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Testigo de la AFIP terminó por admitir que Abad redactó una resolución “secreta” contra Oil

Fue la que excluía a la petrolera de la moratoria universal de la era Cambiemos. Ratificó que no existió caso similar. Y que tampoco nunca se había denunciado a otra gran empresa por planes particulares.

Con un final de audiencia muy tenso, ayer cerró su exposición en el juicio Oil Combustibles el exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales, Juan Carlos Santos. Pese al pico del final, el desarrollo de la tercera fracción de su testimonial fue apática respecto a su rol dentro de la AFIP con el caso de la petrolera: no participó de su desarrollo, desconocía quien hacía los informes, no podía clarificar nada de lo que habían hecho sus subalternos y hasta confundió el año de una resolución que había impuesto sumar a unos 300 contribuyentes al sector que él mismo lideraba y que, a contramano de Oil (cuya orden bajó de Horacio Castagnola) demoraron dos años en ser empadronados. Con cierta reticencia, lo que sí reveló fue que Alberto Abad dictó una resolución “secreta” para impedir que la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa pudiera acogerse a la Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras de la Ley 27.260 (el blanqueo de 2016 que permitía el pago en cuotas de deudas con el fisco). “¿Conoce algún caso donde se le niegue el ingreso a una empresa por una disposición así?”, le preguntaron. “No conozco ninguno”, replicó. “¿Pero es regular?”, insistieron los abogados. “Y, si no conozco ninguno no es regular”, admitió Santos.

El testigo había respondido los requerimientos judiciales durante todo el primer tramo del proceso, había sido invitado a las reuniones clave del 14 de marzo de 2016 donde la AFIP planeó en pocas horas asentar la primera denuncia contra Oil en el fuero penal económico y hasta fue citado a declarar con el fiscal Gerardo Pollicita, por expresa orden de Ernesto Donato, mano derecha de Abad. “Pero usted, ¿leyó la denuncia?”, le preguntaron las defensas ante algunas evasivas y ausencia de precisiones con respecto a su declaración en instrucción. “No”, fue la respuesta.

Parte del interrogatorio giró, otra vez, en torno a los pormenores que guiaron una reunión de emergencia el 14 de marzo en la sede de AFIP, donde se decidió formalizar la primera denuncia penal contra Oil, ante una noticia aparecida en el diario La Nación que mencionaba una posible escisión del Grupo Indalo. Santos calificó “de impacto” esa noticia que muchas veces motivaba acciones de la AFIP si se contaba con “otros elementos”. La denominación de supuesto “impacto” y cómo había sido valorado eso despertó el interés también de la fiscalía que había agotado su interrogatorio pero regresó sobre el punto que no terminaba de quedar claro. El punto no es menor. La AFIP supuestamente aceleró -según declaró Emilio Candina- una denuncia ante la “novedad” de que el grupo se escindiría. “Nunca pidió eso el contribuyente”, reconoció Santos ayer. Sin ese paso y sin el aval de la AFIP, nunca podría haberse llevado adelante un proceso de separación societario, tal como está previsto en la ley. Pareció que una operación de prensa había sido la excusa ideal para que se active una embestida judicial.

En varios testimonios de personajes centrales del organismo recaudador en este juicio hay una constante: prefieren escudarse en un rol de burócrata y en ausencia de conocimiento respecto a lo que ocurría en su alrededor –hasta en cuestiones sobre las que han firmado escritos- antes de exponer algún justificativo con que tenga como objetivo el resguardo del crédito fiscal.

“¿Sabe si Oil Combustibles tuvo un trato diferente?”, preguntó una de las defensas respecto al otorgamiento de planes particulares de facilidades de pago, uno de los ejes del juicio oral. “Tengo entendido que no. Eran todos iguales”, respondió Santos sobre la cartera que él administraba de las principales 700 grandes contribuyentes, alguno de los cuales tenían planes de pago similares a los de Oil. También consideró que no había habido otros análisis respecto a otras empresas y mucho menos que motivaran la presentación de una denuncia penal. Ratificó que fue un “informe de investigaciones” el que motivó esa presentación ante la justicia y no un relevamiento que hizo Grandes Contribuyentes, como se supone que había sido argumento original para impulsar la causa. Ante la pregunta reiterada de si existió alguna vez otra acción judicial por los planes de pago y vinculados con lo que podría o no hacer la petrolera con el dinero, en este caso los denominados “mutuos” con otras empresas relacionadas, respondió que “si existiera, tendría conocimiento”. Al pasar, deslizó un “No…no recuerdo”, cuando los abogados quisieron saber si él mismo había otorgado un plan particular a alguna empresa. Y es que la AFIP, en otra etapa histórica y hace años, había descentralizado esto y los directores generales, como había sido su caso, estaban habilitados a dárselos a las empresas.

“Desconozco las razones del administrador federal para dictar lo que dictó”, se desligó de la decisión de Abad para bloquear el acceso a Oil a la moratoria general que habilitó Cambiemos, con el pretexto de la Reparación Histórica. Santos admitió que supo de la existencia de una resolución “secreta” de la que él no tenía por qué tener conocimiento, pero se embrolló al tratar de explicar por qué él cursaba las respuestas a la empresa sobre esa negativa. Dijo que la instrucción dentro de AFIP era que no se debía enterar la petrolera de por qué había quedado afuera.

“¿Conocía sobre la denuncia en 2014?”, fue cuestionado, en relación a una causa muy similar y casi por los mismos hechos (planes de pago a Oil Combustibles) que había sido denunciada por Elisa Carrió, investigada por el juez Sebastián Ramos y concluyó con un sobreseimiento no apelado. “No sé. (Grandes) Nacionales no la hizo”, se excusó. “Pero, ¿no se hicieron consultas?”, se extrañaron los abogados. “No puedo contestar eso”, replicó Santos. “Si tiene un plan (de pagos) que se ajusta a la norma no es incumplimiento”, aseguró Santos ante el cuestionamiento acerca de en qué situación se encontraba la petrolera al momento de ser analizada. “Los planes no forman parte del incumplimiento. Por algo la AFIP le dio el plan”, sorprendió.

La escaramuza del final también se dio en torno un olvido del testigo: tuvo que reconocer que pese a haber indicado a un comienzo que no, conocía a uno de los imputados con quien había trabajado en la propia AFIP. Y además, tuvo que reconocer que conocía a uno de los exdirectivos de Oil.

Fuente: ambito

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