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Jueces puestos a dedo por Macri protegen al millonario Lewis

El grupo económico Tavistock Group, vinculado al millonario inglés Joe Lewis, continúa bajo el ala protectora del macrismo residual. Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens –designados a dedo por el ex Presidente– ratificaron un sobreseimiento en la causa que investiga la compra fraudulenta de 11 mil hectáreas de tierras en Bariloche en lo que se conoce como Lago Escondido. La fiscalía pidió que se anule la decisión. Los detalles del fraude. La denuncia de Frigerio. Los negocios con Marcelo Mindlin y la relación con Mauricio Macri.

Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens –puestos en ese cargo a dedo por el ex Presidente– ratificaron un sobreseimiento en la causa que investiga la compra fraudulenta de 11 mil hectáreas de tierras en Bariloche en pleno menemismo.

En diciembre del año pasado, los camaristas no sólo dejaron firme una primera sentencia del juez Rodolfo Canicoba Corral sino que eludieron la participación del fiscal general José Luis Iturbe de manera arbitraria. El representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que el accionar de los camaristas “exhibe la existencia del supuesto de gravedad institucional”. Para la fiscalía, existió una exclusión “arbitraria”, por lo que el pasado 30 de enero presentó un recurso para que la Cámara de Casación Penal anule el sobreseimiento de Lewis y le permita a la fiscalía llevar adelante su argumentación.

Lewis compró 11 mil hectáreas de tierra en lo que se conoce como Lago Escondido en 1996; el caso es por demás emblemático por donde se lo mire. Las maniobras fraudulentas incluyeron funcionarios del menemismo, funcionarios provinciales y testaferros, como Nicolás Van Ditmar, un empresario clave en la persecución que hiciera la ex ministra Patricia Bullrich a las comunidades mapuches de la Patagonia.

El británico no sólo se quedó con el Lago –materia también de impugnación judicial por la manera en que le clausuró el paso a la ciudadanía– sino que desde allí montó una serie de negocios energéticos que lo llevan directamente al macrismo, vía Marcelo Mindlin. En 2016, Macri defendió personalmente a su “amigo” luego de alojarse unos días en su estancia. Ambos se conocieron, justamente, en 1996.

¿Por qué los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens evitaron la opinión del fiscal Iturbe? Éste, junto a la Procuración de Investigaciones Administrativos (PIA) son quienes sostienen que la forma fraudulenta en la que Lewis se quedó con 11 mil hectáreas constituye un delito vigente, es decir que no prescribió. Así también lo entendió un dictamen jurídico del Ministerio del Interior de 2017.

“La decisión (de no permitirle a la Fiscalía General opinar sobre el recurso en cuestión) es la culminación de un proceso descarriado, y tanto el trámite como ese producido son manifestaciones de una actividad que, por su desapego a las leyes, exhiben la existencia del supuesto denominado gravedad institucional que merece ser destacado. El acontecimiento agraviante lo constituye la injustificada exclusión de esta Fiscalía General”, sostuvo Iturbe en el recurso presentado el pasado 30 de enero ante Casación Penal.

En su escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal escribió algunas líneas vinculadas a la cuestión de fondo: “El hecho investigado (la venta de tierras que terminaron en manos de Lewis en 1996) conlleva la gravedad que entraña haberse opuesto a las decisiones de política pública de defensa nacional”.

El 24 de marzo de 2016, Macri pasó unos días de vacaciones en la Estancia Lago Escondido. Luego, en una conferencia de prensa sostuvo que él y Joe (Lewis) eran amigos desde hacía 20 años. Bruglia, Bertuzzi y Llorens llegaron a la Cámara Federal luego de que el macrismo jugara sus fichas para sacarse de encima a los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballesteros, Eduardo Farah entre abril y junio de 2018. Sobre Llorens –primo de quien fuera secretario Legal del Ministerio de Planificación Federal cuando Julio De Vido era ministro– las crónicas de la época llegaron a instalar –sin ruborizarse– que Angellici había estado detrás de su designación. Es el poder residual del macrismo que sigue haciendo estragos.

