empresas y medios hegemónicos asociados, quieren direccionar de manera engañosa y falaz, para evitar responder el punto central de la cuestión: las nefastas consecuencias ambientales, sociales y económicas del fracking en aquellos territorios y las comunidades que lo habitan, así como de sus economías regionales.
EL FRACKING Y LA MANIPULACIÓN DE LOS MEDIOS HEGEMÓNICOS:
Que los medios hegemónicos (también incorrectamente llamados medios masivos de comunicación) no informen de la pueblada que está ocurriendo en Mendoza en contra de la aprobación del fracking, o lo hagan de manera parcial y engañosa, o defiendan la actividad con rebuscados floreos retóricos relativizando o negando sus consecuencias nefastas, o critiquen al resto de la sociedad que no piensa como ellos, o utilicen el argumento ad hominem para descalificarnos o insultarnos infundadamente, sin responder al eje central del debate, o directamente inventen noticias; es algo MUY OBVIO que no debería despertar sorpresa alguna, más allá de la lógica indignación.
Estos medios son uno de los brazos ejecutores de las corporaciones extractivistas para ingresar en nuestros territorios, junto con el aparato comunicacional de los estados neocoloniales asociados, generando contaminación social en la previa al ingreso de cualquier mega-proyecto extractivo.
Además, conviene tener bien en claro que los medios hegemónicos no son organizaciones sociales ni tienen un fin benéfico para la sociedad, sino todo lo contrario: son empresas privadas cuyo objetivo exclusivo y excluyente es el lucro comercial. La finalidad de sus dueños es el recaudar dinero, por lo tanto, la información para ellos no es un fin en sí mismo, sino una mercancía para incrementar sus ganancias, por ende, harán todo lo que sea necesario para la prosecución de ese objetivo, sobre todo en el marco del sistema capitalista que legitima el usufructo y la acumulación indiscriminada en la sociedad contemporánea.
En Mendoza (como en todos lados) el juego es muy claro: los medios hegemónicos o están pautados de antemano por las corporaciones extractivistas o directamente sus dueños forman parte del negocio del fracking:
- Grupo UNO: Radio Nihuil, Canal 7, Diario UNO, Diario El Ciudadano, Supercanal, FM Montecristo, Latinos, Ayer, etc. Sus dueños son Daniel Vila y José Luis Manzano, quienes a su vez poseen el 14% de las acciones de Petrolera El Trébol, la empresa que está haciendo fracking en Malargüe y ya contaminó las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del Río Atuel. También son dueños de Edemsa, con lo cual son directos beneficiarios de los tarifazos que subsidian al fracking.
- Sitio Andino, FM andina, Andina TV, diario San Rafael y Canal 6 de San Rafael. Su dueño es Omar Álvarez, quien a su vez también participa de manera minoritaria en Petrolera El Trébol y Edemsa. Además de ello, es socio de Cristóbal López en la petrolera OIL (evasora de impuestos por 8 mil millones de pesos), dueña de concesiones petroleras en San Carlos, San Rafael y Malargüe, donde, recordemos, intentaron hacer fracking hace 4 años atrás y fueron frenados con un amparo en la justicia.
- Diario Los Andes: pertenece al Grupo Clarín (say no more).
- Diario MDZ y MDZ radio: pertenece a Osvaldo Terranova, dueño de Publicidad Sarmiento. O sea, sólo publica notas de quien le paga y solamente responde a los intereses de sus clientes, para quienes opera mediáticamente.
- Diario Mendoza Post y FM La Red Mendoza: Pertenece a Plataforma Digital S.A., su CEO es Carlos Ponce y es un desprendimiento del Grupo Terranova con los mismos fines y propósitos comerciales.
- Canal 9, Diario el Sol, Diario Jornada, Radio LV 10 y FM del Sol, entre otras: pertenecen al empresario Sigfredo Alonso, tiene un importante capital repartido en varios fondos comunes de inversión que aportan a empresas petroleras, mineras y sojeras. Tiene como socio a Raúl Olmos, dueño del multimedio Crónica y muy conocido por estar imputado en la mega-causa judicial conocida como la mafia de los medicamentos, cuando era gerente administrador de la obra social de la UOM de Antonio Caló.
Además de estos grupos, hay una serie de medios locales menores (principalmente FM y portales web), tanto en el Gran Mendoza y San Rafael, como en el resto de las localidades de la provincia, que también están subordinados o ligados comercialmente a aquellos o que reciben pauta de empresas y gobierno con estos fines.
