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El campo que no quiere negociar

Disputa ideológica y política detrás de la crítica a medidas

Embarcada en un juego opositor, la Mesa de Enlace cuestionó una baja de retenciones que favorece a productores para defenderse del avance de un modelo desprimarizador. 

Funcionarios del Gobierno Nacional se comunicaron por teléfono con los directivos de la Mesa de Enlace para adelantarles las medidas e invitarlos al acto donde se detallaron beneficios para el campo como baja de retenciones y reintegros. Pero no alcanzó: las entidades salieron a criticar las decisiones y hasta emitieron un comunicado, aún sabiendo que el paquete impacta de manera directa e inmediata en sus representados.La raíz del rechazo de Sociedad Rural (SRA), Coninagro, Confederaciones Rurales (CRA) y Federación Agraria (FAA) esconde factores políticos, ideológicos y una crisis de representación. Todos factores que ponen a esa parte del agro como la única del Círculo Rojo no dispuesta a avanzar en negociaciones posibles con el poder político.

“Una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelven ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios. (…) Reiteramos que el problema es mucho más hondo e interpela la confianza y los gestos cotidianos que el Gobierno tiene para el campo en general”, escribieron en el comunicado conjunto. Están allí los emergentes más relevantes del rechazo a las medidas.

El primero es político: Enlace nació del conflicto de la 125 y no pudo escindirse de la lógica de la contienda permanente. Ese caldo de cultivo lo aprovechó Cambiemos para crear una fuerza de choque con cabeza en la SRA. El segundo punto que explica el “no” es el avance del Consejo Agroindustrial, que con cabeza en los exportadores de cereales de CIARA CEC, las economías regionales, la UIA y las Bolsas de Cereales de todo el país, se erigió como un campo negociador que señaló lo bueno y lo malo de las medidas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, hablaron con Jorge Chemes (CRA), Carlos Iannizzotto (Coninagro), Carlos Achettoni (FAA) y Daniel Pelegrina (SRA) para contarles detalles del plan e invitarlos a Casa Rosada. Béliz, con vínculos previos, fue quien recibió la negativa de Pelegrina. Intentaron, sin éxito, reforzar un vínculo que el ministro de Agricultura, Luis Basterra, venía construyendo a mesa abierta.

Pelegrina, el más opositor a la baja de retenciones, es visto por las bases como aquel que en los años de Mauricio Macri no combatió al PRO cuando rompió su promesa y volvió a instaurar retenciones con 3 y 4 pesos por dólar exportado. Es extendida la anécdota en la que el ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, le dijo a Pelegrina: “vos me tenés que defender”, para convencerlo de que calme a los productores desencantados con el PRO. Etchevehere firmó el alza de retenciones.

El ex ministro es uno de los que siembra ultras en Enlace. Hace unos meses, armó un Zoom con productores en el que habló la titular del PRO, Patricia Bullrich. Pidieron transformar el caso Vicentin en una nueva 126 y se blanqueó la intención de reflotar una épica en las rutas ante cualquier decisión oficial. En lo institucional, hizo nido en SRA, donde hoy se concentran buena parte de los financistas de Cambiemos. SRA arrastró a esa lógica a aquellos que, a priori, deberían celebrar la medida, como FAA, asociada a pequeños productores, y Coninagro, que agrupa a pymes y cooperativas.

Respecto a las razones que no son políticas, está la discusión del modelo que persiguen los productores. Simplificado en una idea, el Consejo Agroindustrial generó un ámbito de interlocución con el Gobierno en el que se coincide en la relevancia de generar valor. Un perfil distinto al de Enlace y de Cambiemos. Macri priorizó la producción primaria. En su gestión, la exportación de poroto de soja creció 270 por ciento. Pero la apuesta al desarrollo parece estar clara en algunos números: el salario promedio en la agroindustria es de 75 mil pesos, mientras los peones rurales cobran 26 mil promedio, y no siempre registrados y legales. En el Gobierno y en una parte del campo saben que no habrá inversiones, dólares ni impacto en empleo si no se industrializa la ruralidad.

Fuera de la pirotecnia obligada, esta situación se percibe y se admite. Salvo SRA, CRA, Coninagro y FAA son parte del Consejo. En un Zoom anterior a las medidas,  blanquearon sus “muy buenas” charlas con los funcionarios que les adelantaron las medidas. Y hasta avisaron que estarán el 14 de octubre en la convocatoria que el Gobierno hizo para discutir el proyecto de ley para exportar alimentos con valor agregado y así generar divisas.

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