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Una denuncia contra los abusos comerciales que sienta precedente entre chacareros y empacadoras

|Río Negro – Neuquén|

El pasado 14 de mayo, la Cámara Civil de Roca ratificó su sentencia contra Standart Fruit S.A por prácticas abusivas en la compra de fruta a un productor local. Aunque el fallo en segunda instancia todavía puede ser apelado por la empresa en la Corte Suprema de Justicia, el hecho sienta un precedente importante en la región, donde las tensiones comerciales entre productores y empacadoras se renueva cada temporada.

La denuncia fue realizada por el productor Salvador Durán en el año 2017 y tuvo su primer fallo en septiembre de 2019, cuando la jueza civil María del Carmen Villalba determinó que liquidación de la fruta por parte de Standart Fruit se había realizado por debajo de los mínimos impuestos en la Ley Provincial 3611 de Transparencia del Negocio Frutícola en un contrato firmado en 2012.

No es casualidad que haya sido Durán el encargado de llevar a la justicia a la empacadora. El productor (de la empresa familiar Emeja S.A) fue uno de los impulsores de dicha ley en el año 2002, cuando ocupaba la presidencia de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, según contó en esta entrevista realizada por Bichos de Campo.

La Ley de Transparencia Frutícola fue publicada en 2002 con el objetivo de dar mayor claridad a los contratos entre chacareros y empresas empacadoras. Foto: Mauricio Bonino

¿Qué establece dicha ley? Básicamente brinda un marco para los contratos entre chacareros y empresas durante la compraventa frutícola. En los mismos se deben detallar especies, variedades y volúmenes comprometidos; además, condiciones de entrega, formas de liquidación, causales de rechazo y descarte, precios mínimos por kilo de fruta, formas de pago y pautas para la clasificación de calidades.

“Por aquellos años llegamos a tener precios negativos en las liquidaciones de fruta. Es decir, los productores entregaban fruta y quedaban ‘debiendo’ a las empresas sin recibir nada a cambio. La ausencia del Estado fue absoluta”, dijo Durán sobre el contexto en el que se impulsó la normativa.

El objetivo de esta ley fue igualar las condiciones de negociación entre los productores y las empresas comercializadoras, debido a que en muchas oportunidades los productores debían ceder (o deben ceder, porque todavía sigue sucediendo) ante la falta de estructura para retener la fruta y negociarla en mejores condiciones en otra instancia.

En reiteradas ocasiones hemos abordado esta discusión en Revista InterNos. Durante nuestra última visita al valle productivo de Río Negro y Neuquén conversamos con productores y empresarios del sector que, por supuesto, poseen diferentes perspectivas sobre el conflicto. Sebastián Hernández, hoy presidente de la Federación de Productores, es uno de los dirigentes que hace referencia al abuso comercial de las empacadoras, tanto en los valores que pagan por la fruta como en los plazos en que ésta se liquida. No es el único. Incluso, podríamos afirmar que es el sentimiento generalizado de los chacareros de la región.

Hernández, un dirigente crítico de las empresas empacadoras en el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén. Foto: Mauricio Bonino

“Cosechamos en enero y febrero, se llevan la fruta y la liquidación viene en diciembre. Recién en ese momento sabemos cuánto vamos a cobrar. Pero desde mayo tenemos que realizar la inversión para tener una producción de calidad y esa plata no está”, describía el dirigente algunos meses atrás. De más está decir que un contexto inflacionario como el argentino, ese dinero se cobra porcentualmente devaluado.

Hernández también asegura que las empresas imponen sus condiciones de negociación frente a la dependencia de los productores, ya que muchos no se animan a exigir mejores precios por temor a romper la relación comercial e incluso a ser señalados como “problemáticos”.

Las empresas, por su parte, argumentan dificultades para prefijar un valor por kilo de fruta sin conocer los comportamientos de los mercados de destino y, por lo tanto, la rentabilidad de la temporada. Además, en otras oportunidades afirman recibir fruta por debajo de la calidad o el calibre requerido por los mercados, y este desfasaje genera grandes porcentajes de descarte en la liquidación final que recibe el productor.

La ley de Transparencia Frutícola antes mencionada busca resolver estas diferencias comerciales. Por ejemplo, en su artículo 7, informa que “el productor tendrá siempre derecho a supervisar el proceso de clasificación de la fruta entregada, así como a acceder, dentro de las setenta y dos horas de concluido aquél, a un comprobante con el resultado de la misma”. Por otro lado, si el productor no asistiera a dicho proceso estaría imposibilitado de alegar los resultados de la clasificación.

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Sin embargo, lo que está en el papel no siempre se cumple en la realidad. Héctor Basualdo, presidente de la Cámara de Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre (PACVA), señalaba a InterNos que uno de los grandes inconvenientes en este vínculo es la imposibilidad de conocer a ciencia cierta cuánta de la fruta entregada fue comercializada y cuánta se descartó.

“Hoy algunos productores entregan la fruta a los galpones de empresas y no tienen contratos, no saben qué es lo que le van a pagar. No es lo mismo que tengas realmente un 10% de descarte en el galpón a que te paguen el costo de producción, pero con un 30% de descarte”, afirmaba Basualdo, quien desde hace algunos años integra la Cooperativa La Flor, donde el trabajo de la fruta es, en sus palabras, más transparente.