Como verán, los medios hegemónicos no son sociedades de beneficencia y no están al servicio del bien común, así que no esperen de ellos información verídica o imparcial respecto del conflicto por el NO al fracking en Mendoza, o que no esté teñida de intencionalidad en favor de los intereses corporativos particulares a los cuales responden o son funcionales.
Los que debemos informar a la sociedad sobre lo que es el fracking, sus consecuencias, lo que representa y lo que está pasando en Mendoza con el rechazo masivo de la población, somos nosotres (de manera independiente y colectiva), nadie más.
LOS NEGOCIOS DEL GRUPO VILA-MANZANO CON EL FRACKING
De todos los medios hegemónicos involucrados en el negocio del fracking en Mendoza, evidentemente el más interesado el Grupo Vila Manzano, propietario del Grupo Uno-América, actualmente el segundo grupo multimediático más grande de Argentina (después del Grupo Clarín) que aglutina alrededor de 50 medios radiales, televisivos, gráficos y digitales de todo el país. Los dueños de este grupo son Daniel Vila y José Luis Manzano, quienes vienen incursionando en el rubro petrolero y energético desde hace unos años, adquiriendo empresas o creando nuevas.
Daniel Vila es conocido por ser actualmente dueño de la ex-Estancia San Isidro, una propiedad que anteriormente era fiscal y debía haber sido declarada área natural protegida por una ley provincial hoy derogada, antiguamente de libre acceso y conocida por sus numerosos atractivos naturales, como la Cascada de San Isidro y la Pampa de los Ñangos, que lamentablemente terminó en manos de este señor para erigir allí su paraíso privado. Conocida es también una disputa judicial de este señor con la Universidad Nacional de Cuyo, por tierras públicas que pretende apropiarse para incorporar a su barrio privado Dalvian.
José Luis Manzano fue Diputado Nacional por el Partido Justicialista, fue fundador de la corriente interna Renovación Peronista, que llevó a la presidencia a Caros Menem, de quien fue Ministro del Interior de la Nación. Durante su paso por la función pública su patrimonio personal creció exponencialmente, acumulando numerosas denuncias de corrupción por malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión impositiva por un monto total de 400 millones de dólares, ninguna de las cuales prosperó en la justicia, como pasa siempre con los ladrones de guante blanco, siendo el de José Luis Manzano uno de los casos más paradigmáticos en este sentido, reflejado en el célebre libro “Robo Para la Corona” de Horacio Vervitsky. Actualmente este ex-político multimillonario tiene por fuera del holding Uno empresas en los rubros construcción, indumentaria, vitivinícola, consultoría financiera internacional y una gran cantidad de tierras en Tupungato, su lugar de origen. También fue socio comercial de Jorge Mas Canosa (empresario cubano disidente que aportaba dinero del lavado a sus empresas a través de fidelcomisos ciegos) y de Raúl Moneta (el empresario al cual el Gobierno de Mendoza le entregó los bancos provinciales y luego los fundió llevándose al exterior todo su dinero, hoy imputado en la causa Ciccone).
Los negocios de Vila y Manzano en el rubro de los hidrocarburos arrancan en 2004, con la creación de la empresa Ketsal S.A. Esta empresa nueva, con un capital de 12.000 pesos y sin ningún tipo de experiencia en el rubro petrolero se quedó con 7 de las 11 áreas licitadas en la gestión de Celso Jaque, en sociedad con la corporación suiza Kilwer (que después terminó comprando), para lo cual fueron flexibilizadas las condiciones en medio del proceso licitatorio, a fin de que quedaran afuera consorcios nacionales e internacionales más grandes y experimentados. Ninguna de ellas fue puesta en producción y algunas de estas áreas fueron transferidas a YPF, en una maniobra fraudulenta que implicó 17 millones de dólares, en 2011, cuando YPF estaba controlada por el Grupo Petersen, de la familia Esquenazi. De todas ellas, la única que actualmente opera es Chachahuen, que hoy es el área de mayor producción convencional de toda la provincia de Mendoza y está siendo operada por YPF, con participación minoritaria en las ganancias del trío Vila-Manzano-Álvarez. El yacimiento Chachahuén presenta además posibilidad de extracción mediante fracking, una vez que el petróleo convencional se agote, ya que la Formación Vaca Muerta pasa por debajo de toda la zona donde actualmente está extrayendo.