“La mención ordenada de los actos que componen el incidente es ilustrativa: deja al descubierto que luego de una inicial notificación a esta fiscalía y de su manifestación concreta y explícita de la voluntad de participación de la apelación, sin motivos, la decisión o la práctica del Tribunal la excluyó del trámite del recurso”, argumentó Iturbe.

Mientras tanto, Lewis sigue ganando tiempo.

El fraude

La denuncia penal contra Lewis y distintos funcionarios públicos que actuaron en la década del ’90 hace eje en la violación a la Ley de Seguridad de Frontera, la cual impedía venderle tierras a personas extranjeras. Para “saltar” esa restricción, el británico se valió de una red de testaferros que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Las llamadas “Zonas de Seguridad” son las regiones limítrofes definidas por una extensión de 150 kilómetros en área continental y 50 kilómetros en el área marítima. Si bien la ley original prohíbe que cualquier persona de otro país pueda adquirir porciones de tierra en estas zonas, existe la posibilidad de solicitar un pedido de previa conformidad ante el Ministerio del Interior, donde deben cumplirse ciertos requisitos para la adjudicación. El amigo personal de Mauricio Macri evadió ese requisito a través de una serie de prestanombres.

* El 17 de junio de 1994 se constituyó la empresa HR Properties Buenos Aires SA, con asiento legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha compañía suscribió 12.000 acciones y estaba integrada por Alfredo Rovira y Miguel Gesuiti. Dos años más tarde se incorporó como titular de la sociedad el abogado Lisandro Alfredo Allende.

* El 19 de junio de 1996, Allende se presentó como el titular de HR Properties Buenos Aires para solicitar una autorización para comprar 7789 hectáreas en una zona de seguridad de frontera. El inmueble estaba designado catastralmente como 20-1-600400. La autorización llegó el 2 de julio de ese mismo año. “La peticionante es una persona jurídica argentina cuyo presidente es un argentino nativo que carece de antecedentes desfavorables”, puede leerse en el dictamen de la Comisión Nacional de Seguridad de Frontera.

* Sin embargo, para el momento en que esta empresa había recibido el visto bueno para quedarse con esas tierras, HR Properties Buenos Aires ya había cambiado su composición accionaria. El 5 de mayo de 1996, a través de una asamblea, la sociedad mutó a Hidden Lake SA (Lago Escondido SA) y sus accionistas pasaron a ser Lago Corp, representada por Rovira, y Charles Barrington Lewis, hijo de Joe.

* El 30 de agosto, Hidden Lake escrituró un total 8036 hectáreas a pesar de que la autorización para adquirir esa porción del territorio cordillerano correspondía a otra persona y empresa. El fraude se había consumado.

* Para septiembre de aquel año, la sociedad de Lewis se presentó directamente como la continuadora de HR Properties SA e invocó la autorización concedida en el expediente SO-21662, para quedarse con otras 2760 hectáreas, una fracción lindera a la compra original.

* En diciembre de 1996, el mismo Lewis informó a la Superintendencia Nacional de Fronteras – Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que el 29 de agosto había sido modificado el Directorio de la sociedad y que él era el único director y presidente. Según el libro “ArgenPapers”, de los periodistas Santiago O’donnel y Tomás Lukin, en ese mismo año Lewis constituyó en Bahamas Lago Escondido Inc.

La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) investigó a fondo la maniobra y en 2012 avanzó con una causa penal, que es la que todavía está en trámite. “Además del hecho de corrupción, la maniobra investigada viola normas que están destinadas a proteger la soberanía nacional y el cierre de la causa en cierta medida tendería a estabilizar semejante vulneración”, sostuvo la Procuración en un escrito presentado en 2017.

Lewis compró las tierras del Lago Escondido a través de la Inmobiliaria Van Ditmar, la misma que actuó de intermediaria para la llegada de Benetton a la zona de Cushamen (Chubut), epicentro de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

Actualmente, Nicolás Van Ditmar es testaferro de Joe y director de Hidden Lake SA y titular de Bahía Dorada, la sociedad que enmascara la pista de aterrizaje que se construyó el británico.

Defensa macrista

El 20 de marzo de 2017, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, bajo la gestión de Rogelio Frigerio, emitió un duro dictamen en el que sostenía que la operatoria de Lewis debía ser considerada “nula de nulidad absoluta”.

