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VICENTIN NO ES UN FIDEO

Peste, vaciamiento y expropiación en la Argentina

VICENTIN NO ES UN FIDEO

Por: Carlos A Villalba *

 

“Frente a las enfermedades que genera la miseria,

frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos,

los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”

RAMÓN CARRILLO,

Primer ministro de Salud Pública de la República Argentina (1949 / 1954)

Las corporaciones económicas jamás dejaron de operar para tratar de evitar que el gobierno argentino del Frente de Todxs que conduce Alberto Fernández gobernase en función de los intereses del país y con el objetivo puesto en paliar la situación crítica a la que fueron arrastrados los sectores más empobrecidos bajo el impulso de las políticas del neoliberalismo con libreto fondomonetarista.

Con el Caballo de Troya de la deuda (impagable y de exigencias inmediatas) incrustado en el futuro de todas y de todos, los grupos económicos al despedirse de los despachos oficiales que ocuparon sus gerentes junto a Mauricio Macri comenzaron a preparar sus tropas para iniciar un trabajo de desestabilización que impida, por lo menos, que la nueva administración avance por la traza de una economía productiva con inclusión social.

Fueron pocas las semanas en las que los Fernández pudieron planificar, repartir tareas,  acordar prioridades y, en el caso del Presidente, puntear las acciones destinadas a evitar que las escasas divisas genuinas que podrían entrar al país sangrasen hacia el pago de intereses y capital de la deuda que la alianza Cambiemos elevó al peligrosísimo nivel del 100% del PBI nacional. Fue entonces que llegó el coronavirus, “mandó a parar” y, sobre la torta de una miseria exacerbada entre diciembre de 2015 y 2019…, cayó la frutilla de la peste[1].

La “tregua” generada por el desembarco de la Covid19 y la cuarentena que obligó a decretar para contener el proceso de contagios, ganar tiempo para fortalecer un sistema sanitario abandonado y, en definitiva, salvar vidas, terminó muy rápido. Antes incluso de que la curva de crecimiento de casos y fallecimientos empezara a trepar comenzó el bombardeo al grito de “disparen contra la curva” de casos que el sistema sanitario argentino trabajó y trabaja para achatar. Días después se intensificaron los cohetazos del sistema privado de presión mediática de los grupos económicos que controlan la economía local.

La agenda se desplazó desde el compromiso de la población en la pelea contra el virus, los trabajos sanitarios de contención y el “éxito” comparativo que arrojaban las medidas sanitarias, hacia la “angustia de la gente”. El virus dejó de ser “el enemigo” y el problema pasó a ser la cuarentena.

Entonces… llegó Vicentin. Fue cuando sonaron las alarmas del vaciamiento de las empresas del sexto exportador argentino de cereales, oleaginosas y sus derivados y líder en exportación de biocombustibles, en el país que es el primer vendedor mundial de aceite de soja, tercero del poroto y QUE ocupa entre el primero y segundo sitio en la exportación global de biocombustibles, con un despacho de 300 barcos al año entre granos, harinas y aceites.

Su caída, constituiría un desastre laboral, alimentario, económico y financiero y agudizaría la especulación sobre el valor del dólar, el precio de la producción granaria y hasta de los alimentos que se usan en cada cocina argentina. Ante ese panorama, el Gobierno decidió jugar sus cartas…. y la oposición partidaria, empresarial e informativa, puso en marcha sus planes.

 

De cuarentena a Venezuela

Hasta el pasado lunes 9 de junio, “Vicentin” parecía el nombre de algún juguete, a lo sumo de una marca de fideos, y no el de uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, con una facturación anual de 4 mil millones de dólares. Port otra parte, Avellaneda”, era el municipio de 342.000 habitantes lindante con la Ciudad de Buenos Aires en los que conviven colosos del fútbol como Independiente y Racing y no una localidad santafecina de 25.995 pobladores que, hasta el parate pandémico, dividía sus amores futboleros entre el Atlético Tigre y el Club Barrio Norte.

Aquella jornada, el presidente Alberto Fernández dispuso la “intervención transitoria de la sociedad VICENTIN S.A.I.C. por un plazo de SESENTA (60) días, con el fin de asegurar la continuidad de las actividades de la empresa, la conservación de los puestos de trabajo y la preservación de sus activos y patrimonio”. En paralelo, se difundió el contenido de un  anteproyecto de Ley de declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del grupo.

