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Traslados ilegales de jueces: el macrismo quiere mantenerlos para tener protección en los futuros juicios

El PRO acusa al oficialismo de buscar “impunidad” pero solo quiere asegurarse la suya.

Nadie discute en el Consejo de la Magistratura que la forma en que Macri armó los tribunales a su antojo fue anómala, pero se debate cómo repararlo. Está en discusión un pedido al Ejecutivo para que envíe los casos irregulares al Senado.

El Consejo de la Magistratura se encamina a votar un pronunciamiento que diga que diez jueces federales fueron nombrados de manera irregular, mediante un mecanismo de traslado de un puesto a otro, que no cumplió todos los pasos y requisitos legales, como recibir acuerdo del Senado. Ocho de esos nombramientos fueron parte de una estrategia del gobierno de Mauricio Macri para llenar a dedo cargos judiciales claves para las causas contra empresarios y ex funcionarios y cuestiones electorales. Es improbable que el organismo anule esas designaciones por sí mismo, pero todo indica que se conformará una mayoría, liderada por el oficialismo, que deje en claro que deben ser revisadas y que un camino posible es que el Poder Ejecutivo envíe sus nombres a la Cámara alta y que ésta decida si los refrenda o no. Los borradores en estudio incluyen un pedido a la Corte Suprema para que evalúe la vigencia de los “traslados” concretados, teniendo en cuenta que, en otra ocasión, ya dijo que no son permanentes sino situaciones transitorias.

Lo que hace unos días era una discusión de apariencia técnica en el Consejo sobre la validez de nombramientos por “traslado”, fue transformado por la oposición política en una campaña instrumentada a través de tapas y títulos catástrofe en Clarín y La Nación, cuyo mensaje se sintetizaba en que el oficialismo pretende sacar jueces de cargos estratégicos para lograr la impunidad de ex funcionarios del kirchnerismo en los procesos judiciales. El argumento es absurdo, en esencia, porque las causas a las que aluden ya pasaron por los juzgados de primera instancia y por la Cámara Federal y están elevadas para que se hagan los juicios orales. Hasta se los dijo la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) a algunos colegas consejeros en charlas por fuera de las reuniones oficiales. Al macrismo, a su entender, no le importan la moral y las buenas costumbres sino “salvarse ellos, que sí tienen causas más recientes”, la escucharon comentar. El voto de Camaño podría ser determinante ya que todo indica que entre el resto de los consejeros habrá empate.

El meollo de la cuestión y que tiene al macrismo en alerta es que dos de los traslados cuestionados son los de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que integraban un tribunal oral y saltaron en 2018 a la Cámara Federal de Comodoro Py, que tiene fuerte incidencia en el devenir de los expedientes, y que ya impulsó causas contra CFK pero ahora debería intervenir en las que afectan a Macri y compañía. Es bastante obvio que la oposición teme quedarse con pocos aliados en ese tribunal de alzada que ya tiene dos vacantes y donde se multiplicarían los cargos con la reforma judicial en puerta. Pero no es el único punto: si los nombramientos por traslado van al Senado, como podría ocurrir, el oficialismo tendrá elementos para negociar votos de los senadores provinciales para asuntos que podrían perfilarse peliagudos, como la designación de Daniel Rafecas en la Procuración General de la Nación. Un clásico: jueces por votos. Todo apoyo vendrá bien, además para la reforma judicial.

El plan colonizador

Los nombramientos por medio de “traslados” fueron parte de una gran ingeniería del gobierno de Macri para manejar o incluso colonizar parte del Poder Judicial. Como primer paso logró la aprobación de una ley, a fines de 2016, que permitía transformar tribunales orales ordinarios (que juzgan delitos comunes) en federales (que se ocupan de corrupción, narcotráfico, trata, lesa humanidad) con una simple mayoría de votos en el Consejo. Había en Comodoro Py tribunales orales que aún no habían sido puestos en marcha, por lo que el macrismo vio la oportunidad de llevar allí sin concurso a jueces de otro fuero, con competencia bien distinta, pero que le inspiraban confianza. Así fue que se apuraron en convertir el Tribunal 10 (TOC10) en Tribunal Oral Federal 9 (TOF9), con el cálculo de que, como no tendría casos pendientes, allí llegarían de cajón las primeras causas contra Cristina Fernández de Kirchner. Los jueces elegidos eran Alejandro Nocetti Achával, Alejandro Becerra y Silvia Mora. Para funcionar, la Corte Suprema debía habilitar el tribunal. Pero antes de que eso ocurriera, la Cámara de Casación lo incluyó en el sorteo de causas, y sucedió lo que el oficialismo de entonces esperaba: le tocaron dos causas contra CFK, la del Memorándum con Irán basada en la denuncia de Alberto Nisman y la de la obra pública en Santa Cruz, además de la de lavado de dinero contra Lázaro Báez.

