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Los viejos negocios turbios de Vicentin: evasión, fuga y estafa

El millonario préstamo del Banco Nación Argentina a Vicentin desnuda una trama de desfalco al Estado con la connivencia del ex presidente Mauricio Macri. La misma maniobra había sido realizada con una firma de Luis Miguel Etchevehere. Tiempo atrás, Vicentin fue investigada por operaciones de triangulación hacia otros países para fugar divisas: la “soja blue”, las facturas truchas, la evasión de impuestos, el comercio ilegal de granos y el manejo de los puertos. Los juicios de AFIP contra la empresa. ¿El préstamo se usó para financiar la campaña de Cambiemos?

El millonario préstamo del Banco Nación Argentina (BNA) a la agroexportadora Vicentin desnudó una “maniobra fraudulenta” por parte de la entidad que conducía Javier González Fraga hasta el 10 de diciembre del año pasado. Ese fue el calificativo que le dio el director Claudio Lozano en un informe elevado al directorio del BNA el pasado 16 de enero.

¿Fue un hecho aislado o una práctica sistemática durante la gestión de la Alianza Cambiemos? La misma entidad, pero cuando era presidida por Carlos Melconian, le había otorgado un préstamo a Luis Miguel Etchevehere, ex ministro macrista y dueño de Las Margaritas SA, por un supuesto caso de emergencia agropecuaria pero ese dinero fue redireccionado a otra cuenta del ruralista para cubrir otro préstamo (con el Banco Itaú), todo como parte de una maniobra mayor para “legitimar” otra maniobra fraudulenta cuyo objetivo era vaciar una sociedad de su propiedad (expediente CFP N° 17334/2016).

El otro tema que devela este caso (algo así como un secreto a voces) son las operaciones de triangulación hacia otros países –algunos calificados como de baja o nula tributación– con el objetivo de eludir el pago de impuestos. Vicentin tiene sociedades constituidas en Paraguay y Uruguay, además de estar asociada al gigante Glencore, radicado en Suiza. Es decir, la sociedad en cuestión posee la autopista necesaria ¿legal? ¿legítima? para fugar dinero del país.

Pero hay más. En su enorme estructura societaria, Vicentin maneja sus propias terminales en el Puerto de San Lorenzo y en la empresa Terminal Puerto Rosario. Es decir, es dueña de los puertos por donde exporta su producción. ¿Por qué este dato debería ser relevante? En 2014, este periodista investigó una trama de comercialización de “soja blue” a través de una extensa red de empresas fantasmas y facturas apócrifas con epicentro en Córdoba. El último eslabón beneficiado por ese esquema eran las exportadoras, entre ellas Vicentin que le reclamaba al fisco reintegros por un dinero que nunca había ingresado a las arcas públicas gracias al esquema de facturas apócrifas (ver “Soja Blue”).

La posible maniobra fraudulenta entre el BNA y Vicentin abrió otro interrogante: ¿debería el Estado nacional nacionalizar o hacerse cargo de la empresa bajo el imperio de la ley de quiebras? Para el legislador de la provincia de Buenos Aires, Francisco Durañona, sería “una decisión estratégica” que le permitiría al Estado ser un jugar de peso en la comercialización de granos con el objetivo de beneficiar a los productores que son quienes financian el pago de retenciones de las grandes exportadoras.

Maniobra fraudulenta

El préstamo que le otorgó el BNA por 18.300 millones de pesos tenía por destino “prefinanciar exportaciones”; esto quiere decir que una vez concretadas las ventas al exterior, la empresa debía cancelar dicho pasivo. Pero no sucedió. No es que Vicentin no haya obtenido ganancias. Todo lo contrario. La sociedad tuvo ingresos más que jugosos por sus ventas al exterior durante todo el ciclo macrista.

“En el acumulado anual del período 2015-2018, mientras el total de las empresas de mayor facturación tuvieron una expansión de ventas del 51,36% de promedio anual, Vicentin superó ese porcentaje ampliamente en un 83,87% de promedio anual”, sostuvo Claudio Lozano en el informe que elevó al directorio del BNA el pasado 16 de enero.

Según el Balance 2018, la empresa tuvo ventas por 118.000 millones de pesos. Esto quiere decir que el préstamo del BNA equivale solamente al 15,7 por ciento del total de sus ventas. “No parece que existiera un problema de stress financiero como declararon”, indicó Lozano a Nuestras Voces.

¿Para qué se utilizó ese dinero? La empresa Vicentin fue una de las principales aportantes a la campaña de Cambiemos con 13,5 millones de pesos. ¿Devolución de favores? Ese aporte “político” lo hizo a través de distintas sociedades vinculadas: Oleaginosa Moreno (clave en todo el entramado como podrá verse más adelante), Algodonera Avellaneda y Frigoríficos Friar S.A.