El planeta pareció estallar. De la anticuarentena fogoneada y el negacionismo de una pandemia (que al cierre de esta nota tenía 10.424.992, casos de COVID-19, 509.706 muertes confirmadas en 188 países de todo el mundo) la agenda pasó a articularse alrededor del “camino a Venezuela” supuestamente iniciado por el Presidente, de las expropiaciones sin límite que se encadenarían de Vicentín en adelante y al abandono definitivo de “la República”, la Constitución y las libertades públicas.

Uno de los principales defectos de la pésima comunicación gubernamental es su  costumbre de anunciar (o dejar trascender) medidas que “tomará”, al igual que filtrar o difundir sus intenciones antes de tiempo. La gestión de medidas concretas, que afectan intereses poderosos, exige una planificación profunda y un diseño acabado de todos sus procedimientos, el estudio de las reacciones que provoque en el conjunto de actores implicados, incluso de seguidores y opositores a la decisión y, lo más costoso, la construcción de consensos entre sectores variopintos de la política, el trabajo, la producción y los movimientos sociales.

Esos requisitos se hacen más importantes cuando el control de la agenda comunicacional está en manos de corporaciones concentradas, diversificadas y partidizadas, es decir que no respetan los códigos de objetividad y veracidad, sino que constituyen un dispositivo que edita sus mensajes en función de los intereses de sus dueños y constituyen un aparato de propaganda y presión.

Los anuncios se hicieron sin aquellos colchones y frente a esos enemigos. Después, argentinas y argentinos empezaron a enterarse de la importancia de Vicentin, de sus volúmenes de producción, facturación y diversificación. También del fraude cometido, la estafa a trabajadores y bancos que, en definitiva dejaron un nuevo agujero en las arcas del Estado, y la complicidad del gobierno de Mauricio Macri y de su último titular del Banco Nación, Javier González Fraga.

En plena pandemia, los sectores opositores agitaron banderas, que no por lo ridículo de sus argumentos dejan de integrarse a una campaña que intenta reeditar la hazaña de 2008 cuando la resolución 125 de retenciones impositivas móviles a la exportación de soja, el trigo y el maíz puso contra las cuerdas al primer gobierno de Cristina Kirchner. En ese momento los grandes productores granarios del país lograron transformar en un reclamo “masivo” una discusión de minorías; la reacción defensiva de las corporaciones, el oportunismo de sectores de la oposición y, de nuevo, la pésima preparación del terreno para instalar la medida, junto al formato de gestión del conflicto, impidieron quebrar los acuerdos de circunstancias entre sectores muy contradictorios de la agroproducción.

…De ramos generales a offshore

Como tantas familias italianas que decidieron “hacerse la América”, los hermanos Roberto, Máximo y Pedro Vicentín llegaron 1920 a la Argentina, desde la región del Friuli, lindante con Venecia. Sin escalas se instalaron en  localidad santafesina de Avellaneda y   nueve años después abrieron un almacén de ramos generales; en 1937 dieron el salto a la desmotadora de algodón y primera fábrica de aceite que evolucionaría hasta el emporio vaciado que hoy está en boca de todas y de todos, sobre todo de miles de estafados que confiaron en los descendientes de aquellos “tanos” sacrificados y trabajadores.

El recorrido que arrancó en aquellos lejanos galpones de chapa herrumbrada llegó hasta la  conversión en uno de los conglomerados agroindustriales más grandes del país, con base en la Avellaneda santafecina, plantas productivas diseminadas por todo el país y, también, en Uruguay, en Paraguay y en Brasil, integrado por más de 20 empresas y una facturación superior a los u$s 4.000 millones anuales declarados, es decir, sin contabilizar los ocultaron a través de sus mecanismos de triangulación para dejar dólares en el exterior y evitar pagos de impuestos en las tierras que los enriquecieron.

Su negocio principal es el procesamiento y exportación de granos y subproductos, como harinas y aceites de soja y girasol, a lo que agrega otras unidades de negocio en rubros tan divergentes como la actividades frigorífica, portuaria, algodonera, vitivinícola o láctea. Su evolución le permitió instalarse en las cumbres de la exportación de comodities agrícolas con 9 millones de toneladas de granos y subproductos embarcados (8,6% del total nacional) por un valor superior a los u$s 3.000 millones anuales que lo ubicaron el año pasado en el sexto lugar en el ranking de un negocio en el que juegan gigantes globales como la china COFCO o la estadounidense Cargill. Su operación demanda 50 millones de toneladas de granos anuales, 70% de las cuales se procesaron y el resto se exportó en forma de granos a China y empleaba a más de 6.000 personas hasta su colapso.