La sorpresa fue la Corte puso el grito en el cielo, y firmó una acordada que anuló los nombramientos en el TOF9 y ordenó volver a sortear las causas. Los ejes de la argumentación fueron dos: el tribunal no había sido habilitado, pero antes que eso, los jueces no habían pasado por el proceso constitucional completo que incluye el acuerdo del Senado. A esa altura, Cambiemos ya motorizaba traslados de jueces con diferentes metodologías, no solo la de los tribunales orales. Pasaban jueces y juezas de un cargo a otro, a veces a otra jurisdicción y/o con distinta competencia o jerarquía, con la sola aprobación del Consejo y un decreto del Poder Ejecutivo. Por eso, los supremos incluyeron algunos párrafos taxativos que decían que cuando alguien es nombrado juez/a no obtiene una designación general que le permite pasear de un lado a otro sino que es nombrado/a en un cargo, y que para ocupar otro hay un mecanismo constitucional, previsto en el artículo 99 inciso 4, que incluye “la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante el acuerdo del Senado” en una sesión pública.

El macrismo, que ya edificaba su estrategia con obsesión, estaba advertido de lo que resolvería la Corte. El mismo día exacto, 15 de marzo de 2018, horas antes de que los supremos firmaran aquella acordada, en el Consejo de Magistratura –donde entonces era mayoría— propusieron el traslado de Bruglia a la Cámara Federal, desde el Tribunal Federal 4, donde el juez había tenido algunas participaciones conocidas mucho antes como la condena por enriquecimiento ilícito a María Julia Alsogaray. Para que no quedaran dudas de que en el Poder Ejecutivo conocían perfectamente la anomalía de estos traslados, el decreto presidencial que confirmó a Bruglia fue publicado el 9 de abril, dos días antes de una nueva acordada de la Corte que reconfirmaba su postura sobre esos nombramientos.

El traslado de Bertuzzi fue en septiembre, después de que el tribunal que presidía condenara y detuviera a Amado Boudou por el caso Ciccone. La defensa del ex vicepresidente denunció que fue una forma de premiar al juez en cuestión. Bruglia y Bertuzzi asumieron, así, en cargos para los que había concursos en marcha, por los que ellos no pasaron. Fue uno de los motivos por los que el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, se pronunció en contra de los traslados y el camarista Mariano Llorens adhirió tras su desembarco, en junio de ese año. Ni Bruglia ni Bertuzzi prestaron juramento. En tribunales dicen “tomaron posesión del cargo”.

El gobierno de Cambiemos –hoy Juntos por el Cambio– puso mucha energía en las cuestiones judiciales. Las incluyó en su táctica de marketing político, tanto para atacar como para cuidar sus intereses. Por eso, en el relevamiento que hizo el consejero Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, se advierte que hubo “traslados” por fuera de las normas antes y después de los de la Cámara Federal. El detalle es que de diez casos detectados de este tipo, ocho ocurrieron durante la gestión de Macri. El resto de los traslados analizados desde 1998 por Ustarroz, que son 28 más, cumplen con requisitos constitucionales y reglamentarios. La base de esas disposiciones es que si un juez o jueza cambia de jurisdicción, competencia y/o jerarquía, necesitan un nuevo acuerdo del Senado. Sólo si el traslado se produce dentro de un mismo tribunal o fuero, en forma lineal, se puede prescindir de ese paso.

En la lista de traslados objetados están también Eduardo Farah, que integraba la Cámara Federal de Comodoro Py pero pidió un traslado después de que el gobierno lo criticara por el fallo que concedió la libertad a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Su colega Jorge Ballestero renunció. Farah se fue primero a un tribunal penal económico y luego a otro en San Martín. Germán Castelli fue trasladado de un tribunal en San Martín al Tribunal Oral Federal 7, que ahora tiene la causa de los cuadernos. Federico Villena había sido designado en Moreno y fue trasladado a Lomas de Zamora, un juzgado federal con poder, ya que tiene jurisdicción –por ejemplo– en el aeropuerto de Ezeiza. En algunas provincias hubo jueces que consiguieron sin concurso competencia electoral: Zunilda Niremperger, en Chaco; María Verónica Skanata pasó de un juzgado de Oberá a otro con competencia electoral en Posadas; lo mismo que Esteban Hansen, en Jujuy.

Soluciones en puerta

La presentación de Ustarroz tiene como excusa que hay dos jueces que pidieron traslados este año. Son Roberto Naciff, de Mendoza, y Alejandro Esmoris, de La Plata. El consejero, en consenso con el resto del cuerpo, planteó revisar todos los traslados existentes y definir criterios. El jueves último se reunión por Zoom la Comisión de Selección, con este tema como eje de la agenda. Bajo la prolija presidencia de Camaño quedaron en claro las posiciones sobre los traslados irregulares ya concretados.

La principal coincidencia entre todos y todas es que el Consejo por sí mismo no puede revocar las designaciones. Pero puede comunicar si algo está mal. ¿A quién? Al Poder Ejecutivo, que es el que elige nombres de jueces/as y tiene la potestad de mandarlos al Senado o bien decretar nulos sus nombramientos. En algún momento, tras la asunción de Alberto Fernández en la Casa Rosada, se analizó la posibilidad de anular todos esos nombramientos por decreto e incluso las resoluciones que hubieran adoptado.

Todavía, algunos funcionarios cerca del presidente tienen en cuenta que eso sería legalmente posible, pero implementar una salida por la vía del Consejo parecía más prolijo y apropiado. Anular resoluciones generaría polémica: es algo que la Corte nunca aceptó.

El oficialismo plantea con claridad que hay diez designaciones mal hechas y se las debe “sanear” o “revisar”. El borrador que circulaba hasta el viernes a la noche proponía una “comunicación” al Poder Ejecutivo con los casos evaluados y el señalamiento de que son nombramientos incompletos, para que éste considere enviarlos al Senado, donde podrían obtener acuerdo o no, o tomar otra decisión. A la vez hay variantes para hacer llegar esto al Gobierno: una simple comunicación podría sumar votos de consejeros como el del camarista Ricardo Recondo, que dijo que las designaciones estaban mal pero que dudaba sobre si revisar el pasado; podría hacerse una exhortación u orden al Ejecutivo. Como reaseguro algunos consejeros plantearon pedir que la Corte se expida sobre la vigencia de los traslados y su carácter: ¿son permanentes o no? La Corte ya dijo que no lo son, pero se busca que lo diga para estos casos y ahorrarse litigios posteriores.

Los portavoces opositores han sido el diputado macrista Pablo Tonelli y el juez Juan Manuel Culotta. El primero presentó una nota diciendo que revocar los traslados sería ilegal. El segundo dijo que hay derechos adquiridos. En su caso, Culotta supo pelear porque lo trasladaran desde 3 de febrero al juzgado electoral de La Plata (el distrito más grande del país), pero precisamente por toda esta discusión no lo logró. Lo notable es que ya casi nadie discute el proceso de traslados que se utilizó fue anómalo.

El jueves próximo dictaminará la Comisión de Selección en base a una propuesta que se terminará de pulir en estos días y podría resolver ese mismo día el plenario. El Consejo tiene 13 miembros: el oficialismo cree tener seis votos asegurados y lee una buena predisposición en Camaño, con lo que lograría mayoría, y chances de sumar a Recondo. Para la oposición será una ofensiva del kirchnerismo, para el oficialismo una forma de desarmar maniobras macristas para expandir sus tentáculos en tribunales y volver a la legalidad.

Fuente: Pagina12

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