La sociedad comercial entre YPF y el Grupo Vila-Manzano fue ratificada con posterioridad, en 2013, a través de un acuerdo secreto entre ambas firmas, suscripto por las empresas “YPF USA Service Corp” e “YPF Exploration & Production” asentadas en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU) y que tienen domicilio asentado en las mismas oficinas que el fondo buitre Paul Singer y la filial del Grupo Clarín en EEUU.
Mientras tanto, de la fusión de Ketsal y Kilwer surge en 2010 la corporación Andes Energía, con sede en Londres. La chapa de esta empresa pertenecía originalmente al empresario sanrafaelino Omar Álvarez, quien a su vez era dueño del 40% de Edemsa (la empresa distribuidora eléctrica de Mendoza). Álvarez a su vez es socio minoritario de Cristóbal López en Oil Combustibles en un área de exploración hidrocarburífera. Esta firma actualmente está en convocatoria de acreedores y en la mira de la justicia por una evasión multimillonaria. También es dueño de medios de los grupos San Rafael y Sitio Andino, este último ejerce un importante lobby corporativo en favor de la megamienría y el fracking a través de su línea editorial y sus notas tendenciosas.
Vila y Manzano compraron Andes Energía y Edemsa, quedando Álvarez como socio minoritario con un porcentaje muy bajo. A su vez, Vila y Manzano empezaron a tejer un entramado de numerosas empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales, a fin de conseguir inversores para Andes Energía y poder canalizar el flujo de divisas sin ser controlados ni alcanzados por los agentes impositivos estatales de los países involucrados en sus transacciones comerciales.
Después de esta adquisición, Andes Energía ingresa al Council of Americas (Consejo de las Américas o AS-COA por sus siglas en inglés), una organización creada por David Rockefeller en 1965 para defender los intereses corporativos de las empresas privadas norteamericanas en todo el mundo, hoy dirigida por los CEOs de Barrick, Monsanto y Chevron. A esta organización adhieren también grandes grupos privados argentinos (Clarín, PAE, Techint, Panedile, Pampa Energía, IRSA, etc.), las empresas “nacionales” YPF y Banco Nación y casi todos los partidos políticos, que le rinden pleitesía antes de cada elección.
Luego, en 2015 el grupo Vila-Manzano, a través de Andes Energía, se asocia al holding suizo Mercuria Energy (actualmente una de las corporaciones petroleras más grandes del mundo), quien se presenta en argentina bajo el nombre de Petrolera El Trébol, la cual a su vez va comprando activos de otras empresas. El ejemplo más notable de estas adquisiciones es la de Chañares Herrados, empresa fundida por una gran cantidad de juicios en su contra y multas por contaminar, que curiosamente luego de ser comprada por éstos consigue una recontratación del Gobierno de Mendoza de áreas a punto de ser revertidas, en una maniobra que ha despertado muchas sospechas. En Petrolera El Trébol, la participación accionaria de Vila y Manzano es del 14% aproximadamente.
En setiembre de 2017, Petrolera El Trébol y Andes Energía se fusionan para crear una nueva corporación, denominada Phoenix Global Resources, también con sede el Londres, de la cual Mercuria es dueña del 75% y el grupo Vila-Manzano del 25% restante, manteniendo el ya mencionado entramado de empresas off-shore radicadas en paraísos fiscales. A esta altura, las concesiones petroleras de este grupo abarcan las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Al día de hoy, las concesiones petroleras siguen a nombre de El Trébol, siendo ésta la empresa a la que se le autorizó a hacer fracking por primera vez en Mendoza y en cuya primera prueba “experimental” ya contaminó las aguas superficiales y subterráneas de la Cuenca del Río Atuel.
Actualmente, el Grupo Vila Manzano está interviniendo en otras empresas petroleras para presentarse en las nuevas licitaciones de áreas petrolíferas, llevadas a cabo por el Gobierno de Mendoza, estas son Greco y Guillén Oil Services y la UTE conformada por Selva María e Integra Oil.
El grupo Vila-Manzano es a Mendoza lo que el Grupo Clarín a la República Argentina, con la diferencia que los locales amasaron una fortuna similar en 5 veces menos tiempo. Desde hace al menos 20 años gobiernan en las sombras la Provincia de Mendoza, bajando línea respecto de las grandes decisiones que han tomado las diferentes gestiones de gobierno, todas en sintonía con sus intereses privados particulares.