De soja se hace un Grupo

 

 

Desde hace décadas el proceso de acumulación de capital se produce a partir de grupos o conglomerados económicos, de carácter transnacional, integrados por conjuntos articulados de empresas, dedicadas tanto a la producción como a la circulación financiera,  en los que confluyen distintos tipos de intereses económicos, modalidades de expansión y, en muchos casos, vinculaciones políticas.

En ese diseño, la empresa deja de ser la unidad económica y es reemplazada por el conjunto de la trama económica y financiera bajo un solo control central, una sociedad madre en general un “holding”, es decir un “tenedor”, “poseedor” o “propietario” de bienes o acciones, que se encarga de administrar al conjunto de empresas que, a su vez, se dedican a distintas y no necesariamente complementarias actividades.

Para muchos quizá sea extraño enterarse que uno de los principales trabajos iniciales de análisis de estructura económica del poder en la Argentina que reemplazó a la empresa como unidad de medida de la producción por el de grupo fue realizado por los equipos técnicos de la organización Montoneros bajo la dirección de Raúl Clemente Yager, miembro de su Conducción Nacional hasta que fue asesinado por efectivos de la dictadura cívico militar en la provincia de Córdoba el 29 de abril de 1983[2]. Ese enfoque impuso su metodología de análisis en los espacios de investigación y estudio más serios sobre el sector.

El “Vicentin Family Group”, está registrado en Uruguay y desde allí Alberto Padoán, Sergio y Gustavo Nardelli y Roberto Gazze, “vicentines” por matrimonio con hijas o nietas portadoras del apellido itálico, controlan el emporio. El “paisito” tiene una política de exoneración fiscal y secreto bancario para atraer inversiones que lo ubicó durante mucho tiempo en la lista de las guaridas fiscales, consideradas “paraísos” por evasores y delincuentes financieros de toda laya; gracias a la incorporación de un impuesto a la renta de las personas físicas” y distintas promesas de cumplimiento de los estándares tributarios internacionales logró escapar a la esa calificación en abril de 2009.

Una pesquisa mínima y apurada de los activos del grupo permite desarrollar el siguiente punteo de sus activos, por tenencia total o parcial de acciones:

  • Vicentin SAIC Uruguay
  • Vicentin Paraguay S.A.
  • Vicentin Europa (España)
  • Vicentin Brasil
  • Vicentín Desarrollos S.A.
  • Vicentin Family Wines
  • Bodegas Vicentin-Sottano
  • Algodonera Avellaneda S.A.
  • Industrias Frigoríficas Friar S.A.
  • Oleaginosas San Lorenzo S.A.
  • Terminal Puerto Rosario S.A.
  • Plantas y Terminal Embarque San Lorenzo
  • ENAV S.A. Jugo concentrado de uva
  • Feedlot Los Corrales de Nicanor”
  • Promiel S.R.L.
  • Diferol S.A.
  • Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (Arsa),controladora de la línea de productos frescos de la empresa de origen cooperativo SanCor y el centro de distribución Córdoba (Cedic)
  • Planta Ricardone
  • Patagonia Bioenergía S.A.
  • Etanol Vicentin
  • Renopack S.A
  • Emulgrain S.A
  • F.G. Inversiones y Actividades Especiales S.A.
  • Industria Agroalimentaria Latam S.A.
  • Nacadie Comercial S.A. (Santa Fe)
  • Nacadie Comercial S.A. (Uruguay)
  • Nacadie Comercial S.A. (Panamá)
  • Renova S.A. (asociada a la transnacional suiza Glencore y a Molinos Río de la Plata de Pérez Companc en la producción de biodiesel)

El Bloque de diputadas y diputados del Frente de Todos en sus “Aportes para el debate sobre el rescate de la Sociedad Vicentín SAIC” del pasado 14 de junio, logró la siguiente reconstrucción de las “ Empresas controladas o vinculadas” por Vicentin SAIC  al 31/11/2018, elaborada a partir del “Informe Lozano en base a balance Vicentin”

Fuente: Bloque de Diputadas y Diputados del Frente de Todos

El documento, de 39 páginas y escasa difusión en los medios, incluye un listado de las empresas del conglomerado, con la actividad a la que se dedican y el “patrimonio neto” de cada una de ellas.