Para el economista Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), el préstamo del BNA podría haber sido “redireccionado hacia otros bancos en el exterior” según indicó a Nuestras Voces. La triangulación (ver subtítulo) –para pagar menos impuestos y fugar divisas– es otra de las maniobras habituales de la empresa. Quizás ahí esté la clave de todo lo que devela esta “maniobra fraudulenta”.

El Banco Nación ya inició los sumarios correspondientes donde advirtió que el cuestionado préstamo nunca tuvo la firma del Directorio ni de su ex titular, González Fraga. Es decir, la conducción política del banco público evitó dejar los dedos pegados. Según narró Lozano, cada vez que desde el Banco se interpelaba a la empresa por su manejo financiero, sus dueños amenazaban con “llamar al Presidente”. El “Presidente” no era González Fraga sino Macri quien sí se comunicaba con su subalterno con la orden de no molestar a Vicentin por la nimiedad de 18.300 millones de pesos. El sumario interno apunta a ver qué ocurrió con la subgerencia de la banca corporativa, la gerencia general y zonal del banco que son quienes pusieron su firma.

Una pregunta queda latente: ¿esta “maniobra fraudulenta” fue un hecho aislado o existe una práctica sistemática detrás? La AFIP tiene varios juicios en contra de Vicentin. Uno de ellos es por una posible sobre estimación de costos y la alteración de la base sobre la que deben calcularse los derechos de exportación. La AFIP supone que la empresa incurrió en el delito de sub-declarar exportaciones –indicó Lozano– y así pagar menos retenciones. La mayoría de las exportadoras hicieron esta jugada entre finales de 2007 y 2008, previo al conflicto por la Resolución 125.

“En el ejercicio cerrado en octubre de 2018 las ventas dirigidas al mercado interno alcanzaron los 14.817 millones de pesos (12,7% del total), en cambio las exportaciones sumaron 101.456 millones de pesos (87,3% del total). Los derechos de exportación (retenciones) que devengaron a favor de AFIP alcanzaron los 12.242 millones de pesos, apenas un 12% sobre el total de las ventas externas, lo cual explica parte del litigio que mantiene con AFIP”, agregó Arelovich.

Triangulación

Los nombres detrás de la empresa son las familias Vicentin, Padoan, Nardelli y Buyatti. Alberto Padoan, presidente de la empresa, fue también titular de la Bolsa de Comercio de Rosario y estuvo procesado durante un tiempo en la extorsiva “Causa de los Cuadernos”. Más allá de los nombres propios, quizás sea más relevante poner sobre la mesa la cantidad de empresas vinculadas tanto en el país como en el exterior.

Vicentin es parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país, y otras en Uruguay, Paraguay, Brasil y España. En 2007, se asoció a Oleaginosa Moreno Hermanos SA, una compañía controlada por la suiza Glencore. Juntas armaron Renova para la comercialización de biosiesel. En 2010 se les sumó Molinos Río de La Plata.

Entre las 16 firmas locales están las terminales portuarias, fabricación de biodiesel, algodoneras, agrotóxicos, etc. Las vinculas o controladas en el exterior son las siguientes: Tastil S.A. (Uruguay); Vicentin SAIC – Sucursal Uruguay; Vicentin Paraguay; Vicentin Brasil y Vicentin España.

La particularidad sobre Vicentin Paraguay es que también controla el 16,67 por ciento del capital de Renova que a su vez tiene vinculación con la suiza Glencore (vía Oleaginosa Moreno Hermanos).

“La empresa con sede en Asunción le permite a Vicentin girar utilidades al exterior por una porción de las ganancias de Renova, mientras que la empresa ubicada en Montevideo es la pieza societaria que le permite triangulación de exportaciones”, sostuvo un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) publicado el pasado 12 de diciembre.

Lozano fue más específico. “Renova materializa el acuerdo estratégico que Vicentin tiene con el Grupo Glencore, Trader mundial de granos, acuerdo que dio lugar a una situación donde resulta difícil separar qué pertenece al Grupo Vicentin y qué pertenece al Grupo Glencore. En tanto la participación mayoritaria en la empresa Renova remite a firmas extranjeras (Glencore y Vicentin Paraguay). Es decir, Renova termina siendo una empresa extranjera que sirve para distribuir utilidades dominantemente hacia Ginebra y Asunción.”

Las multinacionales agropecuarias venden su producción a sus filiales en otros países antes de enviar los granos o aceites o biodiesel al destino final. A partir de esta triangulación logran eludir el pago de impuestos en su país de origen. Es un esquema “legal” pero que genera perjuicios al fisco. Es una forma de obtener una ganancia extraordinaria a partir de los “precios de transferencia”.