ATENTI CON LOS QUE CHAPEAN PARA CHAMUYAR A FAVOR DEL FRACKING:
Humberto Mingorance es Secretario de Ambiente de Mendoza, su título es licenciado en diseño gráfico, no tiene ningún tipo de formación académica en las ciencias ambientales, sus antecedentes como funcionario público hay que buscarlos en la Municipalidad de Godoy Cruz donde nunca ocupó un cargo vinculado al ambiente, ya que era el Secretario de Gobierno del entonces intendente Alfredo Cornejo (hoy gobernador). Tampoco tiene antecedentes vinculados a las cuestiones ambientales en la actividad privada. El único profesional idóneo en materia ambiental que tuvo dentro de su repartición ocupando un cargo importante fue Eduardo Sosa, de larga experiencia en la ONG Oikos, quien fue forzado a renunciar, precisamente por la modalidad que eligió Mingorance para dar vía libre al fracking en Mendoza, de cuya aprobación, Eduardo Sosa se enteró a través de los medios…

En esta zona hasta el día de hoy toda la explotación es convencional, más allá de que al principio se efectuó estimulación hidráulica, pero siempre en rocas de formaciones con hidrocarburos convencionales y actualmente es el área más productiva de la provincia. No obstante, por debajo de toda esa zona productiva pasa la Formación Vaca Muerta, con lo cual es susceptible de ser aplicado el fracking cuando el petróleo convencional se agote.
Desde el punto de vista ambiental, se trata de la mayor depredación del medio natural de la historia de Mendoza, puesto que esa extensa región se encontraba con sus condiciones naturales medianamente conservadas hasta hace 10 años atrás y hoy es el impacto humano de la provincia de Mendoza más visible desde el espacio.
Tan sólo dentro de la imagen hay alrededor de 750 locaciones petroleras, no pudiéndose determinar con esta herramienta si hay uno o más pozos en cada una. En teoría cada una debería tener su expediente con su correspondiente estudio de impacto ambiental y audiencia pública (cosa que no puede corroborarse de ninguna manera en los hechos concretos), debiendo existir además una evaluación ambiental estratégica del conjunto de toda esa explotación y sus instalaciones (caminos, redes eléctricas, distribución de agua, ductos, tanques o depósitos, etc.), tal como lo exige el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial. Desde ya, nada de esto existe, más que una aprobación mediante el trámite abreviado de “Aviso de Proyecto” para lo que, reiteramos, es el impacto ambiental más grande en toda la historia de Mendoza.
Si hablamos de controles y en el hipotético caso que éstos se hicieran de manera sistemática en el terreno, los tan sólo 9 inspectores de la Dirección de Protección Ambiental (si es que tuvieran la disponibilidad vehicular, de combustible y de viáticos) tardarían un año en viajar una vez por semana ida y vuelta los 800 km. que separan ese lugar de la capital de Mendoza (donde todos tienen lugar de asiento de funciones), visitar cada una de esas 750 locaciones, verificar in situ que en cada una todo esté funcionando correctamente y a su regreso confeccionar los informes correspondientes de cada una para que sean adjuntados a sus respectivos expedientes. Eso sí: descartando de antemano cualquier tipo de monitoreo de flora, la fauna, aire, agua y suelo, que llevaría mucho más tiempo y que desde ya, nunca se hizo ni se está haciendo específicamente en ese lugar.
¿Se dan cuenta por qué no creemos en la promesa de controles estrictos al fracking (que es una actividad de mayor impacto que la extracción convencional), teniendo en cuenta que además para aprobarlo están eligiendo la vía de la simplificación administrativa, obviando el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública?
NO RESISTEN NI UN ARCHIVO…
Los entonces diputados provinciales (hoy funcionarios) Tadeo García Zalazar, Martín Kerchner y Omar Sorroche, hace 3 años presentaron un proyecto de ley para prohibir el fracking. Hoy defienden esta modalidad extractiva. |
El gobierno de Mendoza en general y la Unión Cívica Radical provincial en particular, se muestran muy verticalistas en el hecho de obligar a que todos los dirigentes se encolumnen dentro de la postura oficial pro-fracking, sin dar lugar al disenso bajo ningún punto de vista. Hay un hecho concreto que avala esto y es que del lado del gobierno sólo han opinado los funcionarios de más alto rango y algunos dirigentes importantes, pero no lo han hecho los técnicos o profesionales de los organismos correspondientes, más allá de que en algún dictamen dentro de los expedientes haya varias firmas.