“En las cooperativas el día que están trabajando mi fruta puedo ir a ver qué se embaló y qué se descartó. Eso en las empresas no pasa, un productor independiente no tiene acceso a esa información”, añadió.

Las empresas argumentan dificultades para prefijar un valor por kilo de fruta sin conocer los comportamientos de los mercados de destino. Foto: Mauricio Bonino

Pero volvamos al caso de Salvador Durán. En 2005 la provincia de Río Negro creó mediante la Ley 3993 la “Mesa de Contractualización Frutícola”, cuya finalidad era definir anualmente los costos y precios de peras y manzanas. Cada año, participan de esta mesa legisladores, técnicos del INTA y funcionarios de la Secretaría de Fruticultura. Allí se ponen en consideración factores como los incrementos por inflación en los insumos y en paritarias.

El objetivo es transparentar un precio estimativo medio que sirva como referencia para que las liquidaciones por la fruta cubran, como mínimo, los costos de producción y la inversión necesaria para realizar tareas culturales y sanitarias la campaña siguiente. Por supuesto, este precio no es representativo de toda la región, ya que la inversión tecnológica o la reconversión realizada en cada finca tendrá como consecuencia montes frutales más eficientes que otros. Lo cierto es que, en teoría, chacareros y empresas deben suscribir a dicho precio de referencia al inicio de la temporada.

En 2012 Durán se apoyó en las herramientas legales que ofrecían tanto la Ley de Transparencia Frutícola como la Mesa de Contractualización para afirmar que Standart Fruit liquidó su fruta por debajo de los precios mínimos establecidos ese año. En su defensa la empresa indicó que a la hora de acordar el valor del producto ambas partes tomaron un precio referencial. Sin embargo, los jueces Víctor Soto, Gustavo Martínez y Dino Maugeri -quienes fallaron en segunda instancia- explicaron que el contrato entre Durán y la exportadora había sido redactado “íntegramente por esta última” y que el texto dejaba en manos de la compradora la definición del precio final de la cosecha, con amplias libertades para el descarte de fruta.

Si la Corte Suprema ratifica el fallo en última instancia, Standard Fruit deberá abonar unos 291.049 dólares en compensación.

Desde la Cámara Civil de Roca analizaron: “Es menester (…) poner coto a los abusos que pueden darse en la economía de mercado, no para aniquilar ésta, sino por el contrario, para favorecerla con buenas prácticas. Quienes hemos podido durante décadas observar el mercado de frutas y las prácticas del mismo, no podríamos en verdad desconocer que lo que en principio nace como un buen negocio para ambas partes, concluye muchas veces siendo una pesadilla para la más débil, a quien se le pone en la encrucijada de conformar liquidaciones que no se corresponden con la realidad y condiciones pactadas, o no cobrar y tener que recurrir a lentos procesos cuyos efectos repercutirán de modo inmediato por las limitaciones económicas y financieras para continuar con la actividad realizando tareas culturales, poda, abono, curas, etcétera”.

Los productores exigen un precio mínimo por su fruta para costear los trabajos de cura, poda y cosecha en la finca. Foto: Mauricio Bonino

Hace algunos meses, a raíz de este conflicto, nos preguntábamos cómo puede el sector sobrevolar las tensiones comerciales que existen entre estos dos actores de la cadena. Carlos Banacloy, por entonces Secretario de Fruticultura de Río Negro y hoy Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, planteó a este medio que una solución posible es la “integración transversal” entre ambos sectores, donde el productor “sepa para qué mercado está produciendo”, se sienta contenido y conozca con precisión cuáles son las tareas de campo a realizar según la demanda. En el mismo sentido, consideró que las empresas deben “sincerar la realidad y mostrar los resultados positivos y negativos que tienen” para que la relación con los chacareros tenga reglas claras.

“Que cuando haya pérdidas haya pérdidas, pero cuando haya ganancias se vean reflejadas en toda la cadena”, explicó el ministro.

Sin ánimo de demonizar a ningún actor de la cadena, vale mencionar también que las empresas tienen altos costos para procesar, almacenar y distribuir la fruta que compran al productor. Este es un factor que se debe tener en cuenta a la hora de pensar esta relación. Además, la estructura impositiva actual y la falta de acuerdos comerciales no favorecen la rentabilidad del negocio a la hora de los envíos al exterior, por ejemplo. Con el precio obtenido por esa exportación, las empresas deben pagar la logística, mano de obra, frío y cancelar la deuda por la fruta adquirida. Esto da cuenta de un contexto complejo en toda la actividad, aunque no exime de culpa a quienes incumplen contratos y abusan de su posición dominante.

Los costos logísticos y de transporte son factores a tener en cuenta en el debate. Foto: Mauricio Bonino

Los tiempos biológicos de las plantas hacen que no se pueda depender de la justicia para resolver estas diferencias cada vez que se presentan. En muchas oportunidades los productores terminan aceptando las liquidaciones que realizan las empresas porque necesitan los recursos para seguir produciendo.

Durán es una excepción a esta regla y sienta un precedente importante, más allá de la decisión final de la justicia, al exponer y visibilizar las irregularidades de la cadena. Ponerse de acuerdo sigue siendo uno de los principales desafíos para que el sector productivo y comercial, de manera integrada, ponga fin a la crisis estructural que atraviesa.

Fuente: InterNos

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