Fuente: Bloque de Diputadas y Diputados del Frente de Todos

 

Siete pecados capitales Siete

Sobre el Grupo Vicentin pesan serias acusaciones relacionadas con:

  1. Prácticas comerciales fraudulentas, generalmente utilizadas por las corporaciones del sector para encubrir precios de transferencia y ocultar utilidades, además de facilitar sus declaraciones en Uruguay en lugar de Argentina, con elusión del pago de impuestos y retenciones en el país y anclaje de los dólares en las guaridas fiscales del exterior a través de sus “subsidiarias” y diferentes empresas offshore

El miembro del directorio del Banco Nación, Claudio Lozano, durante una conferencia interactiva organizada por la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, señaló que a partir de 2017 y 2018 se produjo un proceso de radicación de un conjunto de empresas en el exterior, sobre todo en Uruguay, y apeló al neologismo “offshorización” para describir la maniobra de Vicentin[3].

  1. Estafa

Se considera fraude a todo acto intencional destinado a obtener una ventaja en detrimento de un tercero, que es empujado a realizar actos en perjuicio propio o ajeno. En el ámbito empresarial, por ejemplo, ese “beneficio” puede lograrse a través del ocultamiento de información financiera o el suministro de datos alterados, malversación de activos, gastos e ingresos inapropiados, subregistro de operaciones, engorde de gastos, etc. Cada una de esas maniobras están en la  operatoria del Grupo VIcentin.

En consonancia con esa figura, al momento de celebrar los contratos con los productores, los directivos del conglomerado conocían el estado al que estaban llevando a sus propias empresas con la intención de anunciar el “estrés  financiero” (5 de diciembre de 2019), que concluiría con

la presentación del concurso preventivo de acreedores del 10 de febrero pasado. Sabiendo que no pagarían los granos que recibirían, siguieron tomando cereales, captaron más fondos del mercado con la intención de aumentar su liquidez con la decisión ya asumida de no pagar. Una estafa.

Los principales afectados son:

–     2638 productores, víctimas del sistema de recepción sin pago de la materia prima, para proceder a su elaboración o exportación y, después, de cobrar su parte, y abonar a sus acreedores, algo que no sucedió en los últimas entregas

La empresa dejó de pagar sus obligaciones el 4 de diciembre de 2019; sin embargo, hasta el día anterior continuó recibiendo granos de terceros para acopiar, moler, exportar o industrializar como aceite,

–     Aproximadamente 6900 trabajadores y trabajadoras directxs, que se ven afectadxs por la

situación de su fuente de trabajo

–     Banca nacional pública y privada y banca internacional, con una deuda en pesos y divisas de

más de $ 100.300.000.000, equivalentes a u$s 1.680 millones al cambio de verificación de

deuda de $ 63,4 por cada peso estadounidense)

El 64% de la deuda contraída bajo esos términos es con 37 entidades financieras y 19

organismos fiscales y aduaneros. Entre ellos:

Banco de la Nación Argentina

Banco Provincia De Buenos Aires

Banco de Inversión Y Comercio Exterior (BICE)

Banco Ciudad De Buenos Aires

Banco Hipotecario

Macro

Nuevo Banco De Entre Ríos

Banco Itaú

Nuevo Banco De Santa Fe

Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial)

Compañía de Financiamiento para Países en Desarrollo de Holanda

Sucursal Tokio del Banco ING

Amerra Capital Management de Nueva York

Rabobank (1.430,3 millones de pesos)

  1. Subdeclaración de exportaciones

Al analizar la situación del entramado de negocios del grupo, la AFIP muestra que “La compleja trama societaria, la existencia de empresas controladas en el extranjero” y “la naturaleza rentística que denota el comportamiento de la empresa a través de la información contenida en sus balances” es lo que explica la situación de “crisis” que atraviesa. De ese modo, rechaza la excusa del “estrés financiero” argüida para entrar en cesación de pagos y pone a la “subdeclaración de exportaciones en el ojo de la tormenta judicial que se inicia.

  1. Subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.

Son dos de los mecanismos más usuales usados por las corporaciones para fugar divisas, junto a los “autopréstamos” en los que la empresa figura como tomadora de una deuda que, en realidad, se basa en un crédito otorgado por entidades financieras (en muchos casos asentadas en guaridas fiscales) que antes recibieron en depósito aquellas divisas sacadas del país.