El Gobierno de Mendoza ha apelado a la estructura del propio partido de la UCR para intentar un disciplinamiento monolítico, al punto que está promoviendo disertaciones de los funcionarios Humberto Mingorance y Emilio Guñazú publicitando la simbología partidaria, siendo que el segundo de los mencionados no es afiliado…
El otro punto a destacar es que quienes hoy son funcionarios o legisladores oficialistas, hasta hace 2 años y medio, cuando eran oposición, tenían un pensamiento completamente diferente. Tal es el caso del actual intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, que cuando era diputado opositor presentó un proyecto de ley para prohibir el fracking en Mendoza (Expediente Legislativo 64605/2013-D), el cual además llevaba la firma de los también entonces diputados Omar Sorroche (hoy funcionario del área de ambiente) y Martín Kerchner (hoy ministro del área a cargo de la actividad petrolera de la provincia) en sus dictámenes de comisión. Este proyecto fue presentado públicamente por los mencionados en varios actos políticos proselitistas.
Nobleza obliga que no obstante lo anterior, Martín Kerchner cuando era diputado opositor, fue parte del escándalo generado por el corruptour a Macedonia, pagado por Minera San Jorge.
Desde ya, la hoy oposición no está exenta de tener el mismo tipo de virajes políticos, pero a la inversa. Este tema no es la excepción, ya que conviene no olvidar nunca que el acuerdo secreto YPF Chevron se suscribió durante el gobierno de Cristina Fernández y que la aprobación en el Congreso de las leyes que lo avalaban fue con la mayoría de que disponía en ese entonces la actual oposición, instancias que se llevaron a cabo echando mano a la censura, la persecución ideológica y sobre todo la represión y criminalización de la protesta social, tal como está ocurriendo actualmente.
Nunca más apropiado para definir a estos políticos veletas la célebre frase de Grucho Marx que precisamente los parodiaba: “Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”.
EL GOBIERNO MIENTE
El Gobierno de Mendoza (devenido en vocero de las corporaciones a las que debería controlar) a través de su aparato comunicacional y por los medios hegemónicos se ha encargado de difundir conceptos erróneos. Hemos elegido algunos, los más difundidos e infundados, para analizarlos y refutarlos con argumentación empírica. Desde ya, este compendio no es completo ni presenta un orden de prioridad.
MENTIRA 1: El fracking es una técnica segura
Existen numerosas publicaciones científicas, estudios técnicos, libros, investigaciones periodísticas y testimonios de gente afectada y de ex-empleados de empresas petroleras que dan cuenta de los efectos devastadores del fracking en aquellos territorios donde se implementa. Basta que el lector realice una búsqueda en internet y no se trata de información falsa ni desactualizada, sino de publicaciones especializadas y avaladas por instituciones científicas del propio sistema. En el caso de quienes nos movilizamos en contra del fracking, las pruebas que tienen más valor empírico son los testimonios de personas afectadas.
En contraposición a ello, si el lector realiza una búsqueda respecto de que el fracking es una técnica segura, lo único que va a encontrar son publicaciones de las empresas que lo llevan a cabo y de los gobiernos que los autorizan, pero no encontrará publicaciones científicas o técnicas independientes a la actividad que puedan acreditar que se trata de una modalidad extractiva exenta de riesgos.
Desde ya, tampoco encontrará ninguna publicación científica o técnica que acredite su eficiencia energética y económica, salvo los balances de las empresas que son subsidiadas para llevarlo a cabo y que no se hacen cargo de sus cuantiosas externalidades.
Algo que tampoco el ciudadano de a pie puede constatar son los detalles que dan los funcionarios sobre la técnica del fracking y sus supuestas medidas de seguridad. Al respecto, resulta imposible verificar in situ
- si se están adoptando las medidas de seguridad que dicen que van a aplicar.
- el estado de las instalaciones y sobre todo las perforaciones en profundidad.