“En Argentina, desde la década del ´40 hasta 2017 tuvimos un mecanismo para controlar los precios de exportación de los commodities. A partir de 2003, ese mecanismo fue conocido nacional e internacionalmente como el sexto método. Varios países exportadores de commodities siguieron nuestro ejemplo, incorporándolo a sus legislaciones. En un caso reciente del Tribunal Fiscal de la Nación (en el caso de Maltería Pampa), se conoció su eficacia para llegar a un precio inobjetable, su utilidad para que el tribunal pueda tener un fallo claro, en el caso en el que interviene un intermediario sin sustancia económica. La reforma tributaria de 2017 eliminó este método en la práctica. Hoy se les pide solamente un contrato, y si no existe, entonces se aplica el sexto método. Pero un contrato entre partes vinculadas puede ser una ficción”, explicó a Nuestras Voces la economista Verónica Grondona Olmi, integrante de la Tax Justice Network.

Es decir, la administración Macri abrió la puerta para que las grandes empresas de commodities continúen con la elusión en el pago de impuestos.

Soja Blue

En 2014, este cronista investigó una trama de venta de soja a través de empresas fantasmas y el uso de facturas apócrifas. Una de las “terminales” de toda la operación para ingresar al mercado formal la soja comercializada de manera ilegal era Vicentin, según las pruebas recogidas en los juzgados federales de Villa María a los que tuvo acceso este periodista.

¿Cómo era la maniobra? Según determinó la AFIP, la operación evasiva se concretaba mediante la compra en negro del cereal por parte de un acopiador, para con posterioridad proceder a vender el grano a las exportadoras o la industria por intermedio de un corredor, momento en el que se emitían las respectivas liquidaciones de compra a nombre de sujetos, muchas veces insolventes. Sobre el tramo final de la operatoria, el exportador solicitaba el recupero del IVA por las operaciones de exportación y el organismo recaudador le devolvía un crédito fiscal del cual una parte nunca había ingresado al fisco debido al uso de facturas apócrifas.

Los dos fiscales que intervinieron en la instrucción de la causa fueron Facundo Trotta y Virginia Carmona. En su análisis del caso, Carmona sostuvo: “Una empresa APOC compraba determinada cantidad de soja en forma ilegal, y el único soporte documental eran las personas físicas o jurídicas falsas, que forman parte de la asociación ilícita. Lo único verdadero era cuando ese grano llegaba a los exportadores. Es decir, éstos no podían desconocer la maniobra, por eso la frutilla del postre de toda esta operatoria era cuando las exportadoras reclamaban a la AFIP el reintegro del IVA que nunca ingresó al fisco”. La investigación original fue publicada por Página/12 el 23 de febrero de 2014.

La asociación ilícita vendía la soja directamente a los exportadores, siempre con empresas fantasmas. Pero en un momento la maniobra les resultó burda entonces introdujeron otras sociedades formales pero que pertenecían a los mismos integrantes de la asociación ilícita denunciada. La investigación demandó varios allanamientos de donde surgieron las planillas con los vínculos con determinadas exportadoras, entre ellas Vicentin.

Al intervenir en el caso, la Procelac determinó que la sistematicidad de las operaciones con Vicentin era la siguiente: de la empresa apócrifa Algecira se procedía a blanquear el grano a través de la sociedad Compañía Agraria SA, compañía integrada por los mismos acusados de haber ideado la maniobra de evasión. De ésta última sociedad “salían” los granos hacia la exportadora. Todas las operaciones vinculadas a Vicentin tuvieron la participación de la corredora utilizada para “legitimar” la operación. La fiscalía de Villa María encontró 59 operaciones entre las empresas APOC, Compañía Agraria SA y Vicentin, a partir de la cual luego la exportadora reclamaba los reintegros a la AFIP.

La causa sigue abierta (FCB 62000069/2008/29/CA5) pero sólo se investiga la trama vinculada a las empresas APOC y el uso de facturas apócrifas. Hasta el momento no se avanzó con el capítulo vinculado a las exportadoras.

¿Una oportunidad?

Para el legislador de la provincia de Buenos Aires, Francisco Durañona, el Estado podría basarse en la actual Ley de Concursos y Quiebras para tomar el control de Vicentin. “Sería una decisión estratégica teniendo en cuenta que la sociedad tiene puertos, exporta alimentos, bio combustible, etc”, reflexiona.

La lógica de esta intervención podría ser la siguiente: se sabe que las exportadoras le “cobran” las retenciones a los productores; es decir que los Derechos de Exportación que deberían pagar los grandes jugadores son financiados por quienes solo comercializan en el mercado local. A esta situación hay que sumarle lo ya narrado sobre las triangulaciones y precios de transferencias. Es decir, las agroexportadoras siempre pagan menos de lo que debieran.

Entonces, con una presencia fuerte del Estado, se le podría comprar la producción a los productores sin descontarles las retenciones, y el Estado podría ser quien exporte directamente. Una idea –estratégica– que necesitaría una correlación de fuerzas muy diferente a la actual.

@spremici

Fuente: Nuestras Voces

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