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Contrabando: veinte años después, el mismo fantasma vuelve tras Macri

Ironías del destino: la historia del caso Sevel y su parábola con el affaire con Bolivia por las municiones. Inquietud (justificada) de los imputados y pronta defensa. ¿Vuelve a la Corte por el mismo delito dos décadas después? ¿Quién pudo haber logrado semejante coordinación de organismos estatales? Cuando hablan los agregados navales, agua traen.

Si hay algo que cuenta con increíbles giros del destino es la historia judicial argentina. El 8 de agosto pero del año 2002, la Corte Suprema -con la mayoría de Julio Nazareno, Eduardo Moline O´Connor, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez- sentenció con el planchazo del 280, que la familia Macri debía dejar de ser investigada por el contrabando de autos por los que en 1994 habían terminado imputados.

La mayoría automática de la Corte menemista ponía fin bajo el supuesto de cosa juzgada e imposibilidad de doble persecución penal un expediente que había quedado dividido en tres y que marcaba un nuevo escándalo para quienes comandaban Sevel, incluido el entonces empresario Mauricio Macri, el hijo de Franco. Mientras que el expediente por evasión se había cerrado (por satisfacer el interés fiscal, es decir, pagar), en Concepción del Uruguay la justicia había seguido adelante investigando cómo se habían contrabandeado 1911 vehículos a través de la Aduana de Gualeguaychú, en una maniobra compleja.

Los jueces Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Santiago Petracchi votaron en disidencia: no se trataba del mismo objeto procesal que la causa que se había cerrado y la considerada cosa juzgada. Dijeron que la Cámara de Casación de había extralimitado al extender los beneficios de la garantía de no ser perseguidos dos veces a causas que eran distintas entre sí. Así lo había dicho la Cámara Federal de Paraná que respaldaba que siguiera la pesquisa contra los Macri. Quien definió su suerte fue la Sala IV de Casación. Obviamente, era otra composición a la actual.

Desde entonces, los muros del cuarto piso del Palacio de Tribunales y los memoriosos que los transitan han elucubrado diversas hipótesis respecto a cómo se arribó a aquella solución cuando parecía que la suerte había abandonado a los líderes de SOCMA. Vehículos fabricados por Sevel salían del país presuntamente desarmados como “autopartes”. Tenían un reembolso del 20% como exportación definitiva de su valor FOB. El problema es que en la zona franca de Uruguay, con dos empresas controladas en ese país, regresaban vía Gualeguaychú como autos fabricados en el Mercosur que pagaban el 2% de alícuota. ¿El beneficio? IVA, Ganancias e impuestos internos por casi dos mil unidades.

Casi 20 años más tarde de aquella definición que marcó una bisagra, y por hechos que solo tienen en común el delito de contrabando investigado, Mauricio Macri podría tener que volver a la Corte con un expediente que identifique su apellido con el delito de contrabando. En este caso por el envío de municiones antitumulto a Bolivia, en una causa que crece –tal como lo detalló Ámbito con documentación exclusiva- a partir de la acumulación de decisiones administrativas que quedaron asentadas en comunicaciones oficiales. Tal vez no haya que esperar una definición para que ese expediente que, apenas da sus primeros pasos en el fuero penal económico, en poco tiempo arribe al máximo Tribunal. Llegar a la Corte –para causas de gran impacto político- es una estrategia de defensa. ¿Volver otra vez por contrabando y salir hecho? Ironías del destino que ya levantan murmullos.

Macri convocó a un especialista. Su abogado en la causa de Bolivia es el exfiscal Pablo Lanusse, quien tuvo a su cargo en 1996 la mentada investigación por la “Mafia del Oro”. Era también una causa por contrabando en la que se investigaba una compleja maniobra de evasión mediante la triangulación de oro a Estados Unidos que era convertido en lingotes en Suiza y regresaba al país, en un negocio que involucraba a empresarios y a exfuncionarios.