- si se producen o no derrames en superficie o en profundidad
- para donde van las fracturas cuando se inyecta la mezcla de agua con químicos y arenas a alta presión
- si las fracturas alcanzan o no niveles freáticos, fallas geológicas o cualquier otra cavidad interna que pueda dar lugar a la despresurización y/o migración del fracturante y los hidrocarburos
- cuántos y cuáles químicos se usan, ya que sus fórmulas son mantenidas en secreto como estrategia comercial de las empresas petroleras
- dónde son dispuestas las aguas de formación y la mezcla fracturante sobrante o que retorna a superficie, etc, etc…
En síntesis, No se puede verificar en una explotación no convencional nada de lo que dicen los funcionarios, pues el ciudadano de a pie no tiene ninguna manera de comprobar si lo que dicen es verdad.
Los funcionarios pretenden que la población confíe en informes que no están exentos de poder ser dibujados, en controles que materialmente serían imposibles de llevar a cabo (como vamos a demostrar más adelante) y sobre todo en procedimientos donde en todo momento se procura la simplificación administrativa y eludir cualquier instancia que implique la participación ciudadana (Evaluación de Impacto Ambiental, Audiencia Pública, etc.)
MENTIRA 2: El fracking se hace en Mendoza desde hace 50 o 60 años



Para reafirmar esta frase contraria a lo expresamente explicitado en infinidad de trabajos científicos publicados al respecto y a los hechos públicos y notorios reflejados en distintas fuentes de información, los funcionarios del gobierno no pudieron haber tenido mejor idea que recurrir una vez más al insulto y la descalificación, en vez de aportar una explicación racional al debate, como la dan las fuentes citadas.

El proceso de fracturación hidráulica produce microsismos de manera rutinaria que pueden alcanzar magnitud 3.6 (ver: Ellsworth, William L. 2013. “Injection-Induced Earthquakes” en revista Science 341. EEUU.), intensidad que puede considerarse de bajo riesgo. Si bien pareciera no ser destructiva, su recurrencia cotidiana puede dar lugar al debilitamiento paulatino de construcciones y obras de infraestructura con estructuras rígidas. Sin embargo, la inyección de las aguas residuales al subsuelo en pozos de inyección (resultantes del proceso de exploración y extracción mediante fracking) representa un alto riesgo sísmico de tipo severo, pues puede producir sismos de mayor magnitud. Tan solo en el 2011 se produjeron en EEUU cinco sismos de magnitud ≥5 por esta causa, el mayor de ellos en Oklahoma de 5.7, que dañó viviendas y lastimó a algunas personas (ver: Keranen, Savage, Abers, Cochran. 2013. “Potentially induced earthquakes in Oklahoma, USA”, en revista Geology G34045.1. EEUU.). Estas condiciones además, son propicias para la amplificación de terremotos tectónicos.
Está demostrado que por ser una forma de obtención de energía con tasa de retorno energético menor a 1, el fracking es antieconómico y por eso es que tiene que ser subsidiado para que las empresas que lo realizan reporten ganancias. Este subsidio a la actividad resulta muy oneroso para las arcas del Estado (imposición de precios sostén a la actividad) y los bolsillos de la población en general (en el caso de los tarifazos, que también van destinados a subsidiar el fracking), sin contar que además la actividad tiene innumerables externalidades, que no son afrontadas por las empresas ni los gobiernos que les abren las puertas, por el contrario, son costos absorbidos por la comunidad en su conjunto, que padece sus devastadores impactos ambientales, sociales y económicos.
Más allá de eso, conviene también mencionar que la producción de pozos no convencionales es muy corta en el tiempo y muchas veces no amortiza el monto invertido, situación que ha despertado polémica en el ámbito político. Cada pozo no convencional vertical cuesta en Argentina en promedio 7,6 millones de dólares; asimismo, cada pozo no convencional horizontal cuesta en promedio 12 millones de dólares. Estamos hablando sólo del costo de la perforación exclusivamente, dejando de lado los demás ítems, como movimientos de suelo, traslados de insumos, sueldos del personal, etc.

De acuerdo a estadísticas de la ex-Secretaría de Energía de la Nación (Hoy Ministerio de Energía y Minería), entre 2011 y 2015 la empresa YPF perforó 287 pozos en el yacimiento Loma Campana (Añelo). Estos números están mostrando que:
- 55 (19%) tuvieron una vida útil promedio de un mes.
- 169 (59%) tuvieron una vida útil de 6 meses.
- 55 (19%) tuvieron una vida útil promedio de 2 años.
- 8 (3%) superaron los 3 años de vida útil.