Las operaciones “intrafirma” son comunes entre los principales jugadores del mercado exportador granario. Seguramente uno de los motivos de la reacción de rechazo duro contra cualquier presencia del Estado en la gestión de uno de sus pares, como Vicentin, se basa al temor a un jugador ecuánime, fuerte y con capacidad de desnudar los delitos impositivos.

Un ejemplo de la operatoria es la empresa “Nacadie”:

  • Nacadie Comercial S.A. (Zona Franca de Montevideo) compra la producción de granos, harinas y aceites a Vicentin Uruguay S.A. También se encargaba de las garantías para los préstamos que su supuesto “cliente” solicitaba al fondo TriLinc Global Impact Fund y es responsable de la mitad de los más de 50% de los $4.292 millones de que se adeudan a Vicentin.

El apoderado de la sociedad obviamente anónima, Patricio María Coghlan, figura también como director de  otras empresas del Grupo

  • Esa firma le vende a su vez a Nacadie Comercial SA en Panamá y realizó en los últimos cinco años envíos de fondos millonarios hacia la filial canalera
  • Por último Coghlan constituyó una Nacadie Comercial S.A. en Santa Fe

Conglomerados empresariales off shore como este son los que en general se diseñan para fugar dinero y ocultar activos, una estructura semejante a las cajas chinas diseñadas por el Grupo SOCMA (Sociedad Macri S.A.) que destaparon los Panamá Papers, jamás investigados en profundidad por los jueces de Comodoro Py.

  1. Contrabando

 

Desde 1991 el comercio de granos está absolutamente desregulado en la Argentina, por lo que no existen restricciones a la oferta de bienes y servicios ni limitaciones a la formación de valor, calidades técnicas o comerciales o sobre cualquier operación que pueda distorsionar los precios de mercado. El dúo Carlos Menem-Domingo Cavallo fue responsable de dar la última puntada a la destrucción de una historia virtuosa para la economía nacional como fue la que comenzó en 1933 con la Junta Reguladora de Granos, incorporada en 1946 al Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), creado por el gobierno de Juan Domingo Perón para comprar y vender los bienes agrarios e industriales del país que, al ser derrocado, se convertiría en la Junta Nacional de Granos.

Esos instrumentos permitían establecer precios básicos de los distintos productos granarios en función de las cotizaciones del mercado para su venta a los exportadores en función de los precios internacionales. De ese modo dislocaba la cotización local de la internacional e impedía que los precios pagados por los mercados extranjeros se trasladasen, por ejemplo, a la harina, el pan o los fideos que se consumía internamente, los productores locales tenían garantizadas la cotización y no quedaban expuestos a los precios extorsivos impuestos por los grandes jugadores del sector.

El proceso de destrucción del Estado iniciado bajo la conducción de José Alfredo Martínez de Hoz continuó sin interrupciones hasta la década de los noventa, en la que entre otras cosas se  privatizaron los puertos argentinos que, además del negocio que implicó su transferencia a sectores privados, constituyó implicó el desmonte de cualquier medida de contralor y la facilitación de las maniobras de subfacturación de exportaciones y de contrabando de granos.

 

Durante la conversación promovida por la UPNP Lozano, explicó que “desde que desapareció la Junta Nacional de Granos y desde que se privatizaron los puertos, hay un proceso creciente de subfacturación de exportaciones y de contrabando de granos”.

En ese sentido, será tarea de la justicia comprobar, o desmentir, la versión que asegura que las barcazas “paraguayas” de Vicentin en realidad navegan vacías por el río Paraná hasta las terminales Puerto Rosario S.A. y Embarque San Lorenzo, ambas de su propiedad, donde sí son cargadas y desde donde navegan siguen hacia el resto del mundo como si el poroto fuese de origen guaraní, esquivando las tributaciones que exigen las leyes nacionales.

Un informe elaborado por el “Estudio Moyano y Asociados”, fechado en Asunción y en representación de acreedores del grupo originario de Santa Fe, señala que Vicentin Paraguay S.A. aparece en los registros de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadoras de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) como exportador por u$s 180 millones promedio anual. El rubro, en el país vecino no  paga retenciones y está exento de IVA. Es decir que el negocio es mucho más rentable que si se lo hiciese desde Argentina…

 

  1. Fuga de capitales

El envío de capitales al exterior (fuga o atesoramiento en monedas extranjeras) es un padecimiento de la economía argentina desde hace décadas, disparado a partir del plan de destrucción del Estado nacional de la gestión de las corporaciones durante la última dictadura y llevó al país a ser uno de los que presentan un mayor drenaje de capitales en relación al tamaño de su economía. En general, se relaciona con el endeudamiento externo del país, otro de los cánceres de la economía nacional.