“El acto por el que se otorgó la previa conformidad es nulo de nulidad absoluta por tener vicio en la causa por falsedad en los hechos. Hidden Lake S.A. se presenta como continuadora de H.R. Properties Buenos Aires S.A. Esta última empresa había obtenido la autorización para la compra de tierras por tratarse de una persona jurídica argentina cuyo presidente era un argentino nativo que carecía de antecedentes desfavorables. Sin embargo, Hidden Lake S.A. era una sociedad con un socio mayoritario desconocido y otro extranjero. Es decir, que se otorga la previa conformidad a esta última en base a la que se le había otorgado con anterioridad a H. R. Properties, pese a los cambios que se habían producido en el seno de la sociedad y que se contaba con los documentos que acreditaban la nueva denominación, la nueva composición social y el cambio de directorio con miembros extranjeros.”

A pesar de estos antecedentes, Frigerio decidió no avanzar con la denuncia administrativa. La compra de tierras por parte de Lewis también fue objetada por el ex Procurador General de la Nación, Carlos Balbín, quien recomendó el inicio de acciones de lesividad, las cuales son imprescriptibles. El argumento de Frigerio fue que la causa ya había prescripto, por ende no había nada por hacer y que el Estado nada ganaría de avanzar con una acción de lesividad.

Registro adulterado

La defensa macrista para los tenedores de tierras en el Sur, como Lewis, también incluyó la adulteración del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR). A diciembre de 2015, el total de territorio extranjerizado en Bariloche equivalía al 21,5 por ciento del total de tierras rurales. Para enero de 2019 había descendido al 13,5 por ciento.

¿Quiénes eran los dueños de esas tierras? Según los datos del RNTR de 2015 a los que accedió este periodista, los titulares eran Hidden Lake (Grupo Tavistock), propiedad de Joe Lewis, con 11 mil hectáreas; y el Grupo Burco, de nacionalidad belga, con 24 mil hectáreas, distribuidas en distintas fracciones de campo. Luego Burco transfirió parte de sus campos a capitales de Qatar. Las 36 mil hectáreas (sobre un total de 169.391 hectáreas rurales) equivalían al 21,5 por ciento de extranjerización.

Pero en enero de 2019 había 13 mil hectáreas menos en poder de extranjeros aunque Lewis, Burco y los empresarios de Qatar seguían con sus operaciones en Bariloche. A través de un pedido de acceso a la información pública realizado por este cronista, la funcionaria macrista Cristina Brunet, a cargo del RNTR, evadió todas las preguntas sobre las operaciones de compra-venta que justificaran tamaños cambios en el registro. La manipulación –quizás con el objetivo de generar mayores posibilidades de extranjerización– fue evidente.

Negocios energéticos

A partir de la apropiación fraudulenta de esas 11 mil hectáreas en la década del ’90, Lewis montó una serie de negocios vinculados a los recursos naturales. Con el agua del lago montó una pequeña central hidroeléctrica que fue construida por Pampa Energía. La hidroeléctrica “Lago Escondido” supo estar dentro del organigrama del grupo Mindlin. Actualmente, este negocio energético aparece bajo la figura Patagonia Energía, una sociedad del Grupo “Lago Escondido”.

A su vez, “Joe” poseía un 27,44 por ciento de Petrolera Pampa SA, la empresa de hidrocarburos de Mindlin que en 2018 fue absorbida por la nave insignia del grupo (Pampa Energía).

El año pasado, un día después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Lewis adquirió –vía Hidden Lake SA y Braslyn Ltd, dos sociedades bajo el paraguas de Tavistock Group– el 8,7 por ciento de las acciones del Grupo Pampa Energía, sociedad que posee negocios en toda la cadena energética: generación hidroeléctrica, producción de hidrocarburos vía Petrobras, el transporte de gas (TGS), electricidad (Transener) y la distribución con Edenor.

La adquisición (fraudulenta) de 11 mil hectáreas en Bariloche durante el menemismo parece haberle rendido sus frutos al viejo “Joe”, quien sigue gozando del “poder residual del macrismo” dentro del Poder Judicial.

Fuente: Nuestras Voces

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