De acuerdo al valor en precio sostén (U$S 78 BB de petróleo y U$S 7,50 MBTU de gas) de la producción mostrados en el cuadro precedente y a lo expresado en relación a las inversiones por pozo declarada por las empresas, se puede calcular a grandes rasgos que:
- Los 55 pozos que duraron un mes significaron recuperar sólo el 13% de la inversión.
- Los 169 pozos que duraron 6 meses significaron recuperar el 58% de la inversión.
- Los 55 pozos que duraron 2 años significaron recuperar la inversión y tener además un superávit del 18%.
- Los 8 pozos que duraron más de tres años significaron recuperar la inversión y tener además un superavit del 110% .
Desde ya, la ganacia extraordinaria de los 8 pozos que duraron más tiempo no alcanza a cubrir el balance negativo de los 224 que dieron pérdida (y además tengamos en cuenta que estamos hablando de valores a precios sostén, o sea subsidiados por el Estado). Recordemos además que la inversión en Loma Campana es básicamente un préstamo que Chevron le otorga a YPF para que perfore y extraiga por su cuenta, con lo cual no hay inversión de riesgo, ya que está claramente definido en el acuerdo secreto YPF-Chevron, que quien responde ante las posibles pérdidas económicas es el Estado Argentino, garante de este acuerdo. La misma modalidad está fijada para los acuerdos secretos que YPF suscribió con otras corporaciones de la misma envergadura, como Dow-Dupont, Petronas, Petrobras, Total, Shell, etc.
Con estos números queda claro que Vaca Muerta es “Eldoradismo” en estado puro: una burbuja especulativa financiera de enormes proporciones, que además nos está llevando puestos en lo ambiental y en lo social y pretende ser impuesta sin licencia social y mediante prácticas ajenas a la institucionalidad democrática, como lo son la persecución ideológica, la intimidación pública y amenazas a quienes se oponen, y fundamentalmente la represión y criminalización de la protesta social.
EL USO DEL INSULTO Y EL COMENTARIO PEYORATIVO COMO ÚNICA SALIDA DEL GOBIERNO PARA ELUDIR EL DEBATE FUNDAMENTADO POR LOS IMPACTOS NEGATIVOS DEL FRACKING
Ante la falta de argumentos y atento a verse sorporendido por la protesta social, el Gobierno de Mendoza tuvo una reacción muy de manual: recurrir al insulto o al comentario peyorativo hacia quienes nos oponemos al fracking, recurriendo a su propio aparato comunicacional y al de los medios hegemónicos para propalar este mensaje falaz; amparados en la creencia anacrónica de que propalar una mentira insistentemente por todos los medios disponibles y sin dar lugar al derecho a réplica, puede mover el amperímetro de la opinión pública en pleno siglo 21. Sin embargo, la masa crítica conformada (tras la revelación de documentos oficiales mantenidos en secreto por el Gobierno de Mendoza que constatan la contaminación en las primeras fracturas autorizadas) ha sido lo suficientemente consistente y se ha informado por sus propios medios, como para no dejarse correr por esta estrategia comunicacional poco feliz elegida por los funcionarios.
En este sentido conviene hacer mención que en pos de desviar la cuestión del asunto, el Gobierno de Mendoza y los medios hegemónicos pretendieron instalar en la opinión pública que las movilizaciones populares contra el fracking responden a “audios cargados de imprecisiones que se viralizaron por las redes sociales”. La existencia de estos audios y de su contenido en parte cuestionable (no todo) es real; sin embargo, su difusión fue posterior a la revelación de los datos ocultados por el gobierno respecto de la contaminación del agua superficial y subterránea de la cuenca del Río Atuel y también posterior a las primeras movilizaciones masivas ocurridas en General Alvear.
La maniobra engañosa del Gobierno de Mendoza no sólo queda al desnudo con un simple cotejo de fechas, sino también por el hecho de que la sociedad mendocina en general no es fácil de manipular con discursos superficiales o simplificadores con respecto a un tema tan delicado y sentido para el pueblo, como lo es el cuidado del agua. En síntesis, cuando los funcionarios pretenden mentir públicamente o tergiversar la información con respecto al cuidado del agua, como la gente no come vidrio, rápidamente quedan en evidencia.