Es difícil tener un registro acabado de los números del fenómeno, sin embargo, si se alinean los parámetros que usan los especialistas, entre 1976 y 2018 suman alrededor de 500.000 millones de dólares, monto aproximado al total anual de producción de riqueza del país, con una aceleración brutal durante los últimos dos años de la administración Macri.

La sangría tiene diferentes aristas negativas; la primera es la restricción que genera al desarrollo socioeconómico autónomo de la economía nacional ya que se le niegan los capitales necesarios para sostener su crecimiento, con empleo de calidad e inclusión social. La segunda es la merma en la recaudación impositiva, ya que las divisas atesoradas en el exterior, muchas de ellas en las guaridas fiscales en las que se instalan las empresas offshore como las usadas por los Macri y los Vicentin, esquivan las tributaciones que corresponden.

El compendio de tramoyas destinadas a lograr esos objetivos abarca la mayoría de las acusaciones que hoy apuntan al grupo oleaginoso: facturar las importaciones implicadas en sus procesos por encima del valor real de las mismas y registrar sus exportaciones a valores menores de los reales, logran beneficios por gastos que no hacen, logran beneficios por pagar menos retenciones e impuestos. A ello se agregan elevados giros al exterior por pago de “consultorías” a empresas vinculadas a los grupos y pagos de “servicios financieros” o de “informática e información”, “regalías y derechos de licencia” u “otros servicios empresariales”, cuyas remesas, una vez más, abaratan la tributación local y quedan en sus propias arcas offshore.

En los últimos años se produjo un cambio en el origen de las divisas que se fugan, corriéndose entre 2002 y 2015 al superávit comercial, es decir a los dólares que entraban por exportaciones. Durante el macrismo, sobre todo desde 2016, el endeudamiento externo público fue la garantía de una fuga que batió records en 2019.

En el marco de las investigaciones de VIcentin, la Unidad de Información Financiera (UIF) acusó al ex presidente Mauricio Macri, a los ex titulares del Banco Central y Nación Guido Sandleris y Javier González Fraga y a directivos del Grupo de cometer los delitos de defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. A juicio del organismo esas irregularidades solo pudieron concretarse “en el marco de vínculos estrechos entre la empresa y miembros del anterior gobierno nacional”. El informe interno apunta a Vicentin SAIC, Vicentin Paraguay y Glencore, a las que responsabiliza de ser soporte de remisión de sus ganancias al extranjero, y resalta que “las operaciones de defraudación al Estado” observadas “no serían más que delitos precedentes de maniobras de lavado de activos desplegadas mediante aquellas firmas en el exterior”.

  1. Evasión de pago de impuestos

Las maniobras descriptas, en realidad caracterizan al conjunto de las corporaciones eocnómico financieras que estrangulan a la economía argentina, entre ellas las que se dedican a la producción y exportación de agroproductos, que retienen sus stocks en función de los intereses de sector y, una vez que los venden, tardan todo lo que pueden para efectuar las liquidaciones, especulando con la suba del valor del dólar, presionando para su alza e, incluso, además de financiar a los partidos opuestos a modelos nacionales y populares, llegan a generar maniobras de desestibilización contra gobiernos como el de los Fernández.

Vicentin no solo no es la excepción, sino que el proceso de vaciamiento acelerado de sus empresas lo puso en la mira de los organismos de contralor tributario; la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por ejemplo, recabó datos a lo largo de años y, en la coyuntura, podrían derivar en una denuncia penal por fuga de capitales, elusión fiscal y sobrefacturación de datos contra el presidente del conglomerado y el resto del directorio.

El Presidente de la Nación dispuso su intervención y ordenó la preparación de una norma que conduzca a su expropiación.

Consecuencias de vivir en el infierno

  • Distintas empresas se encuentran paralizadas
  • Se pierden posiciones en el mercado
  • Presionan alternativas de compra asociadas a grandes jugadores del comercio de granos, entre ellos transnacionales poderosas con Glencore, Cargill o Dreyfus que, con muy poca “inversión”, pasarían a controlar la firma
  • Aumento de la concentración y extranjerización del comercio exterior de granos por posible traspaso del volumen agroexportador de Vicentin S.A.I.C. a manos de sus competidores
  • Mayor especulación con la liquidación de divisas, con transferencia de rentas al exterior, en especial a países con baja o nula tributación
  • Condena a bancos y los productores a aceptar compromisos de pago a diez años, en algunos casos con quita de capital y de improbable ejecución
  • Disminución de la oferta de divisas del país
  • Precios de la materia prima de los productores por debajo de los valores pertinentes y sin diferenciar calidades de los granos, en a la extorsión que implica el abuso de posición dominante

 

Razones de Estado 

 

 

  • Rescatar a la empresa de la quiebra y el desguace, con preservación de los activos y los puestos de trabajo, generando condiciones para reinicio de su funcionamiento
  • Preservar bienes y gestión de la extranjerización y mantener los activos estratégicos en manos públicas
  • Instalar un instrumento bajo dominio estatal de gestión potente en los mercados de granos, aceites, alimentos y del dólar, con capacidad de regulación de operaciones, contralor de la liquidación de impuestos y manejo de las divisas frente a la especulación financiera de las compañías que dominan el sector (Cargill, Dreyfus, Cofco, Bunge, Noble, Aceitera General Deheza)
  • Visibilizar y combatir las maniobras de evasión impositiva por parte de las grandes exportadoras y la fuga de divisas con fortalecimiento de la intervención estatal en el mercado
  • Generar dólares destinados al desarrollo productivo con inclusión
  • Incidir en la regulación de las compras de granos y aceites con mejora de las condiciones de comercialización y financiación sobre las que imponen las cerealeras y las grandes industrias
  • Favorecer la exportación de manufacturas agroalimentarias con mayor valor agregado
  • Intervenir en la regulación del mercado interno de alimentos, con mejoras en el precio al consumidor y participación en el control de la inflación
  • Controlar y evitar el incremento de la deuda de la compañía
  • Generar condiciones de pago para la banca pública y capitalizar las acreencias del Estado en función de utilidades futuras
  • Crear condiciones para el pago a los productores afectados
  • Mejorar precios a pequeños y medianos productores con diferenciación de calidad de los granos
  • Comprar insumos (semillas, agroquímicos y fertilizantes, con disminución de los costos de producción a partir de la incidencia de una empresa testigo en manos del Estado

Los datos son demoledores, las razones para detener la destrucción de VIcentín y poner sus recursos y los esfuerzos de miles de trabajadores y productores al servicio del país son irrefutables. Sin embargo, del mismo modo que no explicó con tiempo los motivos de una intervención al Grupo, el gobierno nacional tampoco convocó al conjunto de los sectores que pueden consensuar políticas productivas favorables al país para ampliar su espacio de sustentación.

Paradójicamente, y por segunda vez en menos de dos meses, los sectores de la Economía Popular, encabezados por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se encargaron de lanzar una convocatoria amplia para lograr el “Control estatal de Vicentin” y transitar “Un camino para resolver el hambre”. El 1° de Mayo habían entregado al Presidente su “Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción”.

El espacio sindical, político y social encaró el tema de la importancia del conglomerado de origen granario desde el ángulo de la Soberanía Alimentaria, uno de los perfiles a los que apuntó el Ejecutivo. Consideró que una “conducción pública” de sus empresas “permitirá recuperar la capacidad del pueblo argentino para asegurar el abastecimiento interno de aceites y harinas a precios razonables con equilibrio económico, social y financiero”.

Por encima del tema puntual, propuso “La unidad, el trabajo y el inicio de un camino de recuperación de la soberanía nacional” como condiciones para “salir de esta profunda crisis económica y social y construir un futuro digno para todas y todos los argentinos”.

Alberto Fernández hizo su propuesta, algunos sectores comenzaron a recoger su guante y a poner en marcha la movilización de voluntades en medio de una cuarentena que impide mostrar, en las calles abanderadas de todo el país, los cuerpos de millones de personas que apoyan la recuperación de un país tan vaciado como el Grupo Vicentín.

* Periodista. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (http://estrategia.la/). Miembro de La Usina del Pensamiento Nacional y Popular (http://www.usinadelpensamientonacional.com.ar

[1] CARLOS A VILLALBA. Covid19 en la Argentina: LA FRUTILLA DE LA PESTE http://estrategia.la/2020/05/02/covid19-en-la-argentina-la-frutilla-de-la-peste/

Fuente: PPR

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