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El escándalo del que no se habla: piden la indagatoria de Iguacel y Lopetegui

Por la venta a precio vil de dos centrales termoeléctricas a Mindlin y Caputo, avanza la causa donde están imputados Macri y Aranguren. “Ha sido pocas veces visto este nivel de perversión”, sostiene el especialista Gustavo Lahoud. Historia del negociado que le hizo perder al Estado US$ 118 millones.

Redacción Canal Abierto | Hace seis meses, el fiscal Ramiro González imputó al ex presidente Mauricio Macri, sus ex funcionarios en Energía Juan José Aranguren, Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui, y su primo Ángelo Calcaterra por la venta a precio vil de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada Barragán, en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires respectivamente.

Ayer, la empresa pública Integración Energética Argentina Sociedad Anónima (IEASA), ex ENARSA -que se presentó como querellante por el presunto perjuicio patrimonial que habría sufrido por esta operación- pidió la indagatoria a Iguacel y Lopetegui, y a otros ex funcionarios de Cambiemos. El motivo es “gravísimas irregularidades detectadas en el proceso que permitió la escandalosa y fraudulenta venta”, y avanzó así en la investigación de la responsabilidad cambiemita en lo que bien podría pasar a la posteridad como “el escándalo de las termoeléctricas”.

“Estos dos activos son centrales termoeléctricas que el país había realizado en el contexto del primer gobierno de Cristina Fernández, de modo tal de fortalecer la oferta eléctrica que ya en ese momento venía muy debilitada”, explica Gustavo Lahoud, especialista en energía y geopolítica del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Luego detalla: “La central de Ensenada de Barragán tiene una capacidad de 560 megabatios, es una de las centrales térmicas más grandes del país y más modernas. Brigadier López tiene la mitad de capacidad de producción. Fueron realizadas entre 2013 y 2014 con fondeo y control del Estado. Es decir, eran sociedades anónimas, con suscripción de acciones abierta a capital privado pero el accionista fundamental era el Estado. Se trataba de activos estratégicos nuevos, ambientalmente más eficientes, y que daban ganancia. No había motivos para venderlas, más allá del motivo ideológico neoliberal que está fundamentado en un gran interés de los privados por hacerse de activos que podían garantizar una rentabilidad extraordinaria”.

Contra el consejo de la comisión fiscalizadora interna de Enarsa -que sugirió no seguir adelante con el proceso porque se estaban subvaluando empresas nuevas con una gran generación de flujo de caja hacia futuro-, ni bien asumido Macri las puso en venta. Y lo hizo a un precio considerablemente más bajo que su tasación establecida por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Ensenada de Barragán fue tasada en casi 306 millones de dólares y adjudicada al Grupo Pampa-YPF por poco más de 229 millones de dólares. La segunda fue tasada en 217 millones de dólares, y vendida a Central Puerto por poco más de 165 millones de dólares. Se estima que en esa venta la pérdida para el Estado fue de, como mínimo, 118 millones de dólares.

 

Negocio redondo

Pero la venta a precio vil fue sólo la punta del iceberg. “El segundo elemento de esta estafa escandalosa es que hubo un objetivo de direccionar la operación. Para Ensenada de Barragán sólo se presentó el consorcio entre YPF y Pampa Energía (de Marcelo Mindlin quien le compró IECSA a Calcaterra). En el caso de Brigadier López la que se presentó fue Central Puerto, la empresa de Nicolás Caputo (compañero de la secundaria y amigo personal del expresidente). Lo que se sospecha es que fue una licitación dibujada”, relata Lahoud.

Lo que asegura IEASA es que Iguacel modificó los pliegos de condiciones para permitir que se presentaran empresas que no operaran este tipo de centrales, suprimió el plazo de 14 meses para terminar las obras pendientes, y determinó que en lugar de pagar con dinero las ventas se pudiesen realizar a cambio de bonos de deuda de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Energético SA (CAMMESA). Uno de los grandes tenedores de estos bonos era, otra vez, Nicolás Caputo.

Por otra parte, IECSA, empresa que estaba a cargo de terminar la construcción de las centrales, no fue beneficiada sólo a través de la venta. Entre los imputados de la causa se encuentran Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, ex directivos de la firma que pasaron a integrar ENARSA y a hacerse cargo del Comité de Revisión de Redeterminaciones en el área de termoeléctricas, área que debía decidir sobre los aumentos que la empresa demandaba o, en su defecto, su indemnización en caso de quitarle el contrato. El fiscal detectó que IECSA cobró por esta maniobra y por decisión de Brusco y Piccinini 1.600 millones de pesos.

Por la misma causa están imputados Hugo Balboa, ex presidente de ENARSA; Mario Dell’Acqua, ex presidente de IEASA; y los responsables de las firmas Pampa Cogeneración y Central Puerto.

 

Pagábamos muy barato…

Por si esto fuera poco, hubo una tercera pata en esta historia, directamente vinculada con los tarifazos que signaron la Era Cambiemos.

“Cuando comenzó su gobierno, Macri estableció una especie de programa para generar nueva potencia térmica en la Argentina. Porque partía del diagnóstico de que había escasez de oferta. Y pusieron en marcha un mecanismo, a través de dos resoluciones, que garantizaba a las empresas privadas que quisieran ofrecer nueva oferta de magabatios precios diferenciales en dólares –recuerda Lahoud-. Entonces, si el promedio del megabatio de Argentina por esos años estaba en torno de los 75 dólares, este tipo de propuesta les posibilitaba a las empresas que vendieran en el mercado esa oferta excedentaria hasta tres veces más cara en dólares. Valores que podían llegar hasta los 200 dólares por megavatio”.

En otras palabras, las dos centrales, ya en manos privadas y a partir de contratos que el Estado confeccionara bajo el macrismo, podían recibir un pago tres veces mayor por la energía vendida.

Ese esquema hizo que se generara un aumento artificial de los precios de la energía que terminó en aumentos de tarifas de 1500, 2000, y hasta 2500%. “Esos números eran para financiar toda esta fiesta”, asegura el experto. 

Y agrega: “Este accionar ha sido pocas veces visto en su nivel de perversión. La liquidación de dos activos importantes como estos se entiende bajo la administración macrista en un esquema de gestión de la energía en donde lo que se trató de garantizar es la maximización de la rentabilidad privada, inédita en la historia argentina en tan poco tiempo, donde el Estado fuera tan gravemente perjudicado y tan debilitada nuestra empresa de bandera, YPF, que mientras generaba estos negocios era desfinanciada en sus proyectos de inversión de gas y petróleo”.

En los cuatro años del gobierno de Macri, YPF retrocedió 10% en su producción de petróleo y casi 20% en su producción de gas respecto del comienzo de su administración. 

La denuncia original, realizada por diputados del Frente de Todos encabezados por Rodolfo Tailhade, data de fines de 2018, por lo que denominaron una operación que “ocasionó una pérdida multimillonaria en dólares al Estado Nacional″.

Los delitos que se les imputan son administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad, e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Foto: El Cancille

Fuente: Canal Abierto

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