Esta mentira oficial queda más al descubierto con el hecho de que absolutamente todos los dichos de los funcionarios de gobierno difundidos hasta ahora por los medios no pueden ser contrastados con ningún hecho concreto o en alguna fuente información disponible (fuera de las específicas generadas por las propias corporaciones interesadas en el negocio), no existiendo ningún tipo de publicación científica avalada por alguna institución académica que corrobore el mensaje del gobierno, así como tampoco es posible que el ciudadano de a pie pueda comprobar (de alguna manera empírica o in situ) que lo que dicen los funcionarios es verdad.
Evidentemente, la defensa del gobierno del fracking con insultos a quienes se oponen y sin argumentación concreta, no es una explicación técnica de la cosa (como pretenden hacerle creer a la gente los funcionarios), sino un discurso político-partidario que recuerda mucho a las promesas vacuas que se vociferan por doquier en tiempos de proselitismo electoral.
La totalidad de los funcionarios de alto rango del Gobierno de Mendoza salieron a proferir insultos y comentarios peyorativos hacia quienes nos oponemos al fracking, en vez de responder al asunto central del debate, que básicamente es la gran cantidad de información técnica, científica, legal y testimonial respecto de los impactos negativos ambientales, sociales y económicos del fracking. Esta andanada de epítetos es replicada en forma textual y amplificada por la totalidad de los medios hegemónicos de Mendoza. De izquierda a derecha y de arriba a abajo:
- Gobernador Algredo Cornejo “Los metemiedo son unos pocos vivos que estafan a los vecinos en su buena fe” (Diarios Mdzol, El Sol, Ciudadano, San Rafael y Sitio Andino, 9-10/5/2018, el video además está subido a la cuenta de You Tube del Gobierno de Mendoza).
- Vicegobernadora Laura Montero, es quien más ha apelado a la verborragia: en una sola entrevista de pocos párrafos empleó las palabras: fundamentalistas, fundamentalismo, enfervorizados, violencia, irracionales, aterrorizar, apocalípticos, locura, psicosis, pánico, complot, inverosímiles, ilógico, extremismo, etc… (Diarios Mdzol, Sitio Andino, Unidiversidad, Ser y Hacer de Malargüe, etc. 27-28/4/2018).
- Ministro de Economía Martín Kerchner “la campaña anti-fracking es terrorismo” (Diario Sitio Andino, El Ciudadano, etc 26/4/2018) después de estas declaraciones tan improcedentes como inapropiadas se llamó al silencio.
- Subsecretario de Energía y Minería Emilio Guiñazú “muy poca gente sabe lo que está diciendo” “se han dicho tantas barbaridades” (Diario Mdzol, Mendoza Post, Jornada on line, Enernews, etc; más un video en You Tube. 14 al 18/5/2018), este funcionario además en un programa televisivo insultó al contrincante, calificándolo de “pavo”. Recordemos que este funcionario está imputado por la justicia de brasil en la causa Oderbrecht que sustancia la justicia federal de ese país.
- Secretario de Ambiente Humberto Mingorance, también apela a la verborragia y al insulto, acusando de terroristas, fundamentalistas, antidemocráticos y grupos radicalizados a quienes se expresan contra el fracking (Diario Mdzol, Los Andes, Uno, etc. 24 al 28/5/2018).
- Directora de Protección Ambiental Miriam Skalany “Hablar desde la ignorancia es meter miedo” “es absurdo hablar de pueblos sacrificados” (Diarios Mdzol, Mendoza Post, Libre, Vox, etc 24-25/4/2018), esta fincionaria además recurre permanentemente al chapeo, como si supuestamente tener un título reúne privilegios dentro de un debate que es eminentemente ideológico, más allá de lo técnico.
EL MARCO FILOSÓFICO DEL DEBATE POR EL FRACKING EN MENDOZA
De todos modos, conviene volver a insistir en que el debate pierde validez cuando:

Es fundamental tener en cuenta que, para evitar cualquier tipo de chicana técnica tendiente a direccionar o compartimentar el conocimiento dentro del debate, así como también para echar por tierra cualquier tipo de discurso político del lobbyng corporativo y de los estamentos del estado que responden por su cuenta y orden; el análisis del modelo extractivista en general y del fracking en particular, así como el de todos los actores involucrados en su imposición (empresarios, lobbystas, periodistas de medios hegemónicos y sus dueños, funcionarios, masa obsecuente, etc.), debe indefectiblemente abordarse desde el enfoque del conocimiento multidisciplinario y el pensamiento crítico.