Enrique Piana se declaró culpable en Estados Unidos y como “arrepentido” recibió una pena mínima. Lanusse abandonó la causa luego de amenazas, que incluyeron agresiones hacia su hermana y un hostigamiento feroz. Años más tarde, reaparecería investigando por corrupción al entonces intendente porteño Carlos Grosso, quien en 1982 había llegado a ser gerente General de SOCMA, de los Macri.

Ese vínculo perduró durante su gestión en la Capital Federal y se extendió con Macri lanzado a la política y también durante su presidencia. Lanusse llegó a pedirle la detención Grosso. Lejos de aquel brillo como investigador, su acercamiento como defensor de Macri coincide con la “misce en scene” de Alejandro Pérez Chada, su histórico abogado que multiplicó tentáculos concretos de poder más allá de las fantasías con las que se embelesaban desde la “mesa judicial”. Saber diferenciar la oportunidad es lo que diferencia a los estrategas de los falsos influyentes. Volviendo a Lanusse, sus escritos inflamados no lograron evitar el entrecruzamiento de llamados entre Macri, sus exfuncionarios más cercanos y los vértices de poder con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, en el marco de la causa Indalo.

La diferencia -que también marcó Patricia Bullrich designando defensor ante el juez Javier López Biscayart- con otras causas es que el macrismo pudo percibir que en una causa por contrabando no es necesario demostrar que Macri quería derrocar a Evo Morales. Simplemente, se debe comprobar la violación al código aduanero. ¿Hasta dónde llegó el nivel de decisión para llevar a cabo la maniobra? Y la segunda pregunta: ¿Quién puede haber motivado a un presidente saliente a embarcarse en semejante aventura para apuntalar a un gobierno de facto de un país vecino?

Así, los asistentes a la reunión de emergencia que convocó el macrismo para discutir el asunto funcionan como espejo de los hallazgos de la causa. La hipótesis (que quedó documentada): Gendarmería aprovechó su stock de municiones anti-tumulto para embarcarlos junto a una misión del Grupo Alacrán que debía proteger la embajada argentina ante la convulsión social; se ordenó un vuelo de la Fuerza Aérea “de forma verbal” por parte del Ministerio de Defensa y se estableció como punto de partida El Palomar, con déficit de cámaras de seguridad.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) modificó parte de su legislación los primeros días de noviembre. Aprobó el pedido de Gendarmería para exportar “temporariamente” las municiones que, en rigor, son un bien consumible. La Aduana hizo una verificación, donde –como reveló Ámbito- se excluyó a mano de la factura las granadas de gas que terminaron apareciendo en Bolivia, que eran las que no había autorizado ANMAC.

Un alto rango de Gendarmería, en julio de 2020, justificó la desaparición de las municiones bajo el argumento de que se habían utilizado para “entrenamientos”. Solo esto está respaldado por documentos de todas las áreas intervinientes. Está todo bajo análisis de Claudio Navas Rial que mantendrá la actividad esta semana.

Pero si faltara más, existen aditamentos: las declaraciones del Grupo Alacrán que reflejan que no hubo un solo tiro; que la descarga del avión tuvo inmediata división del material transportado; que el comandante Alfredo Héctor Caliba fue quien habría coordinado el pase de mano de las municiones y que cinco días más tarde dejó asentada la recomendación de cedérselas a las fuerzas locales ante su falta de stock (¿?); y la eventual participación del exembajador Normando Álvarez García al arribo del avión a La Paz.

Gran parte de las corroboraciones a lo que ocurrió traspasando la frontera llegaron de la mano de los agregados navales de la Argentina en Bolivia. El primero, de apellido Gestoso fue el que confirmó la recepción de la carta de agradecimiento de la Fuerza Aérea de Bolivia por parte del arsenal y ratificó su firma. El segundo, de apellido Alonso, aportó el dato de Caliba en la pista. ¿Cuántos agregados navales tenía la Argentina en Bolivia?

El fuero penal económico trae malos recuerdos a Macri. Fue la Sala B de ese fuero la que revocó la falta de mérito a Mauricio y confirmó el procesamiento de Franco en los albores de este siglo. Veinte años después, el mismo delito en circunstancias totalmente distintas vuelve a oscurecer su panorama. Y sin Franco.

Fuente: ambito 

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