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AFIP del Gobierno de Macri fraguó auditoría para poder hacer denuncia en caso Oil Combustibles

Jefe de Agencia reveló que se utilizaron abogados externos para impulsar causa con informe incompleto y que versión final que contradecía tardó 3 años.

“¿Cómo pudieron inventar algo así?”. La pregunta retórica fue un tramo de la extensa y detallada declaración como testigo que prestó ayer Adrián Salido, jefe de agencia de la AFIP desde hace 22 años y uno de los impulsores de la carta que dirigieron los jerárquicos del organismo recaudador cuando otros jefes fueron procesados por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa Oil Combustibles. Salido reveló que en ese momento, descubrieron dos elementos hasta ahora no revelados: que para hacer la denuncia penal por el otorgamiento de planes de pago se utilizó solo un informe preliminar de auditoría que estaba incompleto y que jamás la AFIP había aportado a la causa el documento complementario –la denominada auditoría 15- que contradecía en sus principales puntos las acusaciones sobre el trámite de otorgamiento de planes de pago bajo el Artículo 32. Y agregó que nunca en la historia de la AFIP –que en ese momento conducía Alberto Abad- se había recurrido a abogados externos (por Ricardo Gil Lavedra) para impulsar una causa penal contra alguno de los integrantes de la AFIP.

“Esa nota (elevada a Leandro Cuccioli en 2019) fue un hecho histórico por la unidad que se generó ante la injusticia de que nuestros compañeros hubiesen sido procesados por algo que era idéntico a la tarea que habíamos hecho nosotros”, declaró frente al presidente del TOF 3, en una nueva audiencia virtual en el juicio oral. Paseado hasta por los aspectos más milimétricos de la operatoria de una agencia de AFIP por la fiscalía, el testigo terminó aportando un dato hasta ahora no iluminado de la reunión con Cuccioli: los jefes de agencia y directores regionales que se quejaron de la judicialización de la causa Oil porque afectaba a sus compañeros de trabajo, nunca había tenido hasta entonces la inclusión dentro del expediente judicial de una auditoría completa respecto al proceso de otorgamiento de planes especiales. En ese documento se concluía que no el personal y las áreas intervinientes nunca habían tenido una instrucción precisa respecto de parámetros a tener en cuenta para su tramitación más allá de los formales, y que no se había incumplido con normativa alguna porque no existía tal regulación. De esa forma, tomaba la estadística y remarcaba que de los más de 1600 planes, todos habían sido trabajados del mismo modo. Pero hubo un dato más. Empezó en 2016 pero se concluyó en 2019. Tres años duró la auditoría que contradecía el informe previo y que sirvió de base para articular la imputación penal.

“Si los resultados hubiesen estado con anterioridad no hubiéramos llegado con ellos procesados y embargados”, se lamentó el testigo que se mostró azorado y enfático respecto al accionar “inédito” de la AFIP para tratar el caso Oil y a sus propios agentes. “¿Considera que su actuación fue similar?”, le preguntaron respecto al trámite de 16 planes especiales idénticos a los de Oil para otras empresas. “Fue igual”, contestó sin dudar el testigo.

Fuente: